Es por el delito de encubrimiento agravado y hay seis policías más involucrados. Serán citados a prestar declaración indagatoria en los próximos días. Desde la Fiscalía aseguran que hay un vínculo probado entre los efectivos y los punteros que vendían los registros.
En el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia por la comercialización de licencias de conducir en el Distrito Descentralizado El Gaucho, el exjefe de la Departamental Darío Ibáñez fue imputado recientemente por el delito de encubrimiento agravado. Hay seis policías más, de las comisarías cuarta y decimosexta, involucrados. Todos serán citados a prestar declaración indagatoria en los próximos días.
Según informaron fuentes judiciales, “los funcionarios policiales intervinientes y las máximas autoridades de la Departamental de Policía de la ciudad de Mar del Plata, habrían falseado y/o tergiversado los hechos con el propósito de ocultarle al fiscal interviniente la realidad de los hechos y de eso modo sustraer a aquellos del accionar de la justicia que, en rigor, el caso imponía”.
En el informe confeccionado por los investigadores, además del exjefe de la Departamental, los otros policías imputados son el capitán Jorge Gordziejczuk y el oficial Braian Monsalve de la comisaría decimosexta; y el subteniente Roberto Cánepa, el capitán Romero, el oficial Fernández y Edgar Heredia de la cuarta.
Puntualmente, se precisa, existe un vínculo probado entre un grupo de punteros –quienes “en forma mancomunada con funcionarios y empleados municipales, se dedicaban a la gestión clandestina de licencias de conducir – y ciertos elementos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes presuntamente conocían la actividad ilícita que estos desarrollaban. En cuanto al grupo de punteros, entre ellos habría referentes de la UTA implicados.
“Todo esto quedó a la luz con un incidente ocurrido el 7 de febrero de 2014 en el marco de un procedimiento que terminó por resolverse en la sede de la misma dependencia policial y en circunstancias de por sí muy poco transparentes, a partir de la intervención directa de funcionarios jerárquicos de la fuerza de seguridad, previamente contactados a tal efecto por los denominados ‘punteros’ y por gente de confianza de estos últimos”, explicaron desde la Fiscalía.
Al mismo tiempo, en la investigación se hizo hincapié en el caso de dos uniformados que, a bordo de un móvil policial, retiraron formularios de licencias de conducir de la estación de servicios ubicada en Juan B. Justo y Francia. Antes, según consta, habían “pasado un momento de distensión con los investigados” y gracias al contenido de las conversaciones emergentes de las escuchas telefónicas, se desprendió claramente “cómo una persona que decía ser de Asuntos Internos de la citada fuerza policial le advirtió a uno de los ‘punteros’ sobre una eventual investigación de la que estarían siendo objeto por parte de un fiscal”.
Ante este escenario, el fiscal a cargo, Eduardo Amavet, resolvió imputar a los seis policías mencionados y, además, al por entonces jefe de la Departamental, Darío Ibáñez. En los próximos días todos deberán prestar declaración indagatoria y, de acuerdo a los transcendidos, todo indicaría que irían directamente a juicio.
CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
Por otro lado -y en lo que hace a la investigación que se lleva adelante respecto a la posible implicancia del intendente, Gustavo Pulti; el secretario de Seguridad Adrián Alveolite; y el director de Movilidad, Guillermo Iglesias en la causa por la comercialización de las licencias- el fiscal Javier Pettigiani adelantó que en los próximos días se continuará con el análisis de la documentación secuestrada durante el allanamiento realizado en El Gaucho y que se avanza en la recopilación de testimonios y pruebas.
En cuanto al porqué de investigar a quienes tenían un rango superior al por entonces jefe de la División Licencias de Conducir, Juan Carlos Belmonte, Pettigiani reparó en que más allá de las declaraciones de los imputados “arrepentidos” existirían otros elementos que darían cuenta de algún tipo de implicancia funcional y no operativa de los funcionarios en la organización delictiva. De todos modos, aclaró, “resta mucho por investigar”.
“No sería suficiente para pedir un allanamiento el solo hecho de que dos imputados, que declararon por primera vez a días del cierre de la primera investigación, hayan mencionado ciertos nombres en sus dichos. Ahora avanzaremos con las medidas de prueba y para eso estamos analizando en detalle el material con el que contamos”, afirmó, y luego completó: “Por el momento no hay mayores detalles, pero sí hemos detectado que hay alguna documentación que nos estaría haciendo falta y que tiene que ver con trámites que figuran en el sistema online pero no tienen su sustento en los legajos”.