En quince años, 30.000 personas han fallecido intentando llegar a Europa. La política del cierre de fronteras cuesta alrededor de mil millones de euros al año a los contribuyentes.
Las vallas entre Melilla y Marruecos, al menos 10 millones de euros al año. Detener en España y deportar a sus países de origen a migrantes y refugiados, 49 millones anuales. El proyecto de investigación Sniffer, financiado con fondos europeos para reconocer por su olor corporal a las personas escondidas en un vehículo que intentan cruzar una frontera, 3,5 millones de euros.
La lista de costes para alejar a migrantes y refugiados de las fronteras europeas acumula miles de millones de euros. A pesar de ello, los intentos de alcanzar el Viejo Continente están lejos de disminuir.
The Migrants Files, un proyecto transfronterizo llevado a cabo por quince periodistas y programadores en el que participa El Confidencial, ha identificado lo que supone mantener la ‘Fortaleza Europa’ para el bolsillo de los contribuyentes comunitarios. También ha revelado quiénes se benefician económicamente de ella: la industria de defensa a un lado de la frontera, los traficantes de personas al otro.
Rastreando el dinero de los fondos europeos destinados a contener la inmigración, el equipo de The Migrants Files desvela que:
Durante los últimos quince años, traficar con migrantes y refugiados ha generado un beneficio de al menos 15.700 millones de euros para las mafias.
Las políticas de expulsiones y repatriaciones de migrantes han costado al menos 11.300 millones de euros a los países europeos desde el año 2000.
El control de las fronteras europeas para evitar la entrada de inmigrantes ha costado a los contribuyentes al menos 1.600 millones de euros desde el año 2000.
Los grupos que participaron en la creación de las políticas europeas de defensa fronteriza –Finmeccanica, Airbus, Thales o la española Indra– han sido los mayores beneficiarios de los proyectos de I+D dedicados a evitar la llegada de migrantes y refugiados.
El coste humano, como reveló la primera fase del proyecto, se calcula en 30.000 fallecidos en quince años mientras intentaban llegar a Europa.
Puertas cerradas
En todo 2014, alrededor de 600.000 personas han buscado refugio en Europa. El actual director de Frontex, Fabrice Leggeri, ha confirmado al equipo de The Migrants Files que las llegadas en lo que va del año 2015 están aumentando, sobre todo en Italia y Grecia. “Ha habido un gran vuelco hacia las rutas del Este europeo. Y en 2016 lo mejor que podemos esperar es que la situación se estabilice y no aumente”, detalla.
Todo ello a pesar del esfuerzo en la imposición de barreras físicas, financieras y económicas que ha costado a la Unión y a los Estados miembros al menos 1.600 millones de euros en quince años, una cantidad inferior a lo que la Comisión Europea ha dedicado este año para programas de empleo juvenil en veinte Estados europeos. Estos 1.600 millones son una estimación conservadora, ya que se han tenido en cuenta sólo aquellos programas exclusivamente dedicados al control migratorio, sin incluir, por ejemplo, costes de personal.
Las barreras más conocidas en España son las vallas de Ceuta y Melilla. Su mantenimiento ha costado a los españoles alrededor de 10 millones de euros anuales desde 2005, según consta en la respuesta parlamentaria que el Gobierno dio a Amaiur en septiembre de 2014. En Ceuta los gastos alcanzaron un total de 25 millones entre 2005 y 2013. Para Melilla se destinaron 47 millones.
Es el gasto más visible, pero no el único. Sólo en el último año, España ha comprado armamento explícitamente dedicado a la “lucha contra la inmigración ilegal” por 6 millones de euros, tales como embarcaciones, patrulleras y cámaras térmicas.
La ‘solidaridad’ europea no ha faltado en este campo. Como consta en el detalle de adjudicaciones del Fondo Europeo ‘Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios’, que este diario ha obtenido a través de una petición de acceso a la información, entre 2007 y 2013 los diferentes gobiernos españoles han adquirido material bélico para la “lucha contra la inmigración ilegal” por 155,87 millones de euros.
