La Fiscalía brasileña cree que el exmandatario recibió al menos seis millones de dólares entre 2010 y 2012.
La Operación Lava Jato, que lleva más de un año investigando en Brasil una trama corrupta en Petrobras, que ha hecho perder a la petrolera estatal cerca de 2.000 millones de dólares, tiene ahora como objetivo a la esfera política del país. La operación ya ha devuelto 182 millones de dólares a los cofres públicos y ha detenido a una veintena de ejecutivos de grandes constructoras (algunos fueron puestos en libertad por colaborar con las investigaciones, mientras otros están en prisión domiciliar o siguen encarcelados). En una nueva fase de la operación, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (Fiscalía) cumplieron este martes 53 mandatos judiciales en siete estados brasileños para buscar e incautarse de documentos y bienes en las residencias de los políticos investigados, despachos de abogados y sedes de empresas públicas y privadas.
Entre los investigados está el expresidente de la República y actual senador Fernando Collor de Mello, el primer mandatario elegido en 1989 tras la transición democrática y que renunció a su cargo en 1992, un día antes de su impeachment por su papel en un escándalo de corrupción. Los agentes federales se incautaron de tres coches de lujo —un Ferrari rojo, un Porsche negro y un Lamborghini plateado— y una maleta negra con documentos que podrían demostrar que el político está involucrado en la trama de sobornos de Petrobras. La Policía también estuvo en la sede de la cadena de televisión Gazeta, de la familia de Collor de Mello.
La Fiscalía cree que el expresidente recibió cerca de 6,3 millones de dólares entre 2010 y 2012 en sobornos para que facilitara los negocios de una subsidiaria de Petrobras, BR Distribuidora, con la constructora UTC. A pesar del testimonio de Ricardo Pessoa, ejecutivo de UTC Engenharia, uno de los encarcelados por la operación, Collor niega las acusaciones y ha repudiado “con vehemencia” la operación contra él por considerarla “invasiva e innecesaria”, ya que todavía no le han llamado para dar explicaciones. Dijo, además, que la Policía Federal alimenta un ambiente de “terror y persecución”.
La Policía explicó que el objetivo de la operación era “evitar que los investigados destruyeran las pruebas”, mientras el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, sostuvo que las “medidas son necesarias para que se aclaren los hechos investigados en el ámbito del Supremo Tribunal”. Además de Collor de Melo, las investigaciones se están centrando ahora en Ciro Nogueira, presidente del Partido Progresista (PP), en Eduardo da Fonte, diputado del PP, y en el senador Fernando Bezerra Coelho, del Partido Socialista Brasileño (PSB). A Bezerra le acusan haber pedido unos 6,3 millones de dólares para la campaña presidencial de Eduardo Campos, fallecido el año pasado en un accidente de avión.
El Supremo Tribunal Federal ya había aprobado en marzo pasado que se investigara a 47 políticos —22 diputados federales, 12 senadores, 12 exdiputados y una exgobernadora— de cinco partidos distintos. El PP, que forma parte de la coalición de la presidenta Dilma Rousseff, es el principal partido investigado: el Supremo Tribunal autorizó que se investigue a 32 de sus miembros. Le sigue el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), con siete miembros investigados. El Partido de los Trabajadores (PT), del expresidente Lula y Dilma Rousseff, mantiene seis de sus miembros bajo sospecha, mientras que el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Partido Laborista Brasileño (PTB) tienen uno cada uno.
En Brasilia se espera que, en los próximos días, la Fiscalía impute también a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de los Diputados y miembro del PMDB. Aunque este partido forma parte de la coalición de Rousseff, Cunha es uno de los principales críticos de su Gobierno y responsable de importantes derrotas del PT en el Parlamento este año. Ahora, con la imputación, prometió “represalias” contra el Ejecutivo. Su partido cree que el Gobierno de Rousseff no quiso impedir la investigación e imputación de su partido, según publicó ayer el diario A Folha de S. Paulo. El presidente del Senado, Renan Calheiros, del mismo partido y uno de los investigados de Lava Jato, ya ha afirmado a los suyos que el ministro de Justicia José Eduardo Cardozo colaboró para que la Operación le investigase. El Gobierno ha rechazado cualquier interferencia en los trámites judiciales, lo que no ha impedido que el PMDB de Cunha y Calheiros, supuesto aliado de Rousseff, prometa elevar la tensión en el Congreso en los próximos días.