El primer ministro magiar renuncia a los poderes especiales que le han permitido gobernar por decreto durante la pandemia de coronavirus.
El Gobierno del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orban, devuelve al Parlamento los poderes extraordinarios que recibió en el marco del estado de emergencia decretado para luchar contra el coronavirus, desatando entonces una ola de protestas dentro y fuera del país.
El Parlamento del país votó este martes unánime a favor de levantar el estado de emergencia y dichas competencias especiales, por lo que la vuelta al estado anterior solo depende ahora de la formalidad de que la ley aprobada sea firmada por el presidente del país.
A mediados de marzo, en medio de protestas y críticas de la oposición y ONG, los diputados del gobernante partido Fidesz de Orban dieron al primer ministro el poder de gobernar por decreto, una medida que despertó temores a una erosión de la democracia en el país centroeuropeo.
Con el fin del estado de emergencia, que concluirá en los próximos días, los decretos emitidos perderán vigor, si bien muchos fueron transformados en leyes por el Parlamento para mantener su aplicación.
Para la organización pro derechos humanos estadounidense Freedom House, la gobernanza por decreto erosionó más la democracia del país, dejándolo con un sistema híbrido entre la democracia y el autoritarismo.
También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al igual que otros políticos de dentro y fuera del país, así como diversos grupos de la sociedad civil, han expresado su “preocupación” por la situación creada en un socio de la Unión Europea.
Por su parte, la oposición húngara acusó a Orban de aprovecharse del virus para lograr sus metas políticas.
El pasado mes, Orban rechazó todas las críticas, atribuyéndolas a una supuesta “campaña política coordinada y una histeria nunca vistas dentro y fuera del país”, una acusación no solo reiterada por diversos políticos del Fidesz, sino que fue plasmada en el texto de la ley aprobada hoy. Es más, Orbán ha asegurado que después de que devuelva los poderes extras, sus críticos “recibirán la oportunidad” de disculparse.
“Nadie tiene que pedir perdón a Orbán”, afirmó, por su parte, en declaraciones a Efe Péter Krekó, el director del Instituto Political Capital. Según el analista, “las preocupaciones [sobre el uso de las competencias extraordinarias] que se han expresado anteriormente se han confirmado”, como lo demuestran, entre otras circunstancias, diversos procesos jurídicos llevados a cabo contra diversas personas por expresar su opinión en las redes sociales.
“El régimen húngaro ha mostrado en los últimos meses un importante desplazamiento hacia el autoritarismo”, enfatizó Krekó.
Algunas de medidas aplicadas durante el estado de emergencia llamaron más la atención que otras, como el registro y arresto de dos ciudadanos por criticar al Gobierno en las redes sociales.
Las autoridades aludieron al decreto que castiga con penas de cárcel la difusión de informaciones falsas y “alarmistas” sobre la pandemia de coronavirus, pero la Fiscalía posteriormente afirmó que no se ha cometido ningún delito. Según la oposición, esos casos penales tenían el objetivo de intimidar a la gente y a la prensa.
Críticas de la organizaciones de derechos humanos
Al mismo tiempo de poner fin al estado de emergencia, se aprobó una ley que regula la alerta epidemiológica que se aplicará ahora para reaccionar a eventuales nuevos brotes de infecciones, ante el temor de que se produzca una segunda ola de contagios.
De acuerdo con el texto aprobado, en caso de una nueva crisis sanitaria, la alerta abre las puertas para que las autoridades puedan limitar el funcionamiento de instituciones, principalmente hospitales y hogares de ancianos.
Pero a diferencia del controvertido estado de emergencia que llega a su fin, ya no se podrían imponer restricciones al movimiento de las personas.
“La destrucción de la democracia y el estado de derecho [en Hungría] fue resultado de los últimos diez años [desde que Orban subió al poder]”, ha recordado por su parte Anna Donath, eurodiputada del partido opositor Momentum.
De hecho, Orbán gobierna con una mayoría de dos tercios, lo que le permite lograr fácilmente la aprobación de cualquier ley que quiera, con o sin poderes extraordinarios.
Además, según han advertido Amnistía Internacional, la Unión por los Derechos Fundamentales y el Comité Helsinki Húngaro en un comunicado conjunto, la ley adoptada hoy contiene una disposición que abre las puertas a que el Parlamento vuelva a traspasar al Gobierno poderes extraordinarios similares a los anteriores.
Sea como sea, el ministro de Gobernación, Gergely Gulyas , adelantó hoy que el estado de emergencia podría levantarse en la medianoche de mañana miércoles.