Los gastos no sólo se limitan al armamento. Italia es el país de destino de la llamada Ruta del Mediterráneo Central, que desde el Norte de África pasa por Lampedusa y llega a Sicilia. Ante la imposibilidad de crear barreras físicas, el Gobierno italiano ha pagado más de 17 millones de euros desde 2011 para facilitar barcos, entrenamiento o visores nocturnos a las autoridades libias.
Ejemplos de este tipo los hay en toda Europa. “A la hora de decidir cómo parar la inmigración, las políticas de los Estados miembros siempre han sido unánimes”, recuerda a este diario Claudia Finotelli, socióloga e investigadora en temas migratorios del Departamento de Sociología II de la Universidad Complutense de Madrid. “La actitud defensiva nunca ha cambiado. Donde faltan acuerdos es en cómo encarar la inmigración calificada, en buscar el enfoque positivo”, añade.
Airbus, Thales, Indra: política para la industria
Para entender lo que hay detrás de este gasto hay que remontarse a 2003. “Europa necesita actuar rápidamente si no quiere quedarse atrás en la investigación tecnológica y si la industria quiere aprovechar sus resultados en respuesta a la urgente necesidad de productos relacionados con la seguridad”. La frase se haría pública sólo en 2004, en el informe que la Comisión Europea publicó del encuentro del Group of Personalities (GoP) convocado para crear un marco para la investigación relacionada con la seguridad fronteriza.
EADS (hoy Airbus), Thales, Finmeccanica o Indra eran los invitados de excelencia para dar vida a estas ‘recomendaciones’ que todavía hoy marcan las líneas estratégicas europeas del sector. Ni la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ni la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) fueron parte de este selecto grupo que, desde entonces, sólo se ha reunido dos veces de forma oficial.
Para este estudio se han analizado 39 proyectos de I+D financiados con fondos europeos entre 2002 y 2013 enmarcados en las directrices del GoP. En total, 226 millones de euros dedicados a investigar en el desarrollo de la seguridad fronteriza europea.
Proyectos como Operamar, Wimass o Aeroceptor tienen como objetivo proteger las fronteras desde el aire. Otros, como Staborsec, Effisec o ABC4EU, hacen más permeables las fronteras terrestres. Incluso se han desarrollado sensores para detectar a personas escondidas gracias a su olor corporal (Sniffer o Snoopy) o para robot-patrulleros del mar (UNCOSS) o de las fronteras terrestres (TALOS).
Tres de las compañías que participan en el GoP son las mayores beneficiarias de la financiación para desarrollarlos. Airbus ha participado en diez proyectos, repartidos entre catorce subsidiarias entre las que se encuentra Eurocopter España. 16 subsidiarias de Finmeccanica, el gigante industrial italiano, han recibido financiación para otros tantos proyectos y la multinacional francesa Thales se ha llevado 18, utilizando 13 subsidiarias.
La industria del control fronterizo se ha convertido en un círculo vicioso que crece gracias a sus mismos fallos
La participación española en estos proyectos quedó garantizada con la firma de Javier Monzón, expresidente de INDRA, en el documento del GoP. Indra Sistemas e Indra han participado en seis proyectos europeos para el desarrollo de tecnología que “previene la llegada de migrantes” (proyecto SOBCAH), “ataca la inmigración ilegal en el sur del Mediterráneo” (SEABILLA, en el que participó también la sección de Indra Espacio), el citado ABC4EU u Operamar, para garantizar la “seguridad marítima”.
Indra, por su parte, asegura que estos proyectos “contribuyen en general al esfuerzo europeo de monitorizar la inmigración irregular” y aboga “por la necesidad de grandes iniciativas lideradas por la Comisión Europea en esta área”.
Ruben Anderson, antropólogo e investigador posdoctoral de la London School of Economics, ha estudiado la industria del sector tanto en Europa como en Estados Unidos: “La industria del control fronterizo se ha convertido en un círculo vicioso que se agranda gracias a sus mismos fallos”, argumenta. “Por ejemplo, las vallas de Ceuta y Melilla y los sistemas de vigilancia instalados durante los últimos quince años han movido las rutas migratorias hacia aquellas que son más peligrosas. Y ello ha creado la necesidad de un nuevo mercado para la industria”, explica.
