Este delito creció un 15% respecto de 2014; las “cuevas” pagan hasta $ 400 por los aparatos sustraídos; Once, Flores, Caballito, Palermo y Liniers, donde más hechos se cometen.
Puede ocurrir en la avenida Cabildo y Juramento, en Belgrano, cerca de la estación de subte. También en la zona de Once o en los barrios de Retiro y Constitución, cuando miles de personas suben y bajan apuradas y distraídas de los trenes metropolitanos. A veces es un simple hurto y en otras se trata de un violento robo. Lo cierto es que en la Argentina se roban casi 300 teléfonos celulares por hora, que terminan en “cuevas” y “laboratorios”, donde son desbloqueados para después ser revendidos o desarmados para usarlos como repuestos.
El gran negocio ilegal del robo de celulares también impactó con fuerza en los agentes oficiales de telefonía móvil, que, para evitar grandes pérdidas económicas, debieron modificar la logística de distribución y almacenamiento en los locales comerciales.
Así lo informó a LA NACION el presidente de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema), Hugo Rolón. “Por día, según un estudio que hizo una consultora, en la Argentina se roban 7000 teléfonos celulares, es decir, 292 por hora. Se trata de un delito por el cual los mayores perjudicados son los agentes oficiales”.
El último informe hecho por Catema indica que hubo un crecimiento del 15% de esta modalidad delictiva si se comparan los reportes de 2014 y de 2015.
Una calificada fuente de la Policía Metropolitana, a cargo de varias investigaciones ordenadas por la justicia federal, contó a LA NACION que las “cuevas” compran los teléfonos robados, para luego revenderlos o usarlos como repuestos, a entre 200 y 400 pesos, según marca y modelo.
El delito en auge y la utilización de aparatos robados en otros delitos como los secuestros extorsivos o los secuestros virtuales hicieron que la Procuración General de la Nación creara una Comisión de Fiscales para la Elaboración de Estrategias de Intervención para el Robo y Hurto de Teléfonos Celulares, que ya mantuvo reuniones con empresas prestadoras de servicios.
“El objetivo es analizar el delito y hacer un diagnóstico de su permanencia en el tiempo para elaborar estrategias de prevención y persecución”, dijo a LA NACION el fiscal Diego García Yomha, a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal e integrante de la comisión especial.
Los venden en galerías
Según el informe que hizo Catema, los lugares de la ciudad de Buenos Aires donde más robos a comercios de venta de teléfonos celulares ocurrieron fueron la zona de Once, Flores, Caballito, varios puntos de la avenida Santa Fe y Nueva Pompeya. En el conurbano, el top five de los robos fue para Florencio Varela, San Miguel, Morón, Lomas de Zamora y José C. Paz. En el interior, el tope del ranking lo ocuparon Rosario, Mar del Plata, Mendoza, San Miguel de Tucumán y La Plata.
En mayo pasado, por orden del juez federal Daniel Rafecas, detectives del área Cibercrimen de la Policía Metropolitana hicieron allanamientos en cinco locales de una galería de la avenida Corrientes al 2200, en Once, donde se sospecha que se vendían celulares robados en la calle y en comercios de telefonía. En los procedimientos fueron detenidas nueve personas.
Para la investigación, la Policía Metropolitana analizó una serie de imágenes de arrebatos de teléfonos celulares en el microcentro. “En la segunda etapa de la pesquisa, por medio de entrecruzamiento de los datos obtenidos, se pudo comprobar el circuito de los celulares robados: en primer lugar se produce el robo o hurto, ya sea en el comercio o a un usuario; luego lo llevan a los locales dedicados a la venta ilegal, donde, en el caso de un equipo de alta gama, se los compran a los delincuentes por entre 200 y 400 pesos; y por último son puestos a la venta como usados a la mitad de su valor original”, sostuvieron las fuentes del área Cibercrimen de la fuerza de seguridad porteña consultadas.
Fuentes judiciales explicaron a este diario que después de recibir los peritajes sobre los equipos secuestrados en los allanamientos, el juez Rafecas ordenó las declaraciones indagatorias para ocho imputados que se realizarán en los próximos días.
Rafecas ya avanzó en otra causa similar que investigó con la colaboración de detectives de la Policía Federal. Procesó a siete personas por el artículo 12 de la ley de servicios de comunicaciones móviles (25.891), que prevé una pena de entre seis meses y tres años de prisión para la “persona que, a sabiendas de su procedencia ilegítima, adquiriere por cualquier medio o utilizare terminales celulares, Módulo de Identificación Removible del usuario [tarjetas de telefonía] o la tecnología que en el futuro la reemplace”.
La investigación comenzó el 9 de marzo pasado cuando personal de la comisaría 7a. de la Policía Federal descubrió, en una galería de la avenida Corrientes al 2300, en la zona de Once, a un joven con varios teléfonos celulares. En actitud sospechosa, el muchacho guardó los aparatos en un bolso. Tenía más 35 móviles.
Según la resolución del juez Rafecas, en la investigación se “hallaron máquinas, terminales, CPU y equipos que, a simple vista, se utilizan para manipular equipos de telefonía móvil en forma clandestina, además de celulares denunciados como robados y otros adulterados”.
La sospecha es que la organización revendía en los locales, ahora allanados, los teléfonos que los delincuentes robaban en la ciudad.
Un fiscal puso bajo la lupa al barrio de Liniers
Ante la reiterada cantidad de robos y hurtos de teléfonos celulares en el barrio de Liniers, el fiscal federal Federico Delgado inició una investigación a fondo. Todo comenzó después de que en la Policía Federal se recibiera un mail donde se denunciaban que “existe un alto nivel de actividad delictiva, en particular robos de celulares, que luego son liberados en un local de Ramón Falcón al 7200, en Liniers”.
Entonces, el fiscal Delgado le pidió a los investigadores de la Policía Federal un detallado informe sobre la cantidad de denuncias de robo y hurtos que recibieron las comisarías de la zona, además de realizar tareas de inteligencia para determinar si en la zona se cometen delitos contemplados en la ley de servicios de comunicaciones móviles y “qué personas se encuentran involucradas en aquella actividad”.
El fiscal Delgado también le solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un informe sobre la cantidad de cámaras instaladas en la zona. En un segundo dictamen, el representante del Ministerio Público le solicitó al juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi, que de encargar nuevas tareas de inteligencia no se la pida a la Policía Federal y se lo encargue a otra fuerza de seguridad.