Rick Perry, aspirante a las primarias republicanas de 2016, es investigado por excederse en su capacidad de vet.
El gobernador de Texas, Rick Perry, podría estar a punto de perder la nominación presidencial republicana sin haber comenzado su campaña. Este viernes un jurado investigador del condado de Travis lo ha acusado de abusar de su poder de veto en el Estado que gobierna desde hace 14 años. Una acusación de este tipo no tiene precedentes en Texas y podría ser un elemento decisivo para las elecciones locales de noviembre próximo.
El fiscal especial Mike McCrum, que dirige el jurado investigador, entregó la acusación doble contra el gobernador por abusar de su capacidad oficial y coerción en el servicio público, ambos considerados delitos graves en Estados Unidos y que son penados con prisión.
La investigación se ha prolongado por varios meses. La historia se remonta a 2013, cuando la fiscal de distrito Rosemary Lehmberg, de afiliación demócrata, fue arrestada por conducir en estado de ebriedad. Tras esto, Perry amenazó con retener el financiamiento para la división de Lehmberg, unos 7.5 millones de dólares, si no renunciaba. La mujer se rehusó y Perry cumplió su amenaza por medio de un veto que bloqueó la asignación de recursos del presupuesto estatal.
El jurado ha analizado si Perry violó la ley. “Estamos hablando del gobernador de un Estado, pero la ley es la ley”, dijo McCrum. La acusación del jurado investigador llega cuando Perry preparaba un nuevo intento por ganar la nominación de su partido en las primarias presidenciales de 2016.
La crisis fronteriza que desató la llegada de niños no acompañados provenientes de Centroamérica a su Estado dio a Perry un impulso a su imagen pública, que alcanzó mayor notoriedad nacional. La acusación, sin embargo, podría darle a su carrera política un nuevo giro.
La oficina del gobernador ha salido pronta en su defensa. La asesora general de Perry, Mary Anne Wiley, ha declarado que el veto en cuestión “fue hecho de acuerdo con la autoridad que se le da a todo gobernador bajo la constitución de Texas. Continuaremos defendiendo agresivamente la acción legal y constitucional del gobernador y creemos que prevaleceremos”, ha dicho.
La oposición local ha clamado por la renuncia de Perry y utilizará esto como una fuerte arma política. “El gobernador ha deshonrado a su oficina, a su familia y a Texas. La gente del Estado merece tener líderes que defiendan lo que es correcto y que trabajen para mejorarlo. La acusación de hoy muestra que nuestro gobernador no puede cumplir con la ley”, ha comentado el presidente del partido demócrata en Texas, Gilberto Hinojosa.
El abogado del gobernador, David Botsford insistió en que la decisión del jurado es un “abuso político del sistema de cortes” e insistió en que Perry tiene el derecho constitucional de vetar financiamiento cuando lo considere apropiado.
McCrum se reunirá con Botsford y el juez encargado del caso para que se fije un encuentro donde Perry se presente al tribunal para ser procesado y notificado de sus cargos. Aún no está claro cuándo sucederá esto.