El Gobierno reglamentó hoy en el Boletín Oficial el articulado del nuevo Código Procesal Penal -sancionado en diciembre en el Congreso- que le quitará poder a los jueces para comandar las investigaciones y le dará más protagonismo a los fiscales de las causas.
Así, la gestión de Mauricio Macri pretende ser la cara visible de la implementación de la reforma para enarbolar la bandera de la agilidad judicial en pleno año electoral, en medio de los cuestionamientos a parte de la justicia federal.
El nuevo Código Procesal Penal implicará un cambio en la idiosincrasia de los tribunales. Propone pasar del sistema inquisitivo -donde el juez investiga y resuelve- a uno acusatorio donde la pesquisa es conducida por los fiscales. También promueve la oralidad de los procesos con el abandono de los elefantiásicos expedientes escritos y acotar las maniobras dilatorias que los abogados suelen poner en práctica para desacelerar las investigaciones.
“Viene justo lo del Código Procesal”, comentaba hoy una fuente oficial luego de que se conociera la confesión de Carolina Pochetti, viuda del ex secretario de los Kirchner, que dijo haber pagado una coima al juez federal Luis Rodríguez para que clausurara un expediente.
Según señalaron fuentes oficiales, se espera una implementación de la reforma por etapas. Entre mayo y junio sería el turno de Jujuy y Salta, para poco después ir por las provincias cuyanas y hacia el final del año llegar a algunas provincias patagónicas y a Santa Fe, uno de los distritos más calientes, sobre todo en materia de narcotráfico.
Recién al final del camino, y lejos de este año, llegará el turno de los juzgados federales de la Capital Federal. Es decir, de Comodoro Py.
Si bien la implementación estará a cargo de una comisión bicameral especial de monitoreo de implementación del Código Procesal Penal, el Gobierno pretende ponerse al frente de la capacitación y enarbolar el nuevo sistema, un proyecto que envió Cambiemos al Congreso para reemplazar a una iniciativa del kirchnerismo.
Cambios
En el año 2015 se había sancionado y promulgado un Código Procesal impulsado por el exgobierno. Pero apenas asumió, la gestión de Macri publicó el DNU 275/2015 para suspender su aplicación, introducir cambios al texto y evitar darle mayor poder a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.
Un esquema acusatorio implicará reformar la estructura del Ministerio Público Fiscal, comandado por el Procurador General, Eduardo Casal, mientras siga sin tratarse el postergado el pliego de la candidata del oficialismo, Inés Weinberg de Roca.
“Es un código más moderno, eficaz y ágil, para el juzgamiento de los delitos más graves que competen a la justicia federal de todo el país”, señaló el secretario de Justicia, Santiago Otamendi.
Vivido por el oficialismo como un triunfo, se espera que el Gobierno sume al Código Procesal Penal como un caballito de batalla en el discurso del año electoral. En línea con la agenda que quiere instalar Cambiemos, el nuevo Código contempla nuevas figuras para para la investigación de los delitos complejos como la del arrepentido, el agente encubierto y la declaración de testigos bajo reserva de identidad. También prevé que la víctima tenga un rol en la etapa de la ejecución de la pena.