El líder de la RAM está acusado en ese país de incendiar una propiedad y ocultar armas. Hubo un acampe para respaldarlo y se desplegó un operativo de seguridad para evitar incidentes.
Efectivos de policia Federal y Gendarmería Nacional custodian los ingresos al Gimnasio Municipal N°3
Foto: Mario Quinteros
La suerte de Facundo Jones Huala empieza a definirse en un clima tenso, pero silencioso. Con un despliegue de las fuerzas federales de Seguridad, movilizaciones y acusaciones cruzadas entre las partes, comenzará hoy a primera hora, en Bariloche, la última audiencia el juicio por la extradición a Chile, que reclama al lonko de la Pu lof en Resistencia, de Cushamen, por el incendio intencional de una vivienda en un campo en el sur de ese país, en 2013, y por tenencia de armas caseras.
El marco, poco convencional para un procedimiento judicial, será el gimnasio municipal N 3 de Bariloche. Allí, desde la tarde de ayer se desarrollaba un acampe de organizaciones sociales y comunidades mapuches. “Ni la cárcel ni las balas detendrán la lucha por la recuperación territorial y la autonomía del pueblo mapuche. Rafael (Nahuel) y Santiago (Maldonado) presentes”, decía una de las banderas atadas a las rejas del predio. El perímetro estaba custodiado por agentes de Gendarmería, que junto a PSA y Policía Federal, participa del operativo.
Entre los presentes en el acampe sobresalía la presencia de Matías Santana, el mapuche que declaró haber visto cómo Gendarmería se llevaba a Maldonado el 1 de agosto pasado y que ahora podría afrontar cargos por falso testimonio. También era de la partida Fausto Jones Huala, hermano de Facundo, y uno de los dos detenidos el día en que murió Rafael Nahuel en Villa Mascardi. El juez que lo detuvo y luego lo liberó es el mismo que ahora debe decidir el destino de su hermano: Gustavo Villanueva. “Facundo está bien y está tranquilo, con ganas de seguir luchando. El se va a defender”, expresó María Isabel Huala, la madre del lonko, en las puertas del gimnasio.
En rigor, Jones Huala no tiene que defenderse, pero tendrá dos oportunidades para hacer uso de la palabra. Primero, antes de las exposiciones de su defensa -que ejerce Sonia Ivanoff, de la Asociación de Derecho Indígena- y del fiscal Jorge Bagur Creta. Luego, podrá hacerlo una vez más. Villanueva, el magistrado que ordenó su detención luego de que fuera identificado en un control de Gendarmería en la ruta 40 el 28 de junio pasado, tendrá ahora hasta 72 horas hábiles para dictar sentencia. Ese plazo culminará el lunes, pero es probable que el magistrado publique antes su fallo en el sitio del Centro de Información Judicial (CIJ).
Jones Huala, en tanto, dijo en una entrevista con un medio cuál será el tono de su intervención. “Mi defensa será política, porque la causa es política. Por eso estoy perseguido en Chile y aquí. No tengo delito específico en este país, no estoy condenado. Se persigue una propuesta política, una voz. Sino, no se explica cómo dos Presidentes (por Mauricio Macri y Michelle Bachelet) se reúnen para tratar mi caso”, sostuvo.
Si el juez aprueba el pedido del Estado chileno o lo rechaza y deja a Jones Huala en libertad, las partes podrán apelar directamente ante la Corte Suprema, tal como indica el artículo 33 de la ley 24767 de cooperación internacional en materia penal. Los plazos, en ese caso, dependerán nada más que del máximo Tribunal.
En el juzgado de Villanueva rechazan que la causa haya estado paralizada durante 8 meses, como dice la comunidad mapuche. Afirman que el expediente siempre estuvo en movimiento. La anterior defensa de Jones Huala -la defensora pública Roxana Fariña- presentó un pedido de recusación ante el magistrado, que en diciembre pasado -cuando Ivanoff ya se había hecho cargo de la defensa- fue rechazado por la Cámara de Apelaciones de General Roca.
Aunque el gimnasio tiene capacidad para 1500 personas, habrá muchas menos durante la audiencia. Tras la protesta del sindicato de prensa de Bariloche, el juzgado autorizó a 26 medios a cubrir la presentación. A pedido de la defensa, otras 25 personas también estarán presentes.
En el ministerio de Seguridad -que lideró el operativo alrededor del proceso- confían en que Jones Huala será extraditado. Todavía les dura el malestar con el juez Guido Otranto, quien -por supuestas torturas a un testigo- anuló el proceso anterior y ordenó la liberación de Jones Huala, a pesar de que todavía regía el pedido de extradición de Chile.
En una entrevista con Cadena 3, el fiscal de la Región de los Ríos, Sergio Fuentes Paredes, señaló que el ministerio Público chileno pidió una pena de 12 años por los delitos que se le adjudican a Jones Huala y que el mapuche de nacionalidad argentina es el único imputado. “Desde que fue detenido, disminuyeron los atentados”, declaró.
Si bien no quedan detenidos en Chile por esa causa, allegados a la defensa señalaron a su vez que no les consta que Jones Huala pueda ser liberado en el corto plazo.
Fuentes del Servicio Penitenciario Federal señalaron que el referente mapuche sería trasladado esta madrugada en un operativo TAR (Traslado de Alto Riesgo) desde la celda del Pabellón 6 de la cárcel de Esquel, a 285 kilómetros de esta ciudad. El GEI -un grupo especial del Servicio- estaba a cargo de la operación, que contaría con apoyo del ministerio de Seguridad. Fuentes vinculadas a la causa anticiparon que el traslado sería en un helicóptero que aterrizaría en una cancha de fútbol, en las inmediaciones del gimnasio.