El fiscal Di Lello pidió peritar la compra de inmuebles y los ingresos por alquileres; además, hay dudas por préstamos de familiares y la facturación de sus empresas.
El fiscal Jorge Di Lello, sobre la base de informes de expertos contadores, sospecha que hay inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del vicepresidente Amado Boudou, investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito. Por eso pidió expresamente peritar algunos aspectos de su economía, la de su familia, la de su ex novia Agustina Kämpfer y la de sus socios.
El juez federal Ariel Lijo -que procesó a Boudou por supuestamente apropiarse de parte de la imprenta Ciccone- ordenó peritar su patrimonio. La investigación abarca a Kämpfer, a los padres de Boudou, a sus hermanos, a su socio José María Núñez Carmona, a Agustina Seguín -su ex novia- y a su supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele.
El estudio de los bienes lo realizarán expertos de la Corte Suprema. Ahora es el momento para que cada uno de los investigados designe a un contador experto de parte para que intervenga en el estudio y proponga puntos para peritar. El fiscal Di Lello hizo lo propio con el auxilio del contador Carlos Castro, que integra el área de asistencia técnica de la procuraduría antilavado, a cargo de Carlos Gonella.
Tras analizar la documentación patrimonial de Boudou entre 2006 y 2012, Castro y Di Lello pidieron expresamente averiguar sobre “inconsistencias”, según el informe del contador, entre las propiedades que figuran en los registros públicos oficiales, en las declaraciones ante la AFIP y en las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA). En particular, el departamento de la calle Juan Manso 740, piso 25, de Puerto Madero, para saber cuándo lo compró Boudou y cómo lo pagó. También quieren verificar la compra del departamento de Palermo que compró Agustina Kämpfer, cómo lo pagó y “mostrar la contrapartida financiera de la operación”.
Los expertos también quieren aclarar las “inconsistencias” sobre los saldos de dinero en efectivo en cada cuenta declarados al final de cada período informados por los bancos, que no coinciden con los informados ante la OA y la AFIP.
Otras “inconsistencias” se hallaron en la información dada a la OA, a la AFIP y a la IGJ sobre las sociedades comerciales que integra Boudou. Otra duda surgió ante un préstamo de un millón de dólares que Boudou dijo que recibió de su padre en 2008. Y los préstamos que realizó Boudou por financiamiento de compra de acciones de Hábitat Natural (de Núñez Carmona), por $ 214.110. El fiscal sospecha del dinero declarado como ingresado por alquileres: por eso pidió verificar quiénes son los locadores, los locatarios, los garantes y el monto de las cuotas, en particular la duda es por el monto del alquiler que Boudou dijo haber recibido por su departamento de Puerto Madero. La fiscalía duda de los ingresos por facturación de las empresas ligadas al vicepresidente. De hecho, la AFIP investiga a Action Media por usar facturas truchas para justificar erogaciones, según publicó LA NACION y confirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La fiscalía también cree que hay irregularidades, por eso pidió identificar la facturación de Inversiones Aspen y cotejarla contra los contratos que generaron facturación hacia WSM Rock Argentina y Action Media, ligadas a Boudou.
Una vez completadas la listas de puntos de peritaje que pidan los investigados, el juez Lijo mandará la documentación al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, que empezarán a analizar los números. Un informe de ese cuerpo será la clave para seguir el caso Boudou en 2015.
PROPYME: PIDEN INFORMES SOBRE EL ALLANAMIENTO
La investigación por el allanamiento a una financiera que detuvo el juez Norberto Oyarbide lo excedió y alcanzó a su pareja, Claudio Blanco. La policía estaba pidiendo sobornos en su nombre, dijo el juez.
El allanamiento fue en la mutual de crédito Propyme y fue interrumpido por el juez tras una llamