Las sanciones de Washington golpean a la petrolera texana Citgo, de propiedad venezolana y vital fuente de liquidez del régimen.
La del 10 de agosto de 1983 fue una noche memorable para los fans de los Boston Sox. No solo porque se impusieron en casa a los Texas Rangers, sino porque el amado letrero de la petrolera Citgo que se ve sobre el lado izquierdo del campo, apagado como símbolo de ahorro energético durante las crisis del petróleo, volvió a ser ceremoniosamente iluminado. Fuera del estadio, casi un millar de personas se congregaron en Kenmore Square para ver el triángulo rojo de Citgo brillar de nuevo, mientras los altavoces colocados para la ocasión disparaban la canción You light up my life (Tú iluminas mi vida).
El logo de Citgo no solo ilumina la vida de Boston: forma parte de la iconografía de todo EE UU. Su historia se remonta a 1910, cuando Henry Latham Doherty fundó la Cities Service Company, que en 1965 se convertiría en Citgo. Hoy emplea a 3.400 personas, posee tres refinerías —Texas, Luisiana e Illinois— que producen 849.000 barriles de petróleo al día, y tiene más de 5.000 gasolineras en 29 Estados del país.
Gasolineras como la de Bethesda (Maryland), a las afueras de Washington, que destaca que es “de propiedad local”, pero elude, igual que la web de la compañía, el elefante en la habitación: que Citgo pertenece, desde 1990, a la empresa pública de petróleos de Venezuela (PDVSA); que su presidente es Asdrúbal Chávez, primo del difunto comandante, quien gestiona la compañía desde Caracas tras serle denegado el visado; que cinco de sus directivos, ciudadanos estadounidenses, se encuentran encarcelados en Venezuela acusados de corrupción.
EE UU es el primer destino de las exportaciones de PDVSA, y la importancia de Citgo para el régimen chavista es doble. Por un lado, aporta la nafta, diluyente necesario para que el grueso crudo venezolano pueda fluir por los oleoductos. Por otro, constituye la única joya de la corona en la maltrecha economía venezolana, el chorro de petrodólares que Maduro necesitaba para asegurarse la lealtad de sus seguidores. Por eso, cuando Donald Trump quiso dar un golpe de gracia al régimen de Maduro, no tuvo que mirar muy lejos: tenía el objetivo en su propio territorio.
Después de años de tibias sanciones a Caracas, Washington se ha atrevido con PDVSA —con la congelación de sus fondos en EE UU, unos 7.000 millones de dólares (6.100 millones de euros)—. “Le urgimos [a la Administración de Trump] a considerar con cuidado el impacto que las sanciones sectoriales tendrían en empresas, trabajadores y consumidores estadounidenses”, pidió en una carta a la Casa Blanca el presidente de los fabricantes petroquímicos estadounidenses, Chet Thompson. Pero resulta que el petróleo venezolano ha sido uno de los pocos asuntos que escapan al America first del presidente republicano. Al menos a corto plazo.
Las sanciones a PDVSA obligan a Citgo a dejar de enviar dinero (y nafta) a Venezuela: debe consignarlo en una cuenta en EE UU a la que solo tendrá acceso el Gobierno de Guaidó, el único que EE UU reconoce. Ahora Citgo está en el centro de la batalla sobre el futuro de Venezuela.
Las sanciones han forzado a la compañía, según The Wall Street Journal, a estudiar una bancarrota como medida para proteger sus operaciones y para evitar que sus activos sean saqueados por leales a Maduro o desmantelados por los acreedores. EL PAÍS se ha puesto en contacto con Citgo, pero no ha obtenido respuesta a las cuestiones planteadas.
Perder el acceso al mercado estadounidense es un duro golpe para Venezuela, pues otros de sus principales clientes no pagan en efectivo: sus acuerdos con Rusia obligan a Venezuela a pagar en crudo, por lo que son exportaciones que no aportan liquidez. “Ese impacto siempre será menor que el autoinfligido. La producción ha bajado sustancialmente con Chávez y Maduro. Venezuela ha sido incapaz de reinvertir en campos petrolíferos o en equipo. Dicho eso, la clave ahora pertenece más a la política internacional que a la economía: ¿podrá Venezuela acudir a otros Gobiernos a por liquidez? Lo que deben preguntarse quienes quieren que Maduro se vaya es si han acorralado bien su acceso a otras fuentes de capital”, explica Edward Hirs, profesor de Economía del Petróleo en la Universidad de Houston.
También Citgo (que refina crudo de otros 18 países, el 24% de Venezuela) deberá buscar nuevos suministradores. El 7% de las importaciones estadounidenses de crudo vinieron de Venezuela el año pasado: es su cuarto mayor proveedor, tras Canadá, Arabia Saudí y México. “Citgo y las otras refinerías del golfo de México podrán reemplazar el crudo venezolano, probablemente con crudo canadiense. Será un realineamiento a corto plazo. No creo que altere el mercado global del petróleo”, afirma Hirs.
Citgo era ya una de las grandes petroleras estadounidenses cuando, en los ochenta, se convirtió en objeto de multimillonarias ofensivas de compra. “El precio del barril estaba muy bajo y los márgenes eran pequeños. Por eso PDVSA y otras petroleras extranjeras vieron que podían comprar refinerías en EE UU y asegurar la salida para su crudo”, explica Hirs. PDVSA compró la mitad de Citgo en 1986 y la otra mitad en 1990.
La llegada al poder en 1999 de Hugo Chávez, que puso fin a un periodo liberalizador, dotó a Citgo de un papel político. Los ingresos del petróleo, la mitad del presupuesto nacional, financiaron las reformas sociales del chavismo. Hoy Venezuela y la petrolera PDVSA deben miles de millones en compensaciones por la nacionalización de activos extranjeros.
El deterioro económico obligó, primero a Chávez y luego a su sucesor, el actual líder chavista, Nicolás Maduro, a utilizar Citgo como garantía de emisiones de bonos y de préstamos de la petrolera rusa Rosneft. La mitad de la compañía está hipotecada para Rosneft. Eso siembra un temor añadido en el Capitolio: que salga Venezuela, pero sea Moscú la que entre en la infraestructura energética estadounidense.