Carlos Díaz Mayer aseguró que desde que en 2015 el grupo RAM tomó las tierras en Leleque, no tuvieron restricciones para ingresar.
El fiscal general de Esquel Carlos Díaz Mayer dijo que no entiende por qué el juez federal Guido Otranto, quien investiga la desaparición de Santiago Maldonado, limita los lugares que pueden ser allanados por pedido de grupos mapuches, que consideran ciertos sectores como sagrados.
En diálogo con radio Nacional, Díaz Mayer explicó que “desde 2015 cuando (los mapuches) se instalaron en ese predio que tomaron en la zona de Leleque que es de la estancia de Benneton, hemos tenido bastantes hechos que se dieron como motivo de esta intrusión”. En esa línea, detalló que no entiende la decisión de Otranto de no rastrillar zonas que los mapuches consideran sagradas, y dijo que “eso nunca nos ha pasado. Las veces que tuvimos que ingresar al predio tomado por diversos hechos hemos ingresado con órdenes de allanamiento por jueces de Esquel, y no hemos tenido ese cuestionamiento”.
“Hemos registrado todo ese lugar, que entiendo son unas 1.200 hectáreas. No tuvimos restricción de entrar a ese lugar”, agregó el fiscal general, al tiempo que puso como ejemplo que “cuando tuvimos que buscar animales que fueron denunciados como robados, hemos entrado, hemos recuperado animales. El lugar sagrado es algo nuevo. No sé cuáles son los fundamentos del juez, por ahí el juez tiene fundamentos válidos”.
Por otro lado, Díaz Mayer dio detalles de la investigación detrás de una de las hipótesis que manejaba el Gobierno sobre la desaparición de Maldonado, y que estaba relacionada con una pelea entre dos hombres, de los cuales se sospechaba que uno de ellos podría ser el joven artesano.
Sin embargo, el fiscal general ratificó que las muestras genéticas tomadas de restos de ropa que fueron encontradas en el lugar no coinciden con el perfil genético de Maldonado. “Tengo una o dos personas desconocidas masculinas que dejaron esos restos genéticos que no se corresponden ni con Evaristo Jones ni con Maldonado”, dijo Díaz Mayer, quien contó que “este hecho había sido denunciado el 21 de julio”.
La Prefectura Naval Argentina inició este viernes un rastrillaje sobre las márgenes del río Chubut por orden del juez Otranto. El operativo se lleva a cabo en un área rural, a lo largo de 800 kilómetros y aguas abajo de donde se sitúa el predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof de Resistencia Cushamen, donde el 1° de agosto pasado se realizó un operativo de Gendarmería tras el cual se denunció la desaparición de Maldonado.
Con el rastrillaje, el juez Otranto busca descartar la posibilidad de que el cuerpo del joven de 28 años esté en ese curso de agua que se extiende a lo ancho de la provincia de Chubut. Del rastrillaje participan helicópteros de la Policía Federal y buzos tácticos que buscarán posibles rastros del joven platense a lo largo de los 800 kilómetros que tiene el río.
Al dictar la orden para esta búsqueda, el magistrado aclaró que los agentes que participen -que son alrededor de cien- no podrán ingresar al territorio de la comunidad Pu Lof.