La medida implicaría suspender la autonomía al tiempo que se clausura la cámara catalana. Es la última bala que se reserva el Gobierno si Puigdemont declara la independencia.
El Gobierno de Mariano Rajoy estudia extender la aplicación del artículo 155 de la Constitución más allá de la suspensión de la autonomía y el cese en sus cargos de todo el Gobierno de la Generalitat, empezando por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras. También está barajando ampliar esta dura medida a la suspensión del Parlament, lo que supondría la clausura de la cámara catalana, después de que se declare la independencia, según han apuntado fuentes cercanas al Consejo de Ministros.
La aplicación del artículo 155 de la Carta Magna ya se ve como inevitable entre la mayor parte del Gobierno. Rajoy es partidario de hacerlo después de que Carles Puigdemont declare la independencia de Cataluña, como el final de un proceso en el cual ha sido imposible cualquier otra medida para defender la legalidad vigente. Esta suspensión impediría además una doble legalidad, ya que sería entonces cuando entrase en vigor la polémica Ley de Transitoriedad Jurídica, que supone una derogación ‘de facto’ del conjunto del marco legal español en el territorio de Cataluña.
El problema jurídico que han planteado los equipos legales que asesoran al Gobierno es que suspender al Gobierno autonómico en pleno no arregla la parte del problema que recae en un Parlament que ha avalado la legalidad paralela que se quiere imponer. Tras diversas consultas legales, se ha determinado que sí, que sería posible suspender a Govern y Parlament de la misma tacada, puesto que el artículo 155 no impide esta alternativa ni cuenta con un reglamento que detalle su aplicación.
En concreto, para justificar la medida, esos informes destacan la parte del artículo 155 que reza “o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España” y que otorga un amplio margen de actuación, suficiente para que el Gobierno utilizase este instrumento legal, el equivalente al ‘botón nuclear’ que Mariano Rajoy hasta ahora había querido evitar pulsar.
Se advierte asimismo de que tanto la Generalitat como el Parlament podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional la suspensión efectiva de todas sus funciones. Ni que decir tiene que en caso de que Puigdemont y su Gobierno se declarasen en rebeldía, el Gobierno central ya cuenta con que serán detenidos.
Fuentes cercanas al Palau ya habían apuntado que en el entorno de Puigdemont no se descartaba un escenario en que el ‘president’ de la Generalitat se encerrara en el Parlament como un lugar especialmente protegido por la legalidad. Conscientes de ello, en el seno del Ejecutivo de Rajoy va ganando peso la opción de que el 155 suspenda tanto a los ‘consellers’ de la Generalitat como al conjunto del Parlament. Al hacerlo así, dejarían a Puigdemont sin esta última salida.
Urgencia en el Senado
La aplicación del artículo 155 precisaría de una convocatoria de urgencia del Senado, que ha de refrendar su aplicación por mayoría absoluta. Una mayoría absoluta de la que el PP dispone en la Cámara Alta.
Las dudas en el seno del Gobierno sobre esta línea dura en la manera de aplicar la suspensión de la autonomía son de dos tipos: las de oportunidad y las de estrategia política. En la oportunidad se está debatiendo si llegados a este punto no valdría más la pena aplicar el 155 antes del 1-O, y solventar así también el problema del referéndum unilateral convocado por Puigdemont. Pero en este momento Rajoy, quien siempre ha defendido que las medidas han de ser proporcionales y en respuesta a provocaciones previas, defiende en el Consejo de Ministros la opción de que sea después de la fecha en la que se ha convocado la consulta unilateral.
Perder a los socialistas
En el campo de la estrategia política se teme perder el consenso con el PSOE. Si bien se han logrado avances en que el partido de Pedro Sánchez avale una suspensión de los ‘consellers’ de la Generalitat, nadie del PP se ha atrevido a hacer el planteamiento extendido de la medida a representantes de la calle Ferraz.
En concreto, se teme la reacción del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien hasta ahora se ha alineado con la defensa de la legalidad vigente. En La Moncloa se entiende que clausurar por tiempo indefinido un parlamento autonómico es una medida de máxima dureza y que el principal riesgo es que el PSC podría descolgarse del frente constitucionalista en Cataluña por causa de la misma.
El problema de evitar la clausura del Parlament radica en que aunque se acabe cesando en el cargo a Carme Forcadell y a los otros cuatro miembros de la Mesa que más se han implicado en la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad a través de una suspensión exprés, otros miembros de las listas de Junts pel Sí ocuparían su puesto. Por tanto, eso no solucionaría nada a la hora de intentar desactivar la bomba de relojería que es la cuestión soberanista catalana.
Rajoy ya asume el alto coste político que tendrá una medida de tanto calado. Perderá el apoyo del PNV, tendrá que prorrogar el Presupuesto y se verá obligado a lidiar con un Congreso que jugará a la contra a menos que opte por convocar unas elecciones anticipadas, lo que le enfrentaría a tener que acudir a unas generales en las cuales Cataluña sería el principal tema de debate.