Una organización destapada numerosas condenas penales y acusaciones por corrupción, tráfico de drogas o terrorismo.
De los 104.000 candidatos que se presentan a las elecciones regionales y locales de octubre, 75 afrontan juicios por corrupción, dos por tráfico ilícito de drogas, dos por terrorismo, y uno por desaparición forzada; otros 345 tienen condenas penales vigentes y 871 fueron sentenciados en juicios por alimentos (para el sustento de los hijos). Hasta ahora nunca se había debatido la necesidad de corregir la ley electoral, pero ante la amenaza de que más delincuentes formen parte del Estado, políticos y líderes de opinión han empezado a contemplar esta posibilidad.
La revelación de los antecedentes civiles y penales de los candidatos a ocupar 12.692 cargos regionales y municipales fue una iniciativa de la asociación civil Transparencia, que elaboró una base de datos llamada Verita después de revisar el currículum de los 1.395 candidatos que declararon que tenían sentencias firmes.
Tras las cifras de Transparencia, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) –el tribunal electoral– pidió la colaboración del Poder Judicial para consultar el Registro Nacional de Condenas y halló que 345 aspirantes tienen condenas vigentes, por lo que podrían ser excluidos de los comicios si lo ocultaron en su candidatura. Un informe del diario La República informó el domingo de que solo 64 candidatos declararon sus condenas.
La estatal Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ha hecho pública una aplicación para Android y una página web donde los ciudadanos pueden revisar si los 653 candidatos a las presidencias regionales y las alcaldías provinciales -de capitales de departamento- tienen procesos penales en curso por corrupción, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Del total, 75 enfrentan juicios por corrupción, dos por terrorismo y dos por tráfico ilícito de drogas. También esta semana, el ministerio de la Mujer difundió los nombres de los ocho candidatos a alcaldías provinciales que tienen sentencias por delitos contra la libertad sexual y otros 21 que no han pagado sus deudas por alimentos.
“A la luz de estos datos, los cambios en la ley electoral deben abordar los impedimentos para postular a quienes han cometido ciertos delitos de especial gravedad como corrupción, terrorismo, tráfico ilícito de drogas”, comentó a EL PAÍS el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara. La ley actual solo impide presentarse a los ciudadanos condenados a prisión o inhabilitados para ejercer derechos políticos.