El titular de Inspección General, Emilio Sucar Grau, especificó en la 99.9 el operativo que realizaron con los “trapitos” que agredieron a la cantante Silvina Fluchá y reclamó que no salgan inmediatamente en libertad: “después de lo que hicieron no pueden entrar a la comisaría y salir a los 10 minutos”. Además, se refirió a la situación de los geriátricos. 
La agresión de dos “trapitos” a la cantante Silvina Fluchá en el semáforo de Córdoba y Rivadavia ha generado que nuevamente surjan reclamos por el control de la tarea que realizan los cuidadores de coches. El titular de Inspección General de la comuna, Emilio Sucar Grau, se refirió al tema en la 99.9: “cuando nos constituimos en esa esquina, nos enteramos que es una pareja conflictiva que ya arrastra peleas con gente de la zona. Se debería haber previsto este tipo de situaciones”.
Las medidas que tomaron fueron sacarlos de ese lugar e impedirles su regreso allí: “con la Policía Local y gente de la Seccional Primera, fuimos, nos presentamos y le solicitamos que no vayan más. Montamos una guardia policial para que no se instalen nuevamente ahí”, concluyó.
Si bien hay posibilidades de que se ubiquen en otro lugar a realizar las mismas prácticas, Sucar Grau indicó que se debe trabajar para que una vez que son protagonistas de una agresión de este tipo, deberían estar detenidos. “Hay un problema de legislación porque después de lo que hicieron no pueden entrar a la comisaría y salir a los 10 minutos. Esto terminará con una desgracia y se debe trabajar urgente en este tema”, agregó.
También se refirió a otro tema delicado y que sigue siendo una preocupación constante en la ciudad: la denuncia contra distintos geriátricos. “Tenemos unas cuantas denuncias por diversos motivos. Cuando tienen habilitación nuestra concurrimos de inmediato al lugar con la gente de Desarrollo Social y Salud verificando que la denuncia sea correcta. Hicimos un par de procedimientos esta semana y no encontramos falencias graves”, puntualizó.
Los problemas más graves se presentan en los lugares que funcionan de manera clandestina porque no pueden ingresar con facilidad: “tenemos denuncias, vamos al lugar, de afuera son domicilios particulares y la única manera de ingresar es con una orden judicial. Lo que hacemos es trasladarle a la justicia penal la denuncia y pedirle al juez de turno la orden de allanamiento”.
En ese tramo, es donde se pierde la posibilidad de saber cuál es la situación real en esos lugares: “ahí se genera el problema porque a veces los jueces son reticentes a dar esas órdenes de allanamiento. Por el barrio La Perla estuvimos durante este semana y estamos muy atentos a este tipo de cosas porque son personas indefensas y debemos protegerlas”, finalizó.