Jorge Castillo, conocido como “El rey de La Salada” acusado de liderar organizaciones que explotaban ilegalmente los puestos de la feria de Lomas de Zamora, aseguró que es “víctima de un oscuro entramada político-judicial” y que le “piden dinero” a cambio de su libertad.
“No estoy preso. Estoy secuestrado. No estoy sometido a un proceso ajustado a derecho, soy víctima de un oscuro entramado político-judicial. La privación ilegal de mi libertad no responde a motivos jurídicos. Soy un trofeo político”, afirmó en una solicitada publicada hoy en el diario Clarín.
Castillo está detenido desde el 21 de junio pasado por orden del juez de Garantías Gustavo Gaig como presunto líder de una “asociación ilícita” que explotaba de manera ilegal la feria de Lomas de Zamora, a cuyos locatarios
les cobraba un canon para permanecer en el lugar y otros por seguridad, limpieza, estacionamiento
Además está acusado de agredir a golpes a quienes no cumplían con los pagos.
“Existe un acuerdo de voluntades ilegítimo direccionado a mantenerme privado de la libertad. Un acuerdo de voluntades del cual forman parte autoridades del Ministerio de Seguridad, funcionarios policiales y funcionarios judiciales del fuero de Lomas de Zamora”, aseguró.
“Todos ellos, por acción o por omisión, han cometido un cúmulo de graves irregularidades”, sostuvo Castillo en su escrito.
Según “El rey de la Salada”, hubo una “alevosa violación” de sus derechos constitucionales a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio al ser allanada su casa ubicada en el partido bonaerense de Luján, donde mantuvo un tiroteo con la Policía que lo fue a detener.
“Se puso en riesgo mi vida, mi integridad física y la de mi familia al exponernos -irresponsable o intencionalmente- a la acción violenta y abusiva de un grupo de policías -supuestamente de élite- liderados por un oficial con antecedentes graves de violencia y abuso de autoridad que, razonablemente, no le permitirían vestir un uniforme y menos aún disponer de un arma oficial”, aseguró.
Castillo acusó al fiscal de la causa, Sebastián Scalera, de atribuirse “indebidamente la competencia en la causa, en exceso de sus atribuciones y en contra del texto expreso de la ley, sin siquiera poner en conocimiento del hecho al Juzgado de Mercedes, sustrayendo de este modo la causa de su juez natural”.
“Violación sistemática por parte del fiscal de mi derecho a defensa. Negación del acceso a pruebas. Ocultamiento de pruebas. Manipulación de las pruebas. Presión a testigos. Manipulación de testigos”, ejemplificó el acusado sobre las presuntas acciones ilegales del fiscal.
También criticó a periodistas que lo sindicaron como un “capo narco” y al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
“El rey de la Salada” afirmó que su objetivo es lograr que la “causa sea analizada a luz del derecho y que quien decida tenga en su escritorio la Constitución Nacional y el Código Penal y no manuales de marketing político”.
“Me piden dinero por mi libertad. Les contesto que no negocio mi libertad. Me presionan para que me calle. A todos aquellos que quieren mi silencio, aquí, en esta carta, tienen mi respuesta”, puntualizó.
Castillo fue detenido el 21 de junio de 2017 en su casa del barrio privado Haras Argentino de la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján, donde recibió a los tiros al Grupo Halcón.
En los 55 allanamientos realizados por la Policía bonaerense y la Gendarmería, también fueron detenidos su hermano, su cuñada y dos de sus sobrinos, uno de ellos llamado Adrián Castillo, a quien se sindica como jefe de “La Banda de River”, y cuatro policías provinciales.
Además, al día siguiente y tras una orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el predio Punta Mogotes se secuestraron once millones de pesos y más de seis mil dólares distribuidos en diez cajas fuertes a raíz de una investigación por “evasión impositiva” y “lavado de dinero”.
La causa que se le sigue a Castillo tiene 33 apresados, mientras que Leonardo Gaitán, sindicado líder de la banda de “Los Cucos”, permanece prófugo.
El 11 de agosto de 2017 por la noche fue aprehendido dentro del predio el otro presunto líder de una organización que operaba en Lomas de Zamora, el empresario Enrique Antequera, titular de la feria Urkupiña, en el primero de 30 allanamientos que finalizaron con otros 17 detenidos.