El ministro de Defensa, Julio Martínez, le solicitó al juez Casanello que permita que su cartera y el Ejército puedan utilizar parte de los bienes que la Justicia le confiscó al empresario kirchnerista.
El Gobierno pidió -a través de uno de sus ministros- que el Estado Nacional sea designado depositario judicial de una serie de bienes que recientemente le fueron embargados a Lázaro Báez, en el marco de la investigación por la denominada “ruta del dinero K”.
El objeto es emplear la maquinaria pesada en las tareas destinadas al apoyo a la comunidad que llevan adelante las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofes naturales o de emergencias en todo el territorio nacional.
A través de un comunicado oficial, el ministerio de Defensa agregó que el material requerido “contribuirá también al desarrollo de las obras emprendidas en el Plan Belgrano”, que apunta a generar “mejorar la infraestructura en la región norte de la Argentina”.
El gobierno nacional busca también -según el texto enviado por Defensa- “evitar la degradación de la maquinaria y mantenerla operativa y en valor”, ante la eventualidad de que los empresarios Báez resultaran absueltos.
La presentación judicial fue realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 que conduce el juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa que enfrentan los empresarios Báez por presunto lavado de dinero, en el marco de la cual se les trabó un embargo de cien millones de pesos a cada uno.