El subprefecto Carlos Sosa destinaba personal y móviles para que hicieran de choferes de su esposa e hijos. Lo denunciaron sus subordinados, hartos del mal humor de la mujer.
La historia criminal Argentina está poblada de delaciones que realizaron, ante la policía, despechadas mujeres de delincuentes de fuste, que llevaron a la resolución de casos emblemáticos, como por ejemplo el denominado “robo del siglo” en el Banco Río de Acassuso, ocurrido el 13 de enero de 2006. El caso del subprefecto Carlos Sosa, el director de la Unidad 28, el Centro de Detención Judicial que funciona en el Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Lavalle 1337, en Capital Federal, no es similar, y no se lo podrá comparar con esas damas que denunciaron a sus parejas porque fueron abandonadas por jóvenes ninfas que gozarían de los beneficios del dinero mal habido. Sin embargo, el mal carácter y autoritarismo que habría ejercido Silvia, ex funcionaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y esposa del oficial cuestionado en la Justicia por “el irregular desvío, apoderamiento y utilización de bienes y servicios del SPF” sobre los subordinados del director de la Unidad 28, lo llevará a prestar declaración indagatoria ante el juez Rodolfo Canicoba Corral después de la feria judicial.
De ser encontrado culpable, y según el artículo 261 del Código Penal, el subprefecto podría ser “reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta y perpetua”.
Es lo que busca su denunciante, el alcaide Miguel Ángel Perrotta. Sucede que el jefe de la División Asuntos Internos del SPF presentó ante los tribunales de Comodoro Py una denuncia penal que probaría que Sosa, haciendo abuso de su autoridad, en horario de trabajo y con autos de la repartición, obligaba a los agentes penitenciarios bajo sus órdenes a buscar a sus hijos de la escuela; a llevar a Silvia a sus clases de guitarra, y a trasportar las compras del supermercado y la carnicería; y hasta construir en los talleres de la Unidad 28 un sistema especial de seguridad para evitar robos -que hizo instalar en su casa-.
Al parecer, y según las fuentes judiciales que dialogaron con Infobae, la esposa de Sosa tiene tal mal genio que “elegía qué chofer debía enviar su esposo a su casa para realizar tareas particulares para la familia del subprefecto”.
El ayudante de quinta Maximiliano Ricardo Pérez, por ejemplo, declaró bajo juramento: “Sosa nos decía vayan a casa y punto. De ahí a la escuela particular (de sus hijos), supermercado, frigorífico. Ibas a su casa y estabas a disposición de la señora para ir a cumpleaños, tenis, guitarra”.
En la foja número 4 de la denuncia presentada por la Dirección de Asuntos Internos del SPF se lee que Sosa no ahorraba en gastos. Gastos abonados, claro está, con el bolsillo de los contribuyentes.
Por ejemplo “las comisiones” para las tareas domésticas de la familia Sosa que vive en el municipio de Esteban Echeverría, es decir a unos 30 kilómetros del Palacio de Tribunales, “se realizaban con móviles oficiales y con personal del Servicio Penitenciario Federal uniformado, en horario de servicio, y en algunos casos hasta se excedería el mismo, pero, peor aún, algunas de esas comisiones se realizaban con vehículos identificables”.
Es decir con los mismos autos y utilitarios que se deberían hacer trámites judiciales vinculados a los presos y detenidos, u otro tipo de actividades vinculadas a la seguridad y protección ciudadana. Una tarea bastante alejada de las canchas de tenis, de los profesores de guitarra, o las carnicerías y supermercados donde los enviaba la malhumorada mujer de Sosa.
Rejas a domicilio
Temeroso como cualquier hijo de vecino, y ante la ola de entraderas que se registran a diario en el Conurbano Bonaerense, el jefe penitenciario decidió armar en el ingreso de su domicilio, ubicado en la calle Almirante Brown al 1400 de la localidad bonaerense de Monte Grande, una “reja de contención de sistema exclusa” similar a las utilizadas en las cárceles, según consta en la causa.
