nvestigará el destino de los fondos nacionales para los planes de viviendas de Techo Digno, administrados por los municipios entre el 2012 y 2015. Entre mayo y septiembre del año pasado, la Justicia Federal allanó por este tema los municipios de Sierra Grande, Cipolletti, Río Colorado y Bariloche, entre otros.
La Justicia rionegrina investigará el destino de los fondos nacionales de los planes de viviendas del Techo Digno, administrados por los municipios entre el 2012 y 2015. Estas causas –que recayeron inicialmente en juzgados federales– fueron devueltas recientemente a Río Negro y la Procuración General adelantó que conformará un equipo especial de fiscales.
Entre mayo y setiembre del año pasado, la Justicia Federal allanó por este tema los municipios de Sierra Grande, Jacobacci, Fernández Oro, Cipolletti, Río Colorado, Bariloche, entre otros. Esos requerimientos partieron del juzgado Federal N° 11 de Capital Federal, a cargo de Claudio Bonadio. Aun así, otros juzgados también tenían expedientes de viviendas de Río Negro. Así, figuraban causas en el N° 9 de Luis Rodríguez, el N° 7 de Sebastián Casanello y el N° 1 de María Romilda Servini. Al final, la Corte Suprema resolvió que correspondía la intervención provincial, lo cual, derivó en la remisión general por parte del juez Bonadio, que finalmente había concentrado los expedientes del famoso edificio de Comodoro Py.
En los últimos días, esas causas llegaron a Río Negro. “Falta la documentación secuestrada en los allanamientos” realizados el año pasado entonces “se requirió su inmediato envío”, confirmó el Procurador, Jorge Crespo. El funcionario atendió a “Río Negro” cuando cumplía tareas en Bariloche (el viernes sesionó el Consejo de la Magistratura) entonces afirmó no disponer de precisiones de los expedientes enviados por Bonadio. Admitió que, si existían planes en investigación de todas las circunscripciones y adelantó su decisión de conformar “un equipo especial de investigación, con fiscales en cada ciudad que tendrán la coordinación de un fiscal jefe o del propio Fiscal General para tener criterios uniformes”.
La investigación está centrada en los desembolsos de Nación, en el segundo gobierno de Cristina Fernández, en planes de viviendas que ejecutaron los municipios, con directos acuerdos con el ministerio de Obras Públicas, conducido por Julio De Vido. Apartados de la estructura provincial, esos contratos de Techo Digno se acentuaron entre el 2013 y 1015, gestionados por el senador Miguel Pichetto y enmarcado en su campaña provincial del 2015. Ese despliegue llegó mayormente a los municipios gobernados por el Frente para la Victoria.
En el segundo semestre del 2015, la derrota electoral del gobierno nacional determinó el corte de las transferencias y así se sucedieron las paralizaciones de los planes. El recambio de autoridades derivó en las revelaciones y denuncias de las irregularidades, aludiendo que las certificaciones de construcciones y, en consecuencia, los pagos a las empresas eran muy superiores a los niveles reales de las ejecuciones de las viviendas. En sus descargos, las constructoras explicaron esos desfasajes en compensaciones por valores desactualizados a partir que la Nación no cumplían con redeterminación de costos.
Datos clave
10 son, al menos, los municipios que participaron de las obras que hoy están siendo denunciadas.
300 fueron las viviendas prometidas por el plan Techo Digno durante el 2017. Eso significan unos $ 800 millones.