La junta corta internet y amenaza a los manifestantes con 20 años de prisión.
Tanques en las calles, arrestos nocturnos, corte casi total al acceso a internet o amenazas a los funcionarios para que vuelvan a sus puestos de trabajo. El ejército birmano endurece la represión para sofocar de una vez por todas las protestas contra el golpe militar, que no han cesado pese a las crecientes amenazas.
La junta militar advirtió ayer en un comunicado que quienes obstruyan las fuerzas de seguridad se enfrentan a hasta 20 años de cárcel, mientras que los que instiguen disturbios serán castigados a condenas de tres a siete años. Tampoco se tolerará, añadía, la “incitación al odio hacia el ejército” y advirtió a los periodistas que no describan lo ocurrido como un golpe de Estado.
En paralelo, los vehículos blindados hicieron su aparición el domingo por la tarde en las calles de Rangún, la capital económica del país, y otras como Myitkyina y Sittwe, capital del estado de Rakhine. Se trata del primer despliegue a gran escala de este tipo de vehículos desde el golpe militar del 1 de febrero contra el gobierno civil de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que permanece detenida junto a sus colaboradores más cercanos.
Acusada de haber importado walkie-talkies de forma ilegal, un cargo por el que se enfrenta a una pena de hasta tres años de cárcel, Suu Kyi, de 75 años, debía comparecer ayer ante el tribunal, pero la audiencia fue pospuesta al miércoles, anunció su abogado, Khin Maung Zaw, que todavía no ha podido verse con ella.
Desde el golpe, decenas de miles de personas se han echado a las calles día tras día para exigir su liberación y la vuelta a la sen-da democrática iniciada hace una década tras casi medio siglo de gobierno militar.
La madrugada del lunes se produjo un cierre casi total del acceso a internet. El grupo de monitorización Netblocks dijo que debido al “apagón ordenado por el Estado” el tráfico cayó hasta el 14% de lo habitual de una de la madrugada a nueve de la mañana.
El sábado, las autoridades golpistas suspendieron varios artículos de la ley de Protección de la Seguridad y la Privacidad para poder detener y retener a sospechosos más de 24 horas sin una orden, entre otras garantías legales. Ahora, policías y militares tampoco necesitan de una orden para realizar registros, y tienen carta blanca para interrumpir las comunicaciones de los ciudadanos y pedir sus datos a los operadores de internet.
Aunque menos numerosas, las protestas continuaron ayer. En el norteño estado de Kachin las fuerzas de seguridad dispararon para disolver una protesta frente a una central eléctrica. El incidente fue transmitido en directo por Facebook, aunque no está claro si se trataba de pelotas de goma o munición letal. En Mandalay, segunda ciudad del país, policía y soldados dispararon indiscriminadamente con escopetas de aire comprimido para disolver una manifestación. También hubo protestas en Rangún, donde cientos de estudiantes de ingeniería y tecnología se dieron cita al norte de la ciudad.
La situación en Birmania preocupa en el extranjero. El domingo por la noche, un grupo de embajadores occidentales, incluyendo los de EE.UU., Reino Unido y la Unión Europea, pidieron a los uniformados que “se abstengan de usar la violencia contra los manifestantes, que protestan por el derrocamiento de su gobierno legítimo”. “Apoyamos al pueblo de Birmania en su lucha por la democracia, libertad, paz y prosperidad –añadían los embajadores– El mundo está mirando”.
Por su parte, el relator de las Naciones Unidas en Birmania, Tom Andrews, acusó al ejército de “declarar la guerra” al pueblo birmano. En su cuenta de Twitter, advirtió de que los generales mostraban “signos de desesperación” y que serán considerados responsables de lo que suceda.
De acuerdo con el grupo Asociación de Asistencia para los Prisioneros Políticos, al menos 384 personas han sido arrestadas desde que se ejecutó el golpe contra el gobierno civil, muchas de las cuales en redadas nocturnas.