En la foja 3 de la denuncia penal se lee: “Merece una especial atención que el subprefecto Sosa” se habría hecho construir esas rejas “en los talleres de la Unidad 28 y posteriormente trasladada en un móvil oficial y colocada en el domicilio particular de Sosa con personal en horario de servicio y uniformado”.
Las fotos que ilustran esta nota, y que son parte de la prueba contra Sosa, dan cuenta de ello y fueron tomadas con los teléfonos celulares de los propios agentes que realizaron las irregulares tareas para su jefe.
En la primera de ellas se observa con lujo de detalles el lugar de trabajo dentro de la Unidad 28, donde abundan pinceles, destornilladores, soldadora eléctrica, y hasta una agujereadora de banco.
Sobre una pared y una cajonera, los tres tramos de la pesada reja que días después serían amuradas en la casa particular del subprefecto. Las otras tres impresiones revelan la presencia de al menos dos agentes del SPF en la casa de Sosa instalando y pintando las rejas.
Tan impune debería sentirse el jefe de la Unidad que tenían trabajado como mano de obra calificada y privada a sus subalternos hasta con las remeras negras que tienen estampadas las siglas SPF.
A ojo de buen cubero, el trabajo de herrería realizado por los agentes pagos por el Estado Nacional a través del presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos parece impecable. Si hasta en la parte superior los “Agentes de la Sección Mantenimiento del Centro de Detención Judicial (U28)” soldaron púas de acero para que ningún “caco” -y tampoco palomas- se atrevan a saltar sobre el corralito de seguridad.
En la causa ya estaría probado que las rejas no solo fueron confeccionadas en el taller de la Unidad 28, sino que también fueron trasportadas en un vehículo del SPF. Claro está, no era cuestión de gastar en flete cuando había a disposición del subprefecto una flota de móviles.
Bajo juramento, los agentes que declararon como testigos aseguraron que “los materiales que se utilizaban eran abonados con cargo al Estado Nacional” y que los trabajos particulares para Sosa incluirían “desde pintura hasta la colocación de reflectores y cambio y colocación de cámaras de seguridad”, entre otras tareas.
Lucha contra la corrupción
Los actos de corrupción, de abuso de autoridad, y hasta de desprecio por la vida de los internos no son nuevos en el SPF.
Sin ir más lejos, el pasado 13 de julio, Emiliano Blanco, el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, relevó a la cúpula del Penal de Ezeiza después de que se conociera que durante el primer semestre de 2017 siete presos se suicidaron en esa unidad carcelaria “la mayoría por ahorcamiento”.
La desembozada actividad ilícita que los mandos superiores del SPF venían realizando, y que habría tocado un pico escandaloso durante la administración de Víctor Hortel, llevó a que el abogado Blanco rediseñe alguna de las políticas internas de la cuestionada institución y enfoque su actividad en luchar lucha contra la corrupción reforzando y dinamizando a la Dirección de Asuntos Internos, y el Servicio de Monitoreo de Cárceles, este último enfocado a revisar los gastos que van desde combustible hasta raciones de comidas.
Justamente por las raciones de alimentos ya fueron indagados 38 funcionarios del SPF por una sobrefacturación por 1.957.725,5 pesos en beneficio de la empresa SIAL, ya que las viandas facturadas superaban a la cantidad de internos que había en la institución penitenciaria.
Mandados para Sosa
En el juzgado de Canicoba Corral relatan, de manera risueña, que los agentes de la Unidad 28 que se atrevieron a denunciar a su jefe ante la Dirección de Asuntos Internos lo habrían realizado, en parte, por los abusos que Sosa cometía al hacerlos ir y venir de Capital Federal a Esteban Echeverría para cumplir con tareas domésticas; pero también por el destrato que les dispensaba su mujer que no sólo se habría tomado el tupé de rechazar a los “choferes” bajo el mando de su marido que no se sometían a sus desplantes, sino que hasta les habría exigido cumplir rigurosos horarios para llevar y traer a sus hijos como si fuesen remiseros.
