Cambiemos cree que detrás de las causas contra Macri está la procuradora.
Sin una agenda potente de proyectos de ley para discutir en el Congreso, el oficialismo en la Cámara de Diputados tiene otro objetivo en sus planes: poner en marcha el proceso de juicio político contra Alejandra Gils Carbó.
La procuradora general de la Nación fue una de las grandes ausentes de la Asamblea Legislativa de ayer, en la que el presidente Mauricio Macri inauguró las sesiones ordinarias. En el oficialismo juraban que la habían invitado y hasta mostraban el lugar que le hubiera correspondido, según la organización de la ceremonia. En el Ministerio Público aseguraron, en cambio, que no fue invitada, al igual que el año pasado.
Tras el fracaso del proyecto para encarar una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, el año pasado, los integrantes de la mesa chica de Cambiemos en la Cámara baja decidieron en los últimos días explorar otro camino para intentar destituir a la jefa de los fiscales, a quien atribuyen el avance de causas contra Mauricio Macri.
La vía del juicio político fue la receta reclamada por Elisa Carrió, en octubre pasado, cuando por su oposición se cayó el intento del oficialismo de destituir a Gils Carbó. Entonces, Cambiemos había logrado el acuerdo del massismo para avanzar en la sanción de un proyecto que iba a dejar a la procuradora en la cuerda floja.
Entonces, la líder de la Coalición Cívica aclaró que quería ver a Gils Carbó lejos de su cargo, pero advirtió que ella nunca iba a acompañar una iniciativa que le parecía “inconstitucional”. Ocurre que la ley de Ministerio Público dispone que el titular de la procuración sólo puede ser removido por juicio político, al igual que los jueces de la Corte.
El argumento de los principales referentes del oficialismo para evitar el juicio político era que no tenían la mayoría requerida, de los dos tercios de cada cámara. Hoy, ese número tampoco está. Pero Cambiemos ha decidido cambiar la estrategia: mientras que en el pasado no pensaban iniciar el juicio político hasta no tener asegurada la mayoría, hoy apuestan a empezar el proceso y ver qué efectos se producen después.
“En el mejor de los casos, podemos construir el número durante el proceso, a medida que vayamos dejando en evidencia las irregularidades. Si no llegamos, habrá servido para dejarla expuesta”, explicó a LA NACION un diputado de Cambiemos.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja está presidida por Álvaro González, un peronista de Pro muy cercano a la conducción de la bancada. El oficialismo podría poner las denuncias en agenda en las próximas semanas. Pero antes prevé una conversación con el massismo. Más en especial con Graciela Camaño, presidenta de la comisión bicameral de control del Ministerio Público.
Por ahora no hubo movimientos en ese sentido. “Todavía falta”, aclaran en el interbloque de Cambiemos. Pero reconocen que el alejamiento de la procuradora es uno de los principales objetivos del Gobierno en este año marcado por la disputa electoral.
El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el jefe del interbloque oficialista, Mario Negri, son conscientes de que les va a ser difícil aprobar la misma cantidad de leyes que el año pasado por tratarse el actual de un período de elecciones y campaña proselitista.
El temor del oficialismo en el Congreso es que ante cada proyecto la oposición introduzca reformas que desnaturalicen el espíritu de las iniciativas. En ese contexto, el juicio a Gils Carbó parece una apuesta segura.