Fue castigado con dos días de arresto y dos meses de inhabilitación para conducir; la pena quedará en suspenso.
La justicia porteña condenó por primera vez a uno de los 4000 choferes de Uber imputados por hacer uso indebido del espacio público y ejercer ilegítimamente una actividad, comportamientos castigados en los artículos 74 y 83 del Código Contravencional. La pena, de dos días de arresto e inhabilitación para manejar cualquier tipo de rodado por dos meses, recayó sobre un conductor que se acogió a la modalidad de juicio abreviado. No obstante, la sanción quedó en suspenso.
El acuerdo fue firmado ayer por el imputado y por el fiscal de Cámara Martín Lapadú y homologado por la responsable del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, Claudia Álvaro. Como condición para aceptar la pena en suspenso, Lapadú dispuso que el condenado -cuyas iniciales son G.E.D.M.- no debe usar la aplicación Uber en ninguna circunstancia.
La plataforma, que permite contratar viajes con choferes particulares, ya cumplió un año de funcionamiento en Buenos Aires y sigue disponible pese a varios fallos judiciales adversos.
La Justicia empezó a investigar al conductor ahora condenado a prisión cuando recibió un acta de comprobación labrada por el gobierno porteño en un control de tránsito por “transporte ilegal (Uber)”. El 22 de diciembre del año pasado, G.E.D.M. conducía un vehículo particular marca Renault, modelo Sandero, al servicio de la aplicación. “En el juicio abreviado se comprobó además que el imputado había recibido pagos de Uber por la suma de $ 4361, por medio de la firma Payment SRL, por prestar servicios de socio conductor”, indicaron en la fiscalía.
Para Lapadú, el proceso deja en claro que se trata de una actividad ilícita. “Ésta es la primera condena a un chofer de Uber a penas de arresto e inhabilitación para conducir por realizar actividades lucrativas en espacio público sin autorización y excederse en el límite de la licencia de conducir. De esta forma, queda afirmada en una sentencia condenatoria la ilicitud de las conductas de los choferes de Uber”, indicó a LA NACION.
“El juicio abreviado es una modalidad que permite el Código de Procedimiento con el objeto de evitar el juicio y resolver la situación procesal del imputado en forma expeditiva”, agregó.
El fiscal indicó que son en total 4000 los conductores imputados que serán notificados y citados a declaración indagatoria en lo sucesivo. Estos choferes quedaron en la mira judicial, según detalló el fiscal, cuando tras el allanamiento de las oficinas de la billetera virtual Payment SRL se obtuvo la lista de las transferencias realizadas por la empresa.
“Todos los choferes, cuando sean citados o se acerquen a la fiscalía espontáneamente, podrán solicitar el juicio abreviado, lo que será evaluado según el caso”, indicó. Y agregó que el dinero que recibieron, en caso de que siga depositado en las cuentas, podría ser confiscado.
La Fiscalía General de la Ciudad ya había conseguido un fallo a favor del bloqueo de las plataformas digitales a través de las cuales se accede a la aplicación y también la prohibición del cobro mediante tarjeta de crédito.
“Lo fundamental fue el fallo de cámara que, la semana pasada, confirmó el bloqueo del servicio. Eso va a ser determinante para la no continuidad de Uber. Sería una desobediencia pasmosa de la compañía, porque lo que no se explica es por qué no acata una orden de la Justicia. Creemos que en 15 días ya dejará de funcionar el servicio”, estimó Lapadú.
LA NACION consultó ayer a los voceros de la empresa Uber, pero no quisieron hacer declaraciones sobre las últimas novedades judiciales.
Uber llegó al país hace un año y desde entonces funciona sin cumplir con los requerimientos de una empresa de remises o de taxis. El gobierno porteño, el Sindicato de Peones de Taxi y la Justicia combaten la aplicación, que funciona en cientos de ciudades del mundo. Sin embargo, nada detuvo sus operaciones. Según cifras de la compañía, al menos 200.000 pasajeros diferentes usaron el servicio, suman 1.100.000 quienes tienen la aplicación y hay 5000 choferes activos. Más del 60% tiene otros trabajos y el 90% es dueño de su auto.
Irregularidades en la vía pública
Cuidacoches
También realizan una actividad lucrativa no autorizada en el espacio público, que en la mayoría de los casos incluye además una extorsión
Manteros
Los manteros se instalan en el espacio público sin permiso y obtienen un rédito económico por la venta de productos. Sólo se admite la venta para “mera subsistencia” y la actividad de los artesanos habilitados
Venta ambulante
El expendio callejero ilegal de mercadería de variada clase, desde alimentos hasta chucherías, es otra contravención
Mesas en la vereda
Algunos locales gastronómicos colocan mesas afuera sin autorización o más de las permitidas
Verdulerías
Resulta habitual que exhiban productos en la acera