¿Habrá sido ésta una de las razones que llevó a los penitenciarios a denunciar al jefe de la Unidad 28? ¿Habrá sido el efecto que Silvia causó sobre los choferes y devenidos empleados de la familia Sosa lo que podría llevar al ahora ex director del Centro de Detención Judicial tras las rejas?
Es que las mujeres de delincuentes y corruptos suelen ser un catalizador para la resolución de algunas causas judiciales.
Fue Alicia Di Tullio, alias “Pepita la pistolera”, la que delató a Alberto de la Torre como a uno de los integrantes de la banda que robo el Banco Río que había escapado por un túnel burlando a la policía. Fue después de enterarse que “Beto” planeaba fugarse al Paraguay con otra mujer.
“A mí éste no me deja por una pendeja”, le dijo a la policía. De la Torre fue el primero en caer 35 días después del memorable asalto. Después, como dominó, cayó el resto de la banda.
También José López, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, revoleó los bolsos con nueve millones de dólares por sobre el paredón del convento de General Rodríguez después de discutir con su mujer, María Amalia Díaz, y sospechar que está lo denunciaría ante la Justicia.
Por supuesto, ante el magistrado, Díaz dijo desconocer la millonaria suma que su marido escondía bajo el tanque de agua, y mucho menos que podría ser fruto de la corrupción kirchnerista.
Para el juez Canicoba Corral poco importa las razones por las cuales los subordinados de Sosa dijeron “basta” y relataron ante los abogados de Asuntos Internos los desaguisados de su director.
Esos viajes y trabajos irregulares en la vivienda de la familia Sosa quedaron plasmados en los tres libros de actas o novedades que Perrotta secuestró de la Unidad 28 el 19 de diciembre de 2016.
Sólo algunos ejemplos muestran la indignación que habrían sentido los agentes que Sosa utilizaba como cadetes de lujo. En la página 346 del libro primero, el subayudante Martín Matosian, por orden del jefe Sosa, “con móvil Toyota Hilux” salió de la Unidad 28 “con destino a ferretería de Ezeiza y de allí al domicilio del Señor Director”.
En la foja 376 quedó asentado que los agentes Mariano Rodas y Gonzalo Chávez, en “móvil Toyota Hilux”, partieron de Lavalle y Talcahuano “con destino a ferretería de Ezeiza a retirar materiales para mantenimiento, posteriormente a casa del Señor Director en Monte Grande y se retoma a la Unidad sin novedad”.
La foja 394 no tiene desperdicio. Allí se revela que “el ayudante de primera Mariano Rodas, en móvil Berlingo 736 (partió) a la casa del Señor Director Sosa a buscar a Maximiliano Pérez, Lautaro Meli y Rodrigo Lalín después de haber realizado trabajos de herrería”. Es decir, después de haber estado clocando la reja de contención de sistema exclusa en la propiedad de su jefe en horario de servicio.
Justamente dos de esos agentes del SPF son los que quedaron retratados en la foto que sacó con su celular el tercer penitenciario.
En el segundo libro presentado como prueba ante Canicoba Corral se encuentran registradas “comisiones y trabajos particulares para Sosa que llaman la atención, aunque a esta altura no sorprende.
En la página 154 del segundo libro se detalla que el ayudante de primera Rodas, siempre a bordo de una Toyota Hilux perteneciente a la flota oficial del SPF, primero se dirigió a cargar combustible -con dinero de la repartición- y después a realizar los mandados encargados por el matrimonio Sosa que a saber fueron: “Librería Arco Iris, de Ezeiza; luego a ferretería El Maestro; luego nuevamente librería Arco Iris; y por último a carnicería. Retornando a Unidad 28 sin novedad”.
Sobre el final del libro de novedades, en la carilla marcada con el número 384, que en la causa se resalta en negrita se enfatiza: el “Ayudante de quinta Maximiliano se dirige en comisión a buscar a la hija del Director al colegio”.
Y así se podría seguir. Página tras página, contabilizando las veces que los agentes del Servicio Penitenciario Federal eran relevados de sus actividades para satisfacer las necesidades privadas del jefe Sosa y su familia utilizando bienes solventados con el bolsillo de todos los argentinos.