Se trata de Pedro Biscay, designado en 2014 por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Los motivos de la expulsión.
El Gobierno removió a Pedro Martín Biscay del cargo de director del Banco Central “por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. De acuerdo con la administración nacional, el ahora ex funcionario realizó declaraciones públicas que representaron un riesgo para la estabilidad financiera. Biscay fue designado en 2014 por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof y tenía mandato hasta 2019.
La decisión del Ejecutivo se comunicó a través del decreto 571/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial de este jueves con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
El caso Biscay fue analizado -tal como lo requiere la ley en estos casos- por una comisión bicameral del Congreso de la Nación, que “ha concluido expresando que las actitudes del mencionado Director no se compadecen con las obligaciones de su cargo y que afectan el marco de legalidad del Banco Central y los objetivos constitucionales del mismo, lo que configura un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad requeridos por la función que desempeña”, se detalla en los considerandos de la norma.
Según el texto oficial, el dictamen del cuerpo legislativo precisa que “las declaraciones públicas hechas por un director del Banco Central no se adecúan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier Banco Central mínimamente responsable”. “Tampoco se adecúan al deber de generar previsibilidad y confianza en las políticas del Banco Central, sino que por el contrario van en sentido inverso a dichas políticas, impactando por lo tanto negativamente en los efectos que dichas políticas buscan generar”, completa.
Además, el Ejecutivo consideró que la medida adoptada no atenta contra la libertad de expresión. “Con tal criterio se podría sostener que también deberían violarse los secretos de estado o publicarse elementos de la vida privada de las personas -protegidos por las normas constitucionales- o dejarse de lado la reserva que impone la responsabilidad del desempeño de determinados cargos”, graficaron.
Para el Gobierno, el funcionario realizó declaraciones que “ponen en riesgo los objetivos establecidos (…), particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas”.
En un comunicado que difundió ayer en su cuenta de Twitter, Biscay advirtió que la comisión bicameral que trató su caso fue transformada por los miembros oficialistas Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina “en un verdadero comité de censura política”.
“Esta situación demuestra que el país atraviesa una etapa de agudo avasallamiento a las instituciones y a las bases republicanas y democráticas nunca antes visto en gobiernos constitucionales. Estamos viviendo en un estado cercano a la excepción, donde la ley deja de ser la pauta de actuación de los servidores públicos”, señaló. Asimismo, remarcó que “esta situación pone en serio riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y el conjunto de bienes jurídicos que deben ser promovidos y protegidos en una sociedad democrática”.
Biscay fue designado director en 2014 por Kicillof y tenía mandato hasta 2019. Además de integrar el directorio, se desempeñó como vicesuperintendente de Entidades Financieras.
Su nombramiento no pasó desapercibido: ese mismo año, el abogado había llamado a participar de una agresión contra el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Antes, en diciembre de 2012, fue contratado por la procuradora Alejandra Gils Carbó para que se desempeñe como Coordinador del área “Fraude Económico y Bancario” de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que conducía Carlos Gonella.