Solo una de cada 4 egresadas universitarias trabaja como profesional. Aunque tienen más acceso a la universidad, ellas aún sufren desventajas en el ámbito laboral como consecuencia de la maternidad. Además, se les exigen más requisitos que a los hombres.
La buena noticia: la marginación de las mujeres en el ámbito educativo es definitivamente un hecho del pasado. La mala: el mayor acceso de ellas a la universidad –y su mejor desempeño, traducido en tasas de graduación más altas– aún no se tradujo, en la Argentina, en una equiparación de las oportunidades laborales. Para ellas, el título vale menos que para los varones.
El dato surge del último anuario del Observatorio de la Maternidad: solo una de cada cuatro (24,6%) mujeres con estudios terciarios o universitarios trabajan como profesionales, contra el 38,1% de sus pares varones. Un hombre tiene casi el doble de probabilidades que una mujer de trabajar de lo que estudió, sobre todo si la comparación es con aquellas que son madres.
Según explica el informe, este “retorno laboral insuficiente” que padecen las mujeres es una oportunidad desperdiciada para el país, ya que, si participaran en ocupaciones de calidad en igualdad real con los varones, “las profesionales podrían contribuir a mejorar la productividad en los mercados laborales”.
Una de las principales barreras de las mujeres universitarias al momento de trabajar es su preferencia por carreras humanísticas por sobre las técnicas, que suelen tener remuneraciones más altas. “Las valoraciones sociales hacia lo que se considera masculino o femenino influyen en la orientación de mujeres y hombres hacia profesiones diferentes. Tradicionalmente la ingeniería y las ciencias físico-químicas son consideradas como empleos masculinos, mientras el trabajo de bibliotecarias, enfermeras y docentes (especialmente en la escuela primaria) es juzgado como femenino”, explica Carina Lupica, directora del Observatorio.
Otro factor crucial son las desventajas que sufren las mujeres en el ámbito laboral a causa de su maternidad, mientras que para los varones la paternidad no tiene el mismo impacto. Ana Lía Kornblit, investigadora del Conicet y el Instituto Gino Germani, señala que “las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras de los niños en sus primeras etapas y no existen suficientes recursos en la comunidad para que puedan delegar esta función en guarderías adecuadas y accesibles a sus presupuestos”.
Kornblit también menciona la menor disponibilidad de las abuelas, que en otras épocas tenían más tiempo para reemplazar a sus hijas en el cuidado de los nietos. Y añade “la mayor dificultad que en épocas pasadas para contar con personal doméstico confiable para dejar a los niños, dados los avances en la legislación laboral del servicio doméstico y los costos que implica”.
Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, coincide con el diagnóstico: “Todavía las mujeres son prácticamente las únicas responsables de la crianza de los hijos, las tareas del hogar y el cuidado de ancianos, niños y discapacitados”. Esta mayor responsabilidad que recae sobre las espaldas de ellas se traduce, entre otras cosas, en que los empleadores les exigen a las mujeres mayores credenciales educativas que a los hombres.
Para mejorar la inserción laboral de las egresadas universitarias, Bianco propone plantear mecanismos de discriminación positiva, es decir, “establecer cuotas mínimas de mujeres profesionales en empresas públicas y privadas”, y facilitar a los hombres profesionales las licencias por cuidado de un hijo enfermo o un abuelo. Bianco también subraya que el Estado debería facilitar apoyos como guarderías y hospitales de día para el cuidado de discapacitados y ancianos.
Lupica defiende la necesidad de generar incentivos “para que las mujeres se inclinen por estudiar carreras universitarias técnicas con mayor probabilidad de inserción laboral en los sectores más productivos de la economía”. Y enfatiza que hacen falta más políticas para promover la conciliación de trabajo y familia y, sobre todo, para que la responsabilidad de los cuidados sea compartida “entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias”, involucrando en cada hogar a madres y padres por igual.