En medio el conflicto por el traslado del monumento de Cristóbal Colón, la ONG Paren de Demoler presentó nuevas medidas judiciales intentando que el Gobierno nacional no siga moviendo la estatua. “Si las autoridades no cumplen las leyes, ¿qué queda para los ciudadanos?”, destacó.
Después de la resolución judicial que le impedía al Gobierno nacional actuar sobre el monumento a Colón por un periodo de tres meses, las acciones realizadas el pasado fin de semana parecen indicar que se quiere pasar por encima de un dictamen judicial.
Esta mañana en la 99.9 habló María del Carmen Arias Usandivaras, máxima responsable de la ONG Paren de Demoler, entidad que presentó recursos para que esta situación cese. “El Gobierno nacional está violando la manda judicial. La resolución decía que debía abstenerse de hacer cualquier desplazamiento del monumento y sacarlo de su base es un movimiento. Se establece que si hay un trabajo de reparación, lo debe hacer con las autoridades correspondientes de la ciudad; pero no han hecho nada de eso y están en contra de la voluntad de las autoridades de la ciudad”, destacó la doctora.
La intención de la ONG está acompañada por otras instituciones: “hubo una presentación de espacios públicos también y estamos esperando que la justicia se expida hoy, porque a la vista esto se ha vuelto un caso institucional muy grave que va más allá del monumento a Colón. Si las autoridades no cumplen las leyes, ¿qué queda para los ciudadanos?”.
La intención del gobierno de Cristina Fernández parece estar orientada a demostrar que puede hacer lo que pretenda, pero la Dra. Arias Usandivaras destacó que “los votos no le dan derecho a violar las leyes de la Constitución. Esto termina siendo un capricho donde se quiere demostrar que el Estado son ellos. En nuestro escrito lo estamos diciendo. Es muy preocupante porque están la Policía Federal y la Metropolitana, pero en el caso de que hubiera orden de secuestro por parte de la fiscalía de la ciudad, por el cielo no lo pueden sacar, hay que abrir alguna puerta y se puede producir un episodio más grave”.
Lo que la justicia ha indicado sirve para dar tiempo hasta encontrar una salida al conflicto, algo que parece lejos de concretarse: “la medida es por tres meses, pero mientras se decide el asunto de fondo de quién tiene derecho a tocar el monumento. Esto es un acto de provocación”. Siempre teniendo en cuenta que hay leyes que los amparan, irán hasta el final buscando que se detenga esta locura: “ayer estuvieron removiendo la base y trabajando. Desde Espacio Público me dijeron que iban a entrar, pero esperemos a ver qué pasa. A la vista de todos, hacer estos actos significan una provocación, pero tiene los límites que le da la ley”.
Por otro lado, respondió a lo enunciado por Alfonso Vóttola ayer en la 99.9 sobre el costo de los traslados que serían solventados por el gobierno boliviano: “de lo que se ha dicho hasta ahora, lo único que paga el gobierno boliviano es la obra de Juana Azurduy, no estos movimientos que cuestan 80.000 dólares y que es un dispendio de la plata de todos los contribuyentes que no corresponde. Esto indigna”.
Sin dudas, es un tema importante y que no se debe minimizar. Al igual que las repercusiones, que exceden los límites territoriales: “me han llamado de España e Italia, es un escándalo que toma trascendencia internacional”.