En Córdoba, unas 200 personas subsisten en los alrededores de una cantera de cal; respiran el humo de los hornos y se exponen a enfermedades crónicas.
Domingo a la mañana. El sol cae sobre decenas de lomadas de piedras y canteras en explotación. Los hornos trabajan como cada día del año. Muy poca gente anda por Quilpo, el pueblo blanco del departamento Cruz del Eje, a unos 160 kilómetros de Córdoba, donde desde hace casi un siglo todo es cal, polvillo y humo. Aquí, llegaron a vivir casi 2000 personas, pero hoy son sólo unas 200 que residen en casas que corren riesgo de derrumbe.
Quilpo es privado. Todo pertenece a la empresa que explota la cantera, desde las viviendas hasta las calles. Sólo las cuatro escuelas -un jardín, dos primarias y una secundaria- son del Estado. No hay policía, servicios de salud ni correo. La recolección de residuos depende de Cefas, productora de la cal El Milagro.
La mayoría de los árboles y cactus de la zona están muertos. Parecen fósiles. Sólo algunas vacas rompen el paisaje que, de tan blanco, molesta a los ojos. La dueña original de la cantera era El Sauce, que quebró en 1994; la compró Cefas, de capitales nacionales, que también tiene otras explotaciones en San Juan, Olavarría y Zapala. Desde la cantera cordobesa salen 75.000 toneladas anuales de diferentes productos, como Cal Malagueño, El Milagro, Deca Vial y Santa Elena.
Los hornos están en marcha las 24 horas, los 365 días del año. Unas tres veces al mes hay voladuras en las canteras. Respirar polvo es la norma, al igual que un ruido de fondo que se escucha de forma permanente. Los vecinos están acostumbrados; ni siquiera lo notan.
A lo largo de los años hubo denuncias de grupos ambientalistas por el desmonte que se hizo en la zona para alimentar los hornos. Mariano Audicio, gerente de la planta, explica que hoy dos hornos funcionan a carbón de coque, “de bajo contenido de azufre”, y los otros dos a leña que llega desde Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. “Toda la madera tiene guía forestal y auditorías”, asegura.
Los troncos depositados crean un ambiente propicio para las vinchucas. En la zona, el mal de Chagas es crónico, por lo que el Ministerio de Salud hace controles periódicos a los habitantes. Otro contratiempo son las enfermedades respiratorias. En el hospital de Cruz del Eje confirman que el problema supera la media de la zona.
Olor a carbón
Los empleados y los vecinos comentan que el olor del carbón es muy invasivo. “Es nuestra única fuente de trabajo; no podemos atacarla”, dicen. En Quilpo, la gente duda en hablar, pide el anonimato, dice que son “cautivos”. Casa, servicios y trabajo dependen de la empresa.
La otra opción para los hornos es el gas natural. Hay un proyecto para extender 16 kilómetros el gasoducto que va a San Marcos Sierras. “El tema es la financiación, estamos en diálogo con la provincia”, dice Audicio.
Acompañado por Álvaro del Castillo, abogado asesor de Cefas, asegura que la explotación está muy alejada de la población y que se hace todo bajo normas y que no reviste riesgos. “La gente está habituada a este lugar, pero advertimos la situación y hay acciones para erradicar el pueblo”, dicen. En los 80, hubo gente que se mudó a un barrio del Estado en Cruz del Eje. Otros se fueron cuando, en 2002, la planta cerró durante nueve meses.
Hace un año hubo un muerto y 26 intoxicados por una emanación de carbón de coque de un horno en mantenimiento. El incidente reabrió el debate sobre la necesidad de erradicar el pueblo, pero quedó en la nada.
Darío Luna, secretario de Minería de Córdoba, señala que se realizan controles semestrales en la cantera y en la industria con un detector de sonido y de particulado aéreo. “Los valores están dentro de los márgenes permitidos; un poco alto el polvo en suspensión en la fábrica, por lo que se notificó a la empresa para que tengan más cuidado”, dice.
“Hay buena predisposición de la compañía, pero le estamos encima. Como usan mucha agua giramos un expediente a Recursos Hídricos para que intervengan”, explica Luna.El titular de esa área, Edgar Casteló, nunca respondió a las consultas de LA NACIÓN sobre los resultados de las evaluaciones.
Reclamos
Luna ratifica que los habitantes deberían irse: “No sólo por el medio ambiente, sino porque los caminos no son accesibles, hay guadales. No deberían quedarse en el lugar”.
Ramón Arias, delegado de los empleados, reclama que el Estado ayude a la gente a abandonar el lugar: “La empresa quiere que nos vayamos, cada vez hay menos servicios, mudan a los de la parte alta del pueblo (que es la mejor) a la parte baja, a casas más chicas y precarias. Voltean lo que queda para que nadie regrese, pero los escombros quedan ahí”.
En el alto están las ruinas de casas derrumbadas, de una escuela, del club, del hotel y hasta de la iglesia. Cefas explotará una nueva cantera en ese sector y no debe haber gente que viva cerca.
María Teresa está en Quilpo hace 39 años. Días atrás le pidieron que dejara su vivienda “de arriba” y pasó a vivir en un rancho. “Me quedo unos meses más porque trabajo en la escuela y, si no, tengo que salir a las cinco de la mañana de Cruz del Eje en el transporte que trae a los obreros”, dice. El ómnibus entra cada ocho horas y es gratis para los trabajadores.
“Hay un programa social con préstamos para facilitar la construcción de casas en la zona; devuelven en cuotas de acuerdo con lo que pueden pagar sin intereses -dice Audicio-. Las casas sufren un deterioro avanzado.”
El secretario general del gremio minero de Córdoba (AOMA), Pedro Argañaraz, alega que ese crédito es insuficiente y advierte que, en cualquier momento, va a haber un siniestro por el mal estado de las construcciones. “Los ambientalistas también piden evacuar por las condiciones del aire, incluso por el agua”, concluye.
La salida
Fátima tiene 25 años y toda su vida la pasó en el pueblo. “Cada vez es peor; si pudiéramos irnos, lo haríamos, pero el tema es cómo?”, dice. Otro problema es la falta de trabajo en la zona. En Cruz del Eje el Estado es el empleador más importante; la producción de olivos está en extinción y no hay otras alternativas.
Del Castillo plantea que “por una cuestión cultural hay resistencia a relocalizarse, ya que es cómodo por la cercanía. “Advertimos la potencial exposición a riesgo por tener la actividad industrial a tan escasos metros. Ya hemos hablado con el Estado para dar una solución; el punto clave es la financiación.”
Un promedio de entre 16 y 20 camiones diarios entran al pueblo. A las autoridades escolares de la zona el movimiento les preocupa por las adolescentes. Por eso han trabajado en prevención sexual con las madres y las chicas. Zulema Asís, al frente de la escuela Juana Manso, dice que “se va tomando conciencia, poniendo límites” para no tener que lamentar luego situaciones de prostitución infantil.