El juez Villena busca determinar si los tripulantes usaron el vuelo como pantalla para encubrir actividades terroristas. Un iraní y once venezolanos miembros de la tripulación podrán dejar la Argentina.
El juez federal Federico Villena, que lleva adelante la investigación sobre el avión venezolano iraní varado en Ezeiza desde hace casi dos meses, definió que permitirá la salida del país de doce de los miembros de la tripulación del avión de la compañía venezolana Emtrasur que llegó a Buenos Aires desde México cargado de autopartes. En cambio, según definió el juez, no podrán dejar la Argentina por el momento el piloto del avión, el iraní Gholamreza Ghasemi, ni tampoco otros tres tripulantes iraníes de la aeronave. Del mismo modo, tres miembros venezolanos de la tripulación, también deberán permanecer en el país.
Según un informe del FBI estadounidense, que fue transmitido a Paraguay y otros países de la región y que también está en manos del juez, el piloto Gholamreza Ghasemi está relacionado con Al Quds, el brazo internacional de la Guardia Revolucionaria Iraní, un cuerpo acusado de organizar atentados terroristas en distintos países, entre ellos, según figura en la causa por la voladura de la AMIA en 1994, la Argentina.
En la resolución, el juez ordena que sigan retenidos los pasaportes de los iraníes Gholamreza Ghasemi (piloto del avión), Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh y de los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José García Contreras, todos miembros de la tripulación del Boeing. Esas siete personas no podrán salir del país hasta que lo autorice el magistrado.
En cambio, Villena levantó la restricción para viajar al extranjero para Mahdi Mouseli, Victoria Valdiviezo Marval, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendon Oropeza, Albert Gines Pérez, Ángel Marin Ovalles y Nelson Coello. Todos ellos podrán irse cuando lo desean, a pesar de que el juez aclaró: “habré de resaltar que el presente decisorio no tiene por objeto definir el grado de participación en los hechos investigados, por cuanto la instrucción aún no se encuentra finalizada”. “Por el contrario, únicamente se ha evaluado -tal como fue adelantado- si resulta razonable mantener la medida de prohibición de salida del país dispuesta”, sostuvo Villena en su escrito.
Villena dedica varios párrafos a justificar por qué mantiene las restricciones a los cuatro iraníes y los tres tripulantes venezolanos.
El que más sospechas le genera es el piloto, Gholamreza Ghasemi. Cuando le secuestraron su celular y sus dispositivos electrónicos, se encontraron “capturas de pantallas, videos e imágenes en las que se pueden observar contextos bélicos, armas, ejércitos, dirigentes del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como así también de las Fuerzas Armadas Quds, Hezbollah, personas a quienes se le habría quitado la vida, fotografías del logo del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entre otros elementos”.
También tenía en su teléfono una imagen de un “ejército armado y que, a simple vista, pareciera que una de las personas fotografiadas se trataría del propio Gholamreza Ghasemi”.
También tenía fotos de líderes militares iraníes, entre ellos de “Mohsen Rezai, Ex Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, con solicitud de captura internacional dictada por la justicia federal argentina y a Hasan Nasrallah, secretario general del Hezbollah (ambos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento)”.
A su vez, Abdolbaset Mohammadi seguirá retenido ya que en el informe del FBI se señala que otras dos aerolíneas para las cuales trabaja, Mahan Air y Fars Queshm Air, prestan servicios de traslado y logística a organizaciones terroristas, para las cuales contrabandean armas.
Los otros dos iraníes, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, seguirán retenidos porque todas sus comunicaciones están en farsí y faltan las traducciones oficiales de esos textos.
El juez también quiere tener cerca a Víctor Manuel Pérez Gómez (Gerente General de Operaciones de Emtrasur y ex militar venezolano), porque estaría vinculado a un hombre relacionado con Hezbollah y porque quiere investigar los manejos financieros de la empresa; Mario Arraga Urdaneta (Gerente de Administración de Emtrasur y ex militar venezolano), por su participación en la estructuración financiera del vuelo y a José Gregorio García Contreras.
En su caso, en el celular se le encontraron chats que podrían comprometerlo. Dice el juez en su escrito: “Corresponde destacar una serie de chats del 11 de junio del corriente año entre las 15:20 y 15:30 horas (UTC +0), con quien tiene agendada como “Desire Ing” y “Desire 2”, que se han obtenido de su teléfono celular en los que ha hecho referencias a que “…Gracias a Dios no encontraron nada…” y a lo que su interlocutora le contesta “…Gracias a Dios. Yo estaba temblando con eso, pero no quería preguntar porque sé que están vigilados…”.
“En ese mismo intercambio de mensajes, el nombrado le manifiesta que no han escrito por el tema del “top secret”, puntualmente refirió “…Bueno negrita eso es lo que hay hasta ahora. Informa a Cañizalez pero si puedes en persona. Vamos a evitar los chat y acdenas. Dile que no le hemos escrito por el tema del top secret…””, reseña el magistrado.
El último viernes, la fiscal de la causa, Cecilia Incardona, se opuso al levantamiento de la prohibición de salida del país de la tripulación del Boeing 747 investigado por presuntos vínculos con organizaciones terroristas. El pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal también se extendió sobre la aeronave, que permanece en un sector de Ezeiza destinado al estacionamiento de aviones.
El avión es un Boeing 747 Dreamliner de carga, que perteneció a la empresa iraní Mahan Air y hoy está en manos de Emtrasur, una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). Ambas empresas fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunta colaboración logística con organizaciones terroristas.
El avión ingresó a Argentina el 6 de junio procedente de México, luego de hacer una escala en Venezuela, trasladando un cargamento de repuestos para una empresa automotriz. Dos días después despegó para cargar combustible en Uruguay, pero debió volver a Ezeiza porque Montevideo no autorizó su aterrizaje.
Las petroleras argentinas ya se habían negado a venderle combustible al avión en Ezeiza, por temor a las sanciones norteamericanas. Recién el 11 de junio, el gobierno ordenó la retención del avión y prohibió la salida del país de sus 19 tripulantes.