16.02 132.A 223: una partida para expulsiones
La llegada de migrantes y refugiados es sólo el comienzo de la historia. Una vez en Europa, se enfrentan a la posibilidad de expulsión por falta administrativa, como tener un visado caducado. En este caso ingresan en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y después, en teoría, se produce su expulsión. Según los datos oficiales a los que El Defensor del Pueblo tuvo acceso, menos de la mitad de los migrantes que entran en los CIE acaban siendo expulsados.
En los últimos años Frontex ha organizado, de forma conjunta con los Estados europeos, los vuelos de repatriación con un cupo de migrantes que cada país quiere expulsar. “Pero se trata sólo de una pequeña porción de las deportaciones llevadas a cabo por parte de cada Estado”, señala Leanne Weber, que ha investigado la cuestión para la Universidad de Monash, en Melbourne (Australia). “Los datos de todas las deportaciones deberían buscarse a nivel de cada país”, añade. El problema, sin embargo, es que cada Estado europeo recoge esta información según su propia metodología. Ni Frontex ni ningún otro organismo comunitario se ocupan de armonizarlos.
Esta pequeña parte de todas las repatriaciones ha costado a los Estados europeos –más Noruega, Suiza e Islandia– 11.300 millones de euros desde el año 2000. Es una cifra comparable a lo que la Comisión Europea ha presupuestado para cooperación territorial para los próximos seis años.
En España, esta maquinaria supone para las arcas públicas al menos 49 millones de euros al año, 15 millones más de lo que la operación de la Unión Europea, Tritón, costó durante su primer año de vida.
Es la cifra a la que permiten llegar los Presupuestos Generales del Estado y su Anexo de Inversiones. La partida clave tiene por código el “16.02 132.A 223” y su epígrafe es “transporte”. Como el Ministerio del Interior ha confirmado a este periódico, es la dedicada a las repatriaciones de inmigrantes.
Una vez ajustados los precios a la inflación, entre 2007 y 2014 España ha dedicado 256 millones de euros a esta partida. Añadiendo el coste de mantenimiento de los ocho centros de internamiento de extranjeros (algo más de 8 millones al año, según estima el Gobierno) y las inversiones en estos centros, se puede afirmar que España ha dedicado 348 millones de euros en siete años a detener y repatriar migrantes y refugiados, casi nueve veces más de lo que Interior ha dedicado a políticas de derecho de asilo en el mismo período. De acuerdo con los datos de repatriaciones de este departamento, el coste por migrante ha sido de más de 1.300 euros. El departamento de Fernández Díaz no ha querido comentar estas cifras ante las preguntas de este diario.
El negocio de traficar con migrantes
El otro lado de la historia está en la otra orilla del Mediterráneo. A pesar de barcos, muros, deportaciones y tecnología, los flujos migratorios están lejos de disminuir.
Desde el año 2000, al menos 1,2 millones de refugiados y migrantes indocumentados han viajado hacia Europa por tierra o por mar, sin contar las llegadas en avión. Muchos más han entrado utilizando pasaportes falsos o extendiendo su estancia más allá de la fecha de caducidad del visado.
Es una inversión que The Migrants Files ha intentado cuantificar recogiendo artículos de prensa y encuestas realizadas a los inmigrantes. Haciendo una estimación conservadora, los traficantes de personas se han embolsado más de 1.000 millones de euros al año por ‘ayudar’ a los migrantes a alcanzar Europa.
Para todos ellos, lleguen o se queden en el intento, el desembolso es alto. Como ocurrió a Nelson, que huyó de la Nigeria de Boko Haram y compró, por algo más de 500 euros, documentación falsa y un billete para España a un traficante. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) intentó ayudarle a solicitar el asilo, pero Interior rechazó dos veces su petición. Lo expulsó escasas horas después de que se le comunicara la segunda denegación.
Entre las fuentes consultadas se encuentra el trabajo de campo que la Cruz Roja Española realizó a los refugiados del Centro de Internamiento de Nouadibou, en Mauritania. Una plaza en un barco hacia España les costaba, de media, unos 690 euros. Para atravesar el mar desde Marruecos, el precio mediano ronda los 1.100 euros por persona. Sólo en esa ruta, la que llega a España por el Mediterráneo Occidental, los migrantes se han gastado 1.200 millones de euros en los últimos cinco años. Todos, hasta el último céntimo, han acabado en el bolsillo de los traficantes.