Las amenazas de muerte le han obligado a recluirse. El británico-brasileño Deir Dos Santos votó por el Brexit, pero exige que su activación pase por el Parlamento. Y puede ganar la batalla legal.
“En ningún momento hemos querido anular el resultado del referéndum. Nunca nos hemos manifestado en contra del Brexit. Lo único que queremos es que se cumpla la ley y se hagan las cosas de la manera correcta”, insiste el letrado David Green. El prestigioso abogado representa a Deir Dos Santos, el “ciudadano de a pie” que ha llevado al Gobierno de Theresa May a los tribunales por sus planes de comenzar el divorcio oficial del Reino Unido con la UE sin la aprobación del Parlamento.
Desde que ha comenzado el bautizado como “el juicio del Brexit”, la vida de este peluquero de 37 años, con pasaporte británico y brasileño, ha cambiado completamente. Apenas se deja ver por su salón de belleza en el exclusivo barrio de Belgravia. Tampoco se le ve por Notting Hill, donde tiene su residencia. Varias amenazas le han obligado a recluirse. Aunque pocos de los euroescépticos extremistas que le acusan ahora de ser “enemigo uno de la democracia” están al tanto de que él también votó para salir del bloque en el histórico referéndum del pasado 23 de junio.
“Todos merecemos el derecho de ir a los tribunales sin experimentar miedo e intimidación”, asegura Green en una entrevista con El Confidencial. Al igual que su cliente, el letrado también ha recibido amenazas. “He cubierto casos con la mafia y el IRA involucrados en lavado de dinero. Sé que hay personas que pueden ser violentas. Yo estoy acostumbrado a ello, pero para el señor Dos Santos es distinto. Todo esto es muy grande. Nadie podía prever que se iba a llegar a una situación así, que los propios jueces iban a ser acusados en portadas de ir en contra de la democracia. Pero, pese a todo, mi cliente está decidido a llegar hasta el final”, explica.
Cuando Dos Santos presentó su caso al Tribunal Superior, la empresaria Gina Miller se unió también como parte demandante. Ambos piden que el Ejecutivo no pueda solicitar a Bruselas el artículo 50 del Tratado de Lisboa sin la autorización de Westminster.
A principios de noviembre, los jueces les dieron la razón. Pero el Gobierno ha apelado al Tribunal Supremo y entre el 5 y el 8 de diciembre, la máxima instancia judicial del país analizará uno de los casos más complejos de la historia reciente. La sentencia se espera para principios del próximo año.
“Lo que nosotros argumentamos es que solicitar el artículo 50 conduciría finalmente al Reino Unido a abandonar la Unión Europea. Y esto eliminaría una serie de derechos reconocidos por ley, como el derecho a la libre circulación. El Parlamento es la única institución que puede crear esos derechos por ley y, por tanto, la única institución que cuenta ahora con autoridad para retirarlos”, asegura el abogado.
El Ejecutivo de May señala, sin embargo, que puede utilizar la “prerrogativa real” para solicitar a Bruselas su intención de abandonar el bloque, porque ello no significa en sí mismo un cambio inmediato de los derechos para los ciudadanos británicos. Hay dos problemas fundamentales. El primero, que el referéndum de junio no era vinculante. Y el segundo, que Reino Unido no cuenta con Constitución como tal, de ahí ahora el conflicto. “El único beneficio de no contar con una Constitución como tal es que se promueve la flexibilidad. Pero la parte negativa es la incertidumbre que se genera en casos como este”, matiza Green.
Por si el asunto no fuera ya de por sí complicado, el Supremo también ha autorizado a los gobiernos de Escocia y Gales a exponer sus alegatos. “No nos afecta directamente como parte, pero indudablemente el proceso será aún más complejo”, explica el abogado. Casi un 52% del total de los británicos votó en junio a favor de abandonar la UE, si bien en Irlanda del Norte y Escocia ganó por amplio margen la opción de la permanencia. En este sentido, el gobierno de la nacionalista Nicola Sturgeon ha anunciado que hará todo lo posible para que Escocia se quede dentro de la UE. De hecho, no descarta convocar un segundo referéndum de independencia.
Según los rotativos, el Gobierno de May ya está preparando su estrategia para que el debate se resuelva por la vía rápida en Westminster, ya que es consciente de que existen muchas posibilidades de que pierda el recurso. Aunque la ‘premier’ insiste en que cumplirá su promesa y activará el artículo 50 antes de que finalice marzo del próximo año.
“Si perdemos, el caso termina completamente para nosotros. No hay más opciones legales porque es un asunto nacional y aquí no hay Tribunal Constitucional. Si por el contrario ganamos, mi cliente estará satisfecho de que las cosas se vayan a realizar de la manera correcta. Pero, sea cual sea la sentencia, la aceptaremos, eso está claro”, matiza el letrado.
Amenazas de muerte en las redes
La victoria, con todo, podría elevar aún más la tensión que se vive en la calle. Cuando el Tribunal Superior dio la razón a Dos Santos y Miller, ambos recibieron amenazas de muerte en las redes sociales y algunos de los rotativos más euroescépticos cargaron de manera indiscriminada contra los magistrados. “Los jueces contra el pueblo”, tituló “The Daily Telegraph”, que compartió enfoque con el tabloide “Daily Mail”: “Enemigos del pueblo”.
Pese a que los jueces especificaron en su sentencia que “nada de lo que afirmamos tiene relación alguna con los méritos o deméritos de que el Reino Unido abandone la Unión Europea”, los rotativos les acusaron de antipatrióticos apoyándose en las palabras de la propia May que, en el último congreso del Partido Conservador, afirmó que aquellos que pedían un voto en el Parlamento estaban “tratando de matar” el proceso de salida de la UE e “insultando la inteligencia de los británicos”.
“Nadie podía imaginar que íbamos a llegar a estos extremos. Y pese a que algunos insisten en que esto es una batalla legal para detener el Brexit, no es cierto. Es puramente un debate del proceso en sí. No un debate sobre dentro o fuera”, insiste el letrado.
Los euroescépticos aseguran que un debate parlamentario jugará a favor de Bruselas, ya que el Gobierno tendrá que explicar su estrategia. Pero Green lo pone en duda. “El Parlamento es suficientemente capaz de entender qué es una postura negociadora”, matiza. “Tanto diputados como lores apoyarán el Brexit, pero preguntarán algunos detalles porque está claro que la mayoría de los políticos quiere seguir siendo parte del mercado común”, añade.
Pese a que el letrado prefiere no revelar cuál fue su voto en el referéndum –“no es relevante para el caso”, dice- considera que durante la campaña hubo “demasiados eslóganes y pocas explicaciones”. “No se dijo que sería un proceso muy complejo y ahora la mayoría de los empresarios está preocupada porque las leyes no se vean afectadas dramáticamente. Creo que todo va a ser muy difícil porque además dos años es muy poco tiempo”, matiza.