Acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que embaucó por 9 millones de dólares a 249 ahorristas, Eugenio Curatola acordó una pena de cinco años de prisión; habría más damnificados.
Eugenio Curatola, acusado de ser el gestor de una de las mayores estafas de la historia argentina, podría ser condenado a cinco años de prisión. Considerado el “Bernard Madoff argentino” por cómo seducía a los inversionistas y por la metodología de la maniobra, Curatola admitió haber sido el jefe de una asociación ilícita que habría estafado a 249 ahorristas por US$ 9.228.000, entre 2001 y 2004. A cambio, aceptó pasar cinco años en la cárcel. El acuerdo quedará firme luego de que el Tribunal Oral Criminal N° 2 lo revise y termine de juzgar a la ex mujer de Curatola, la abogada Silvina Amestoy, la única de los 18 acusados que decidió someter su caso a juicio oral.
Según consta en el voluminoso expediente, la supuesta maniobra concretada por Curatola y al menos 17 cómplices habría sido similar a la que utilizó el financista norteamericano acusado de estafar a miles de ahorristas por 50.000 millones de dólares con el denominado esquema Ponzi, un sistema piramidal que no resulta sostenible en el tiempo.
Aunque en la causa que llegó a juicio oral figuran 249 damnificados, se estima que habría 7000 ahorristas perjudicados al depositar su dinero en la empresa de Curatola, quien habría firmado 11.000 contratos en los que daba cuenta de haber recibido el dinero y se comprometía a pagar importantes intereses.
También difieren los montos de la estafa. Por esos 11.000 contratos los ahorristas presentaron reclamos por más de 200 millones de dólares, lo que incluye el dinero que le dieron a Curatola, los dividendos prometidos y los daños y perjuicios.
Sólo unos pocos ahorristas recuperaron el capital que entregaron a Curatola, quien luego del juicio abreviado cambiará sus dos lujosas propiedades en el country Abril por un calabozo en el penal de Ezeiza.
Curatola aseguraba que en un año podía obtener un 45% de interés a partir de una inversión mínima de 10.000 dólares. Mediante la promesa de dividendos altos, utilizando dos programas de radio y televisión, logró seducir a miles de clientes que entre 2001 y 2004 le entregaron sus ahorros para que los invirtiera en el mercado a futuro de divisas en el exterior.
A pesar del corralito decretado en diciembre de 2001 y de la pérdida de confianza en el sistema financiero argentino, nadie sospechó de Curatola. Pero, a principios de 2005, los primeros ahorristas fueron a reclamar el dinero que habían colocado en las empresas de Curatola, quien a su vez lo entregaba al fondo Vanderbelt Management Group (VMG). Les respondieron que tenían “problemas de liquidez”.
Con la firma del contrato, Curatola suministraba a cada inversor una clave para que pudiera seguir a través de una página de Internet la evolución de su capital. Aparentemente, uno de los hermanos del acusado se encargaba de actualizar las cifras por ganancias inexistentes.
Todo era ficticio: en la página web se mostraba que las ganancias por el capital invertido crecían, pero a principios de 2004, cuando los ahorristas quisieron cobrar lo aportado o los intereses, la plata no apareció.
Así comenzaron a radicarse una serie de denuncias. Primero cayeron en la fiscalía federal a cargo de Guillermo Marijuan; luego pasaron a manos de su colega Marcelo Solimine, quien en 2008 le pidió al juez de instrucción Mariano Scotto la detención de Curatola.
El “fondo de inversión” VMG, presentado por Curatola, tenía sede en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, los Estados Unidos y otros países. Uno de los testigos que declararon en el juicio oral indicó que lo que Curatola nunca informó fue que junto con su ex esposa, Amestoy, constituyeron Vanderbelt Management Group, que no era ni un fondo de inversión, ni tenía prestigio, ni tenía oficinas, ni empleados.
Según declaró este testigo ante los jueces Hugo Boano, Fernando Larrain y Alejandro Sañudo, en las cuentas de los damnificados aparecían ganancias fabulosas, lo que hacía que cada vez más inversores se acercaran a VMG a través de Curatola en Buenos Aires.
“En el momento de la liquidación de VMG se determinó que había alrededor de 7000 clientes. Curatola siempre se presentó como broker de VMG. Nunca reconoció su propiedad, ni siquiera cuando fue procesado por asociación ilícita y estafas reiteradas”, expresó el testigo que declaró en el juicio oral contra Curatola y que aportó varias carpetas con documentación sobre la liquidación del fondo de inversión.
Ante la imposibilidad de cobrarle a Curatola, un grupo de ahorrista inició una demanda ante la Corte del Caribe Este, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. En esa demanda se determinó que VMG era una sociedad constituida por Curatola. No estaba constituido como entidad autorizada para captar fondos en las Islas Vírgenes Británicas y no tenía presencia física en ese paraíso fiscal.
Las supuestas oficinas del “fondo” eran “virtuales” y tenían un contestador automático para derivar las llamadas. La única oficina real estaba en Panamá y funcionaba como depósito de documentos, con una secretaria que atendía clientes.
La investigación lleva más de diez años. Sin embrago, nunca nadie pudo saber qué ocurrió con el dinero que los ahorristas dieron a Curatola.