El fiscal Garganta está terminando la instrucción pero ya dio por acreditado diversos delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Involucra al ex gobernador y varios ex funcionarios.
Después de dos años, la Fiscalía 11 de La Plata a cargo de Alvaro Garganta se apronta por estos días a finalizar la etapa de instrucción de las causas abiertas para investigar lavado de activos, desvío de fondos, adjudicación irregular de obras y negociaciones incompatibles con la función pública durante la gestión de Daniel Scioli en distintos organismos de la Provincia, con figuras que contemplan penas de hasta 50 años de cárcel para el ex gobernador, el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, el ex ministro Alejandro Collia, el ex titular de IOMA Antonio La Scaleia y el ex presidente de ABSA Guillermo Scarcella, entre otros muchos funcionarios de segundas líneas.
La denominada “megacausa Scioli”, en rigor son seis causas vinculadas a distintos hechos que se iniciaron en 2016 a partir de una denuncia radicada en la Justicia platense por la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y que en la actualidad tiene un total de 48 imputados, todos y cada uno de los cuales llegará a juicio oral con calificaciones legales que contemplan una expectativa de pena de hasta 50 años.
La causa central se desdobla en varias investigaciones puntuales, que van desde la supuesta adjudicación irregular y cartelización de la obra pública, millonarios contratos irregulares en ABSA, facturas truchas emitidas desde la Jefatura de Gabinete y con el programa “Soluciones Ya” y una larga serie de maniobras de fraude con internaciones domiciliarias y medicación oncológica.
En las próximas semanas, el titular de la Unidad Funcional de Investigaciones 11 terminará de definir la elevación a juicio, previa revisión del Fiscal General. Luego del traslado a la defensa, la jueza de Garantías Marcela Garmendia deberá decidir por el sobreseimiento o por habilitar la instancia de juicio oral, decisión que podrá ser apelada por la defensa de los imputados ante la Cámara de Apelaciones y Garantías.
¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que el ex gobernador, varios de sus colaboradores más cercanos y funcionarios lleguen a enfrentar a un Tribunal Oral Criminal? Las estimaciones en la Justicia platense varían. Lo cierto es que, una vez finalizada la instrucción por parte de Garganta, la causa entrará en una instancia donde se deberá resolver una larga serie de recursos y planteos presentados por los abogados defensores de los imputados en varias de las causas. Entre ellos, una recusación contra la jueza Garmendia impulsada por la defensa de los procesados en la investigación por supuestas irregularidades en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). “Todo podría demorarse un año”, dicen en los pasillos de las Fiscalías platenses.
El ex gobernador, ex candidato presidencial del kirchnerismo y actual diputado nacional es la figura central de la investigación que se extendió durante dos años y en la que Garganta contó con asistencia técnica y de personal de la Procuración General de la Corte y de la Unidad de Activos Ilegales de la Superintendencia de Narcotráfico del ministerio de Seguridad de la Provincia.
Scioli llegará a la instancia oral inhibido por casi 200 millones de pesos e imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en nueve hechos en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, igual que el ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y Ricardo Estanislao Miller, el empresario amigo del ex gobernador que fue beneficiado con la adjudicación de construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).
Miller Building SA construyó 15 de las 17 UPA durante la gestión de Scioli en la Provincia. La Justicia puso la mira en nueve de ellas, una de las cuales es la que se levantó en Los Hornos. Además, la firma del “Petiso” Miller compró en 2016 el predio a donde vivió el ex Gobernador en Villa La Ñata por U$S 3.850.000. Scioli había incluido el terreno en su declaración jurada de 2017 con una valuación de 9 millones de pesos, sin embargo meses más tarde lo vendió en casi 62 millones de pesos.
La otra investigación troncal es la relacionada al funcionamiento de ABSA, la empresa estatal de aguas y cloacas, entre 2009 y 2015. El presidente de la firma durante toda la anterior gestión fue Guillermo Scarcella, un operador judicial muy cercano a Scioli, sindicado como su presunto testaferro en la denuncia de Carrió, que hoy está imputado por “negociaciones incompatibles con la función pública, en 22 hechos en concurso real e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una expectativa de pena de 1 a 50 años según la elevatoria a juicio del fiscal Garganta.
Scarcella está apuntado por 22 contratos de servicios de alquileres de maquinarias calificadas como irregulares por un valor total de 62.7 millones de pesos. Junto a él fue procesado Pablo Damián Elias.
La “megacausa” Scioli tiene como uno de sus ejes la causa vinculada a supuestos delitos de corrupción en IOMA durante la gestión del ex titular Antonio “Tano” La Scaleia, donde se investiga un gigantesco fraude por más de 650 millones de pesos sólo entre 2013 y 2015.
COMPLEJIDADES
Junto a La Scaleia hay otros 19 procesados, entre funcionarios, integrantes del directorio vinculados a sindicatos y empresarios de firmas de internación domiciliaria, imputados por los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública y uso de documento público falso.
La instrucción vinculada a IOMA fue una de las más complejas por la enorme cantidad de casos denunciados y adjuntados a la investigación de afiliados que aparecían como beneficiarios de internaciones domiciliarias que se financiaban con dinero de la obra social pública de la Provincia. Además, en la mira hay otra larga serie de casos de supuestas irregularidades con medicación y prótesis.
Considerado la mano derecha de Scioli y su hombre de máxima confianza, Alberto Pérez es otra de las figuras centrales de la causa que ahora llegará a juicio oral si la jueza Garmendia no dicta su sobreseimiento. El ex jefe de Gabinete está imputado por los delitos de peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y con incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica de un instrumento público. Con esos delitos, la expectativa de prisión es de 1 a 50 años.
Pérez quedó en la mira por la emisión de una serie de facturas apócrifas desde la Jefatura de Gabinete para financiar eventos. En total, según la instrucción de la causa, la suma total bajo la lupa es de 10.720.000 pesos. En esta causa también está imputado Walter Carbone, ex director de administración del organismo en cuya lujosa vivienda se encontró una enorme estatua de un dragón con una caja fuerte empotrada.