La Cámara Baja aprueba la ley que otorga al Ejecutivo el control de la justicia.
El Gobierno nacionalista ha prestado oídos sordos tanto a las masivas manifestaciones de la semana pasada contra su reciente asalto a la independencia de los tribunales de justicia como a las advertencias de la Unión Europa de que su conducta pone en peligro el Estado de derecho. El viernes forzó en el Sejm (Cámara Baja), sin consulta y atropellando el reglamento parlamentario, la aprobación de la ley mordaza de los jueces.
Esta acción del partido nacionalista Ley y Justicia, que gobierna Polonia desde el 2005, se topó ayer con un triunfo limitado pero muy simbólico de la oposición y todos los polacos que estos días han salido a la calle. La presión popular, a la que se ha sumado la premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk, logró que el juez Pawl Juszczyszyn, recuperara su puesto al frente del tribunal de la ciudad de Olstyn. Es significativo porque el magistrado había criticado la KRS, la nueva institución que, dependiente ahora del poder político, supervisa al poder judicial. Criticarla es motivo de cese, como le ocurrió a Juszczyszyn.
Esta restitución no cambia, sin embargo, que Ley y Justicia haya sacado adelante una reforma que considera necesaria para mejorar la calidad de la justicia y acabar con los vestigios de la era comunista (1945-1989).
La KRS es la nueva Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo. Está formada por jueces designados por el Gobierno y bajo su autoridad se sitúa ahora el mismo Tribunal Supremo, formado por jueces de carrera. La KRS puede castigar a cualquier magistrado y, visto lo sucedido con Juszczyszyn, amenaza con sumir al sistema judicial polaco en el caos, puesto que las destituciones de cualquier magistrado crítico se pueden producir de manera fulminante.
El Gobierno tramitó la ley mordaza a las cinco de la madrugada del viernes, después de una larga y tumultuosa sesión nocturna, sin que la oposición pudiera establecer un debate, procedimiento que supuso un claro abuso de poder y derivó en un clima de mucha tensión. La aprobación definitiva se produjo por la tarde, en el pleno, sin que tampoco hubiera debate.
El Gobierno justifica este atropello de la independencia judicial con la necesidad de purgar la supuesta “casta de viejos jueces comunistas”, es decir, aquellos que habían ejercido antes de la transición democrática iniciada hace 30 años. La edad media de los 10.000 jueces, sin embargo, no pasa de los 40 años. Entre los más de 80 jueces del Supremo hay sólo dos o tres que ejercían antes de 1989.
Ley y Justicia ignoró los informes de los expertos legales del Parlamento, que criticaban la ley por contravenir la Constitución y chocar con la legislación de la UE. Las críticas de las asociaciones de jueces y abogados también fueron desoídas, así como las de las principales universidades.
La ley mordaza , que pretende expulsar de la profesión a todo juez que critique la reforma judicial del Gobierno, intente aplicar la jurisprudencia europea o participe en la vida pública, pasa ahora al Senado, donde la oposición tiene una estrecha mayoría.
El Senado no puede vetar la ley pero sí enmendarla, alargar el debate y alertar a la opinión pública contra la deriva autoritaria del Gobierno. Sin embargo, la última palabra corresponde a la Cámara de Diputados, donde los nacionalistas tienen una cómoda mayoría.
El presidente de la república, Andrzej Duda, obediente a Ley y Justicia, adelantó ya el domingo que firmaría la ley mordaza por ser “muy prudente” y necesaria para “disciplinar a los jueces” y meter en cintura el “club judicial poscomunista”.
Portavoces del Gobierno rechazaron las críticas de la vicepresidenta de la Comisión Europea ,Vera Vourova, que había exhortado el viernes a las autoridades polacas a detener la ley mordaza . Estos portavoces aconsejaron a Vourova que se ocupe de Chequia, su país. La presidenta de la mesa del Parlamento afirmó que las críticas europeas le resbalan “porque nosotros aprobamos leyes polacas”.