Los ciudadanos podrán demandar a quien consideren que facilita un aborto.
Texas, segundo estado más poblado de Estados Unidos, es el laboratorio del país al que aspira el trumpismo. Hay quien le llama “la post democracia”.
La misma semana en que los legisladores de ambas Cámaras sacaron adelante una propuesta que limita la capacidad de votar –afecta sobre todo a los no blancos–, en el estado de la estrella solitaria entró en vigor la normativa que permite prácticamente a cualquiera llevar armas al descubierto. Sin licencia ni entrenamiento, sin haber pasado el chequeo oficial, sin imprimir las huellas, aunque la mayoría de la población está en contra, en especial los policías.
Por si esto era poco, Texas abrió la guerra a las mujeres, a pesar también de que las encuestas no la avalan. El Tribunal Supremo, por cinco votos –todos conservadores– contra cuatro –los liberales, más el presidente John Roberts– rechazó bloquear la ley sobre el aborto más restrictiva que existe en el país al día siguiente de su vigencia. Establece un margen de seis semanas desde el último periodo, sin excepciones por incesto o violación, cuando muchas mujeres ni siquieran han confirmado que están embarazadas.
De facto es casi una prohibición puesto que los estudios indican que nueve de cada diez casos son posteriores a esas seis semanas, momento en que se supone se detecta el latido fetal.
En la regulación federal vigente, a partir de la sentencia Roe versus Wade del Supremo en 1973, se establece que la interrupción se permite hasta que el feto puede vivir fuera del útero, entorno a las 22 o 24 semanas.
Los más sorprendente de la conocida Senate Bill 8 es su inspiración castrista, en esos comités de la defensa de la revolución donde los vecinos se vigilaban unos a otros. La ley texana da poder a los anti abortistas, o a simples oportunistas, a actuar contra sus conciudadanos.
La regulación está redactada de tal forma que esos denunciantes, y no las fuerzas de seguridad o los fiscales, son los que tienen la potestad de aplicarla. Excluidas las pacientes, los ciudadanos privados pueden demandar a todos aquellos –médicos, sanitarios, personal administrativo de las clínicas, consejeros, facilitadores o el taxista o conductor de Uber– por mantener “una conducta que ayude o incite a la realización del aborto”, establece la norma.
“Uno de los grandes beneficios y una de las cosas más excitantes para el movimiento pro vida es que ellos juegan un papel para que se cumpla la ley”, declaró John Seago, uno de los impulsores, a la CNN.
No sólo se permite denunciar –no hace falta residir en Texas para intervenir–, sino que incentiva esta acción con un premio de 10.000 dólares y sin costas legales si ganan el pleito.
El presidente estadounidense, Joe Biden, expresó de inmediato su repulsa y calificó esta regulación de extrema.
“El fallo del Tribunal con nocturnidad es un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de las mujeres bajo la sentencia Roe versus Wade, que es ley suprema en el país hace casi 50 años”, remarcó en un comunicado.
“Al permitir que entre en vigor una ley que faculta a los ciudadanos privados en Texas a demandar a los proveedores, a los familiares que apoyan a un mujer en el ejercicio de sus derechos o incluso al amigo que la lleva al hospital, esto desencadena un caos constitucional, empodera a los auto justicieros a tener un impacto devastador. Completos extraños se entrometen ahora en la decisión médica más privada y personal que encara una mujer”, denunció.
Biden prometió un esfuerzo federal para que las mujeres de Texas dispongan de “un acceso seguro y legal a los abortos”.
Pero los anti abortistas, una corriente política unificadora para los conservadores, están eufóricos. Muchos estados pueden imitar la iniciativa de Texas. Y su gran esperanza es que el Supremo, cuando entre a fondo en el asunto el próximo año, anule o reformule muy a la baja la ley del aborto.