Un centenar de refugiados han sido detenidos en un hotel de Brisbane, la tercera ciudad de Australia, a la espera de cuidados médicos. Hace siete años el país adoptó una de las políticas migratorias más restrictivas del mundo. RFI estuvo en una manifestación organizada en apoyo a estos migrantes.
Por el corresponsal de RFI en Australia, Grégory Plesse
“Freedom for refugees” (Libertad para los refugiados), gritan los manifestantes en Brisbane. Denuncian la política migratoria del gobierno australiano. Muchos migrantes han sido detenidos sin juicio, algunos incluso desde hace varios años.
“Muchos australianos quieren que se devuelvan a su país, pero no tienen a donde ir. Nuestro ejercito participó en la destrucción de sus hogares. Somos responsables de ello y debemos ocuparnos de ellos”, dice Malcolm, un manifestante.
En julio de 2013, el país implementó medidas anti-inmigración con las cuales puede enviar a los refugiados a centros de detención fuera de su territorio en Naurú o en Papúa Nueva Guinea. Pierden así toda esperanza de asentarse en Australia. Con esta política, el gobierno buscaba limitar la llegada de inmigrantes en pequeños botes desde las costas de Indonesia.
“Si el gobierno no le importa que mueran personas en naufragios. Si realmente se preocupara por eso, debería asegurar pasajes más seguros en vez de repeler todos los barcos de refugiados”, denuncia Cassidy, otra manifestante.
“Es inhumano”
130 personas han sido detenidas en un hotel de Brisbane. Muchas pasaron por el centro de detención de Naurus y hoy se encuentran en territorio australiano gracias a una ley que les permite recibir cuidados médicos. Tras su llegada, la ley fue revocada y se les ha prohibido salir del hotel.
Su detención es de duración ilimitada. Saif no ha vuelto a ver a su esposa ni a sus hijos desde hace más de 3 años pero sigue reclamando su libertad. “¿Qué crimen he cometido?”, pregunta por Whatsapp a un grupo de manifestantes.
Solo la mitad de los refugiados encarcelados en el hotel ha recibido los cuidados médicos solicitados. “Es inhumano”, dice Sam, otro manifestante. “Nadie merece estar encerrado durante siete años sin tratamiento médico.”
En Australia, ningún partido político se opone a estas medidas, salvo el bando ecologista. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calificó estas medidas de violación de derechos humano.