Se acabó la famosa ‘saidinha’ de los presos brasileños, el mecanismo que permitía la salida de las personas que cumplen condena para visitar a sus familiares en fechas señaladas, como la Navidad y el Día de las Madres.
El pasado 28 de mayo, diputados y senadores de Brasil anularon un veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permitía estas salidas por razones humanitarias. Este mecanismo beneficiaba a los reclusos en el régimen semiabierto y se aplicaba sólo a aquellos que tuviesen una buena conducta, que hubiesen cumplido un sexto de su condena en caso de ser reincidentes y un cuarto de la pena en caso de no serlo. De ninguna manera era otorgado a los reclusos que hubiesen cometido delitos atroces o asesinato.
Tras la votación de esta semana en el Congreso brasileño, sólo podrán dejar la prisión aquellos presos que tengan que realizar cursos profesionales o que vayan a trabajar. El resultado en la Cámara fue: 314 a favor de revocar el veto y 126 en contra. Ya en el Senado hubo 52 votos por el sí y 11 por el no.
Se ha tratado, a todos los efectos, de una derrota contundente para el Ejecutivo progresista de Lula. El principal argumento esgrimido por el ala más conservadora del Parlamento es que muchos detenidos aprovechaban esta posibilidad para escaparse.
De hecho, la pasada Navidad huyeron cerca de 2.600 presos, entre ellos tres jefes de la principal facción de narcotraficantes de Río de Janeiro, lo que provocó la reacción inmediata de Márcio Gualberto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos Policiales de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, quien denunció en enero:
“Hasta que no se revisen urgentemente las leyes de ejecución penal, hasta que se actualicen las audiencias de custodia, lamentablemente el trabajo de la Policía, en algunos casos, será en vano. La Policía arresta y el individuo es liberado, y quedamos en este círculo vicioso que no beneficia a la sociedad”.
Sin embargo, estos casos no representan la mayoría, según revela una investigación realizada por el Grupo Globo. La salida temporal de Natal en 2023 benefició a unos 52.000 presos. De ellos, el 95% (49.000) regresó a prisión dentro del plazo estipulado y el 5% (2.600) no lo hizo. Aun así, el 20 de marzo el sector más conservador del Congreso decidió cerrar filas para prohibir estas salidas.
Es un asunto muy polémico en un país con casi 650.000 detenidos y que divide a los defensores de los derechos humanos de quienes creen que es preciso usar la mano dura contra la violencia.
Después de la primera votación del Congreso a favor de la prohibición, el presidente Lula recurrió a su derecho de veto en un intento de permitir que los presos participasen en actividades de reinserción social. “La propuesta de revocar el derecho a visitas familiares restringiría el derecho del preso a la vida familiar, de manera que debilitaría los vínculos afectivo-familiares que ya se ven afectados por la propia situación carcelaria. Mantener visitas familiares esporádicas minimiza los efectos de la prisión y favorece el retorno gradual a la vida social”, argumentó el Gobierno en abril.
La anulación del veto de Lula, aprobada por mayoría esta semana, ha provocado reacciones en las filas del Gobierno. El presidente brasileño advirtió a los líderes de su partido y a los ministros más cercanos que cada semana habrá una reunión de análisis político y para monitorear la relación con el Congreso. El objetivo es evitar una nueva división en la base de Gobierno.
Cadena de derrotas en el Parlamento para Lula
La victoria de los conservadores se ha producido en la misma semana en que Lula ha sufrido otras importantes derrotas en el Parlamento. En el mismo día que se endureció la política carcelaria, la Cámara de los Diputados aprobó un proyecto que suspende partes del decreto de Lula sobre armas y que permite la permanencia de los clubes de tiro a menos de un kilómetro de las escuelas. Los congresistas también aprobaron un proyecto de ley que grava con un 20% las compras de hasta 50 dólares en sitios web internacionales, sobre todo chinos. Lula se había mostrado contrario en un primer momento, aunque después dijo que estaba dispuesto a negociar.
Además, el Congreso anuló el veto de Lula a una sección de la Ley de Directrices Presupuestarias que impedía al Gobierno invertir dinero en asuntos considerados prioritarios como promover la invasión u ocupación de propiedades rurales privadas; acciones encaminadas a niños y adolescentes, desde la guardería hasta la secundaria, para tener opciones sexuales distintas a su sexo biológico; acciones tendientes a deconstruir, disminuir o extinguir el concepto de familia tradicional, formada por padre, madre e hijos; y cirugías de cambio de sexo para niños y adolescentes, entre otras.
Finalmente, los diputados mantuvieron el veto del expresidente Jair Bolsonaro a un artículo de la Ley de Seguridad Nacional, que criminaliza la divulgación masiva de información falsa sobre el proceso electoral. Lo más llamativo es que votaron gritando la consigna “Fuera Lula”.
Para más de un analista político, este conjunto de votaciones corrobora la idea de que la relación del Congreso con el Gobierno Lula va cuesta abajo. “El Ejecutivo, en un solo día, recibió una paliza histórica en el Congreso Nacional: la peor serie de derrotas que ha experimentado desde el inicio de ‘Lula 3’. (…) Esto demuestra lo que siempre hubo: el Gobierno es un enano en el Congreso. La pregunta a responder ahora es ésta: ¿cuántas veces más Lula será derrotado en el Congreso?”, escribe el columnista José Roberto Guzzo.
“Hace tiempo que los dirigentes del equipo de Lula entendieron que, en las agendas sociales progresistas, no les queda otra que tomar posición y esperar no perder demasiado. Siempre que entran en la agenda temas como la salida de los presos, la demarcación de las tierras indígenas, la despenalización de las drogas o la restricción de las noticias falsas, van directamente a la columna de pérdidas de la contabilidad del Gobierno”, destaca la analista política Malu Gaspar.
Sin embargo, como suele acontecer en Brasil, es posible que la Corte Suprema intervenga para revocar la decisión de los congresistas sobre la salida de los presos. Por lo pronto, el Colegio de Abogados de Brasil está estudiando la posibilidad de presentar esta cuestión ante la máxima instancia judicial del país a través de un mecanismo jurídico utilizado para impugnar posibles violaciones de derechos fundamentales. Es otra prueba del alto nivel de judicialización de la política en Brasil y, sin duda, un argumento para los simpatizantes de Bolsonaro, que critican la injerencia del Tribunal Supremo en el poder legislativo.