El Gobierno tomó 15% de los recursos coparticipables para pagar prestaciones; por la demora en la resolución del caso, el presidente electo hereda el problema.
La Corte Suprema le sumó anteayer al presidente electo, Mauricio Macri, y a su equipo, un tema más para resolver, derivado de un conflicto que nació por políticas de la gestión kirchnerista. La decisión de declarar inconstitucional que el Estado nacional se quede con 15% de la masa de recursos impositivos coparticipables beneficia a las provincias, pero a la vez resta fondos al financiamiento de las prestaciones sociales, entre las que están las jubilaciones y pensiones, la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares y el seguro de desempleo. El impacto en las cuentas, según señalan los economistas consultados por LA NACION, dependerá en buena medida de las negociaciones entre el gobierno entrante y las provincias, pero la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) queda muy expuesta a perder su condición de organismo superavitario que mantuvo en los últimos años aun con el resultado negativo que tiene el sector público en su conjunto. La posibilidad de que la Justicia ordenara frenar el recorte a las provincias era bien conocida: así, el Gobierno asumió compromisos de pagos sabiendo que parte de los recursos que los financiaban eran eje de un conflicto y que no estaban garantizados.
En los fallos que benefician a Córdoba, Santa Fe y San Luis, se dispone que cese el recorte del 15% al fondo que a cada una de esas jurisdicciones les toca recibir. Para Santa Fe y San Luis, además, se ordena devolver el dinero que les dejó de llegar desde 2006, una disposición de la que no se conoce aún el alcance final, no sólo porque podría extenderse a más provincias, sino también porque los montos deberán actualizarse.
“Para este año el 15% significa un monto de $ 4974 millones para Córdoba, $ 5006 millones para Santa Fe y $ 1279 millones para San Luis, unos $ 11.300 millones entre las tres”, estima Marcelo Capello, director del Ieral de Fundación Mediterránea. Agrega que si la orden se extendiera y hubiera que dejar de detractar recursos a todas las provincias, se llegaría a $ 58.000 millones. En 2014, recuerda Capello, la Anses tuvo un superávit de $ 52.000 millones, mientras que se le habían sacado $ 8300 millones a las tres provincias con sentencias favorables, y $ 42.000 millones al total de las jurisdicciones. “El fallo podrá ser asumido si se limita a las tres provincias, pero si se extiende, prácticamente se eliminaría el superávit”, dice el economista.
La cesión de un 15% de los recursos fue inicialmente fruto de un acuerdo entre la Nación y las provincias a principios de los 90, ante la necesidad de financiar un déficit de transición por la reforma legal que creó el sistema jubilatorio de capitalización. Vencido aquel pacto, se fue prorrogando hasta que, a partir de 2006, la decisión de seguir descontando fue tomada unilateralmente desde el gobierno nacional. La contraparte de aquel acuerdo original estuvo en la transferencia a la Anses de cajas jubilatorias provinciales (a las que aportan los empleados públicos). Pero como no todos esos sistemas se pasaron, se firmaron acuerdos para que la Nación ayudara a financiar los déficits mientras se hacían reformas en las provincias con cajas propias.
Pero esos giros dejaron de hacerse, a lo que se sumó que en 2008 se eliminó el sistema de capitalización, que había justificado el 15%. En el caso de Santa Fe no hubo más recursos para cubrir el déficit previsional desde 2006, dice Walter Agosto, investigador principal del Cippec en política fiscal, quien destaca una particularidad que se incluyó en el artículo de la ley que prorrogó la medida del 15% hasta 2017. “Por primera vez, se agregó una invitación a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir a esa prórroga”, afirma el economista santafecino. Ese agregado sugiere que si las provincias no aceptan el descuento, éste no podría hacerse. Según Agosto, para 2016 los fondos del 15% serían $ 73.000 millones, algo menos que el superávit previsto.
El 15% de la coparticipación no es la única fuente de fondos impositivos para pagar jubilaciones y otras prestaciones. El sistema se sostiene por la asignación específica de un porcentaje de varios impuestos, que se suman a los aportes y contribuciones y que están al margen de la discusión planteada en la Justicia.
Respecto de lo descontado desde 2006 por el 15%, un informe del Iaraf ubica el monto de Santa Fe en $ 19.967 millones y el de San Luis, en $ 5018 millones (valores sin actualizar). “La orden de devolución no es de disposición inmediata -afirma Agosto- y en primer lugar las partes tendrán que ponerse de acuerdo en cómo actualizar los montos.” Luego habrá 120 días para determinar la forma y el plazo del reintegro, según establece el fallo de la Corte, que deja la puerta abierta para que otras jurisdicciones hagan sus reclamos. En el caso de Córdoba todavía no se dispuso esa medida de devolución porque se dictó una medida cautelar, pero se espera que la orden llegue con el fallo definitivo.