El Ejecutivo debe aprobar en el Consejo de Ministros de este martes medidas que, por fin, hagan frente a la grave crisis desatada por la pandemia del Covid-19.
El Consejo de Ministros que hoy se celebra deberá, por fin, dar respuesta económica a la grave crisis que ha desatado la pandemia del Covid-19. El Gobierno de Sánchez aprobó la pasada semana un primer paquete de medidas que, tal y como el propio presidente reconoció, no es ni mucho menos suficiente ante el complejo contexto. Y patronal, autónomos y oposición han sido muy críticos con esta lenta respuesta.
Fuente del Ejecutivo apuntan que las actuaciones presentarán un «fuerte carácter social», que tendrán como objetivo ayudar a empresas, especialmente las más pequeñas, y a familias en situación de vulnerabilidad. Afirman, además, que lo primordial es sacar adelante unas medidas que, en algunos casos, todavía no está del todo claro cómo se financiarán.
LIQUIDEZ MASIVA
Al Gobierno le preocupa que las compañías se queden sin liquidez, y por ello planea dar acceso a crédito de forma masiva a las empresas y a través de varias vías, siendo una de ellas el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Fuentes financieras y empresariales ya han sido informadas de que el trabajo en estos créditos con aval del Estado está muy avanzado, y también se les ha señalado que se aplicará un tipo de interés fijo muy reducido.
AYUDA A LAS FAMILIAS
En este punto el Gobierno baraja varias opciones. Por una parte, se va a impedir que los hogares puedan sufrir cortes en los servicios básicos, como la luz, el agua o el gas por los efectos económicos de la alarma sanitaria. Además, está la promesa del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de facilitar una prestación extraordinaria a los padres que pierdan horas de trabajo por tener que atender a sus hijos tras el cierre de los colegios. «Una prestación nueva de la Seguridad Social para aquellos progenitores que tienen que quedarse con sus hijos y la empresa no les ofrece una solución de trabajo presencial», explicó Escrivá, aunque desde el Ministerio todavía no saben con seguridad cuándo se aprobará. Y además la preocupación por la posible falta de liquidez se extiende también a las familias, por lo que no se descartan actuaciones en ese sentido.
En cambio, lo que sí parece descartado son medidas como la suspensión del pago de hipotecas, ya que en este caso sería necesario también una negociación entre entidades y autoridades europeas, y tampoco parecen contemplarse las ayudas directas.
REGULACIÓN DE LOS ERTE
Uno de los ejes principales del plan de choque es la articulación de un marco normativo nuevo para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acelerados, retroactivos y basados en causas de fuerza mayor. Es una propuesta conjunta de empresas y sindicatos por la que el plazo mínimo de ejecución de esta medida pasaría a ser de cinco días y los trabajadores afectados percibirían un 75% de su sueldo bajo el formato de una prestación por desempleo que gestiona el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE).
Esa prestación no consumiría los derechos a prestaciones acumulados por los trabajadores mandados al paro y daría recursos a aquellos que no hayan cotizado durante suficiente tiempo, lo que se considera básico para que el plan de choque económico logre serenar los ánimos de las personas que en cuestión de semanas han visto cambiar 180 grados su situación y se ven confinados en casa. La propuesta conjunta apuntaba a que todo el coste pasaría al Estado pero fuentes conocedoras del desarrollo del proyecto señalaban ayer que como modificación, el Gobierno introdujo la posibilidad de compartir los gastos con las empresas.
¿MEDIDAS FISCALES?
Es uno de los ámbitos en los que más se ha pedido al Gobierno que actúe. Lo han hecho las empresas, numerosos economistas e incluso organismos internacionales, como fue el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la pasada semana. En el Ministerio de Hacienda afirman que se está trabajando en actuaciones relevantes en este sentido, pero no confirman que vayan a ser aprobadas hoy a pesar de las numerosas peticiones.
CEOEya solicitó durante el fin de semana que se puedan fraccionar y aplazar los pagos tributarios «por un plazo suficiente» para «las empresas que hayan sufrido de forma significativa». Esta propuesta va más allá de lo que hasta ahora ha planteado el Ejecutivo, que la pasada semana anunció que permitirá una moratoria para pequeñas empresas y autónomos de hasta seis meses libre de intereses en los tres primeros meses.
LA PREOCUPACIÓN DE LAS PYMES
Cepyme, la patronal de estas medianas y pequeñas empresas, registró ayer una avalancha de consultas sobre soluciones para responder al estado de alarma y la paralización de la actividad económica. «Lo que ahoga a los pequeños y medianos empresarios es no saber qué pueden hacer, sobre todo en cuanto a flexibilidad de plantillas, los ertes, las posibilidades del teletrabajo…», explica Gerardo Cuerva, presidente de esta asociación y interlocutor directo del Gobierno en el plan de choque. Cuerva admite que el turismo y el automóvil han sido de momento los más afectados «al pasar de 100 a cero», sostiene que el impacto sobre las tres millones de pymes será sobre toda la sociedad y defiende a pesar de las dificultades nunca vistas que se presentan se debe mirar hacia adelante y confía en la gran adaptación de estas empresas.
¿Y LOS AUTÓNOMOS?
Sin duda, uno de los grupos que más van a sufrir el cierre de comercios y parón de la economía. Los autónomos piden medidas concretas para ellos, como la suspensión de la cuota durante los dos próximos meses y que se les garantice la prestación por paro. Y esperan que estos puntos se aprueben hoy porque, de lo contrario, amenazan con «atascar las solicitudes de prestación de cese de actividad».