El objetivo es obtener un diagnóstico del estado actual del sistema aeroportuario argentino para poder compararlo con la regulación aplicada en otros países.
En el marco del proceso de reconversión y modernización del negocio aerocomercial con el que pretende mejorar la calidad del servicio en el país, el Gobierno busca contar con una radiografía sobre los contratos de concesión de los aeropuertos nacionales.
La mayoría de las terminales aéreas están concesionadas a AeropuertosArgentina2000, una sociedad propiedad de Eduardo Eurnekian cuyo contrato vence en 2028. Igualmente, las autoridades pretenden realizar ya un análisis del régimen jurídico vigente para aeropuertos del denominado Grupo A del Sistema Nacional De Aeropuertos (SNA).
Para encarar esta tarea, el Ministerio de Transporte de la Nación publicó el 7 de marzo pasado en el Boletín Oficial una resolución que dispone la contratación de una consultora extranjera que revise las disposiciones aplicables a los contratos de concesión.
Según la Resolución 95-E/2017, los contratos de concesión “deben ser objeto de un proceso de análisis, aplicando para ello criterios vigentes a nivel mundial, siendo necesario que aquel que lo desarrolle haya llevado a cabo procesos similares a nivel internacional, lo cual permitirá obtener un diagnóstico del estado actual del sistema aeroportuario en comparación con la regulación aplicada en otros países”.
Con este objetivo, el ministerio a cargo de Guillermo Dietrich, convocará a una licitación pública de la que solamente podrán participar consultoras extranjeras. Si bien todavía falta la publicación del concurso y la fecha para la presentación de los interesados, las autoridades ya trabajan en definir estas cuestiones.
“Queremos tener un diagnóstico de los contratos de concesión para luego analizar las variables que debemos adoptar para cambiar, modificar y modernizar lo que haga falta”, explicaron a El Cronista fuentes oficiales.
Según la resolución, los contratos de concesión de aeropuertos “deben poder adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, producto del dinamismo que presenta la industria aérea a lo largo de sus períodos de vigencia, comúnmente extensos, en los cuales también se hace necesario adecuar su infraestructura a las normas internacionales de seguridad operativa y niveles de servicio”.
La revisión quedará en manos de una consultora extranjera que, tal como establece la resolución, “cuente con conocimientos específicos vinculados con el diseño, construcción, operación, administración, mantenimiento, mejoras, equipamiento, instalaciones y sistemas de la actividad aeroportuaria, respetando los estándares aplicables al respecto”.
En ese sentido, Transporte también reclama que acrediten capacidad técnica y experiencia en procesos de estructuración aeroportuaria; planificación y desarrollo de planes maestros; proyección de tráfico aéreo; políticas regulatorias y elaboración de modelos económico-financieros para estructurar negocios aeroportuarios.
La necesidad de que sea extranjera se debe a que las autoridades consideran que no hay en el país consultoras con capacidad técnica para encarar una revisión completa de los contratos de concesión aeroportuarios. De hecho, la resolución se basa en el artículo 16 de la Ley Nº 18.875 que establece que “se podrá contratar con firmas o profesionales extranjeros únicamente en casos excepcionales fundados en la falta de capacidad técnica local en el asunto del servicio o de la consulta, e imposible de suplir por vía de subcontratación”.
Además, el Organismo Regulador Del Sistema Nacional De Aeropuertos (Orsna), emitió un dictamen a favor de contratar una empresa extranjera “que cuente con conocimientos específicos vinculados con el diseño, construcción, operación, administración, mantenimiento, mejoras, equipamiento, instalaciones y sistemas de la actividad aeroportuaria, respetando los estándares aplicables al respecto”.
El ente advirtió que “no existe capacidad técnica local para prestar el servicio” y aclaró que los marcos regulatorios deben considerar el escenario de gestión aeroportuaria mundial, con una visión clara de comportamiento y tendencia en materia de concesión y en aspectos vinculados con la regulación económica y la definición de los modelos que mejor resguarden los intereses públicos, en base a transparencia de costos y eficiencia.