Guillermo Molinari señaló que los involucrados son funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y que allí debe tramitar la causa. Defendió su decisión de ordenar el secuestro del celular
El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, se declaró incompetente para seguir interviniendo en la denuncia que el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, presentó contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por la filtración de las conversaciones que tuvo con Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires en licencia.
“Este Juzgado Federal no debe continuar conociendo en la presente causa que, por el territorio y las personas involucradas, debe ventilarse ante la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resolvió Molinari en base a lo que le había pedido el fiscal federal Pedro Simón. La fiscalía había señalado que tanto Robles como D’Alessandro son funcionarios en la ciudad de Buenos Aires y que por lo tanto esa justicia debía intervenir.
En los chats, Robles le suministra información al ministro porteño vinculada a la polémica que se había originado en torno a la integración del Consejo de la Magistratura. No es el único intercambio: en otro diálogo, comparten un link con información sobre la disputa judicial que mantienen el gobierno nacional y CABA en la Corte por la coparticipación. Irónicamente hablan del “fallo” Robles, presuntamente por la gestiones que habría hecho el asesor de Rosatti.
La filtración de los chats obligó a D’Alessandro a pedir una licencia y dejar su cargo en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.
En la resolución conocida hoy, el magistrado también defendió la decisión que había tomado al inicio del expediente de pedirle a Robles que presente sus teléfonos celulares. “Ante el conocimiento formal de la posible comisión de un ilícito y de competencia federal, y a fin de, en el carácter de magistrado, el juez tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento, y remitir con premura la causa al juez que resulte competente”, justificó.
Zamora denunció a Robles tras la difusión de los chats por los presuntos delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. La Fiscalía aceptó la denuncia y aclaró que era “sin perjuicio que la obtención de mensajes sin consentimiento de su titular es ilegal y censurable desde todo punto de vista, la información ha sido difundida públicamente, correspondiendo iniciar una investigación penal”.
El gobernador difundió en su cuenta de la red social Twitter el inicio de la causa y la decisión del juez de obtener los celulares del funcionario de la Corte Suprema. Robles, a través de su abogado Matías Ledesma, se presentó en la causa y objetó que el juez le haya dado acceso indebido al expediente al mandatario provincial cuando no es parte de la causa y quien después tuiteó sobre información “tergiversada” sobre el curso del proceso.
A criterio de Robles, el juzgado y el gobernador podrían haber incurrido en violación de la obligación de secreto, que fija hasta dos años de prisión al “funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”. Incluso en sus mensajes en redes sociales, Zamora publicó hojas del expediente que mostraban el número de teléfono de Robles.
La defensa hizo una segunda presentación ayer. Fue para pedir que se actualice el expediente y conocer su estado ya que el lunes se presentaron agente de la Policía Federal en la casa de Robles y en la de uno de sus hijos. La defensa señaló que quieren constatar si efectivamente los policías fueron por orden del magistrado y que no se trate de actividades ilegales o de persecución. El abogado señaló que fue irregular la presencia de la policía en la casa del hijo del funcionario porque Robles se presentó en la causa e informó su domicilio real.
La causa ahora pasará a los tribunales de Comodoro Py. Allí ya hay dos denuncias acumuladas en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo donde también recaerá la causa de Santiago del Estero.
El foco está puesto en la filtración del celular de D’Alessandro con distintas personas. Algunas de las conversaciones de Telegram entre D’Alessandro y Robles datan de noviembre pasado. En estas,el vocero de Rosatti le da argumentospara el conflicto que Juntos por el Cambio mantiene con el Frente de Todos sobre la integración del Consejo de la Magistratura.
“En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dice Robles, para acto seguido enviarle al funcionario de la ciudad de Buenos Aires un largo texto, con un punteo de argumentos por los que Cristina Kirchner no podría nombrar a Martín Doñate como representante del oficialismo. Doñate, de Unidad Ciudadana, mantiene una disputa con el cordobés Luis Juez, senador del PRO, quien reclama para sí la banca en el Consejo de la Magistratura.
Además, Robles le sugiere a D’Alessandro que Juntos por el Cambio debería continuar con la discusión en la Justicia para obtener el lugar que disputa con el FdT en la Magistratura. Por ahora ese litigio judicial no prosperó, ya que esta semana fue rechazado un amparo presentado por Juez contra la división del bloque oficialista, maniobra que el kirchnerismo utilizó para ganar la banca.
Al respecto, el vocero del presidente de la Corte le explica al hombre de Larreta lo que deberían hacer para tener éxito: “Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”.
Además, el vocero de Rosatti y D’Alessandro hacen referencia al “fallo Robles”. Así habrían bautizado los interlocutores al fallo de la Corte que se conocería más tarde -el pasado 21 de diciembre- y que terminaría inclinando la balanza a favor de la ciudad de Buenos Aires en la disputa con la Casa Rosada por la coparticipación.
Por esta situación, D’Alessandro se tomó una licencia en el cargo de ministro de Justicia y Seguridad. “No estoy renunciando, me estoy tomando una licencia temporaria, a los efectos de poder ordenar una poco la situación”, dijo el funcionario. También presentó una denuncia penal contra el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade para que se lo investigue si estuvo involucrado en la difusión de los mensajes.
En tanto, el presidente Alberto Fernández junto a un grupo de gobernadores impulsaron el juicio político de Rosatti y de los restantes jueces de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Se hizo por presunto mal desempeño de sus funciones por el fallo de la coparticipación a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por sus resoluciones sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de su integración de 13 miembros y repuso la ley anterior de 20 que había sido derogada por el Congreso de la Nación.
La Asociación de Magistrados rechazó la iniciativa y sostuvo que se está ante una “crisis institucional sin precedentes”. “Es posición inveterada de esta Asociación que la promoción de juicio político por el contenido de pronunciamientos judiciales, más allá del acierto o error de estos últimos, implica una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional pues pretende condicionar el ejercicio independiente de la magistratura”, sostuvo la entidad a través de un comunicado firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y por su secretario general, Marcelo Peluzzi.