Miles de asesinos, violadores o terroristas se esparcen por el país tras aprovechar el caos de las violentas revueltas de la generación Z que han tumbado el Gobierno en pocos días.
La normalidad es muy relativa en Katmandú y las principales ciudades de Nepal. Las órdenes restrictivas y el toque de queda impuestos por el ejército siguen en pie por segundo día consecutivo tras las sangrientas protestas que sacudieron la pequeña nación a comienzos de semana. Entre el lunes y el miércoles, decenas de miles de adolescentes y veinteañeros enfurecidos fueron capaces de lograr un hito histórico y sin precedentes en la historia contemporánea de cualquier país: unir a toda la juventud para provocar, a la fuerza, la dimisión y huida del primer ministro, KP Sharma Oli, y de su Gobierno, y elegir a una potencial líder interina, Sushila Karki, la primera mujer en presidir el Tribunal Supremo.
El poder de la generación Z nepalí es inmenso, y el peaje social e institucional para alcanzarlo ha sido brutal. Las últimas cifras confirmadas por el Ministerio de Salud hablan de 34 fallecidos y 1.300 heridos entre manifestantes y miembros de la élite nepalí que tanto hartazgo ha generado en la ciudadanía. Los edificios del Parlamento y del Supremo fueron tomados e incendiados por la turba, al igual que las residencias de políticos y ex mandatarios. La mujer de un ex primer ministro murió calcinada en su hogar.
Las secuelas de estos incidentes se sienten en todos los niveles. Los colegios y las tiendas siguen cerrados, aunque algunos establecimientos abrieron brevemente ayer, cuando los militares levantaron el toque de queda durante dos horas y la población se apresuró a comprar alimentos básicos. La Bolsa lleva dos días sin operar y los servicios esenciales inician su actividad a cuentagotas.
Uno de los hechos que más inquietan a la población es que alrededor de 13.500 convictos -algunas estimaciones hablan de 15.000- escaparon de las cárceles en los 77 distritos de Nepal. El abanico es completo: asesinos, violadores o terroristas se han esparcido por el país tras aprovechar el caos de las revueltas. Según el ejército, se han capturado a 200 fugitivos, una ínfima fracción del total. Entre ellos se encuentra Sanjay Sah, conocido como Takla, quien llevaba 12 años en prisión cumpliendo una pena de cadena perpetua. Es un ex ministro de Estado y el principal acusado del atentado con bomba en Janakpur en abril de 2012, en el que murieron cinco personas.
Se ha producido un caso en que un recluso fugado se lo pensó dos veces y decidió entregarse a las autoridades. Ha sucedido en Dhangadhi, capital de Kailali, provincia occidental de Nepal, cuando uno de los 692 presos que huyeron de la cárcel de la ciudad cambió de opinión por «el miedo a recibir una doble condena por fuga tras la formación del próximo Gobierno».
Otro de los cabos sueltos es la gran cantidad de armas, munición y granadas que los manifestantes robaron a las fuerzas de seguridad durante los disturbios. Se ha urgido a la población a que las devuelvan y, aunque han aparecido unas 30 piezas, decenas aún siguen extraviadas. Es difícil saber en qué manos irán a parar y para qué serán usadas. Cientos de personas abarrotaron ayer el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan, en Katmandú, movidos por la inestabilidad que se vive en la nación del Himalaya. No llevaba abierto ni 24 horas tras cerrar durante las protestas y ya había gente que buscaba salir del país lo antes posible.
Entre los que se quedan hay una generación que se siente victoriosa tras el caos de los últimos días. Hacen un llamamiento a que el Parlamento se disuelva y a reformar la Constitución. Así lo han indicado varios líderes de esta causa nacida de la frustración por la corrupción de las élites, la ostentación de sus hijos en redes sociales -los llamados nepo kids- y la falta de oportunidades, con un paro juvenil que roza el 20%. El detonante fue una efímera ley en la que el Ejecutivo de Oli pretendió prohibir 26 plataformas digitales y servicios de mensajería instantánea, entre ellos WhatsApp, Facebook, TikTok e Instagram. Las juventudes han insistido en que su movimiento es «puramente civil» y han advertido a los partidos políticos que «no intenten politizarlo».
Algunos sectores de la Gen Z denunciaron que su protesta fue «secuestrada por oportunistas» y reiteraron en un comunicado que su movimiento no es violento y está basado en la participación cívica pacífica. Los vídeos y testimonios en los que impera el júbilo de los jóvenes mientras la nación está patas arriba evidencian una complicidad ineludible con la violencia. Esta revolución propone en Asia una forma de presión contra los gobiernos corruptos y deja un mensaje esperanzador para algunos e inquietante para otros: el cambio generacional es posible, por las buenas o por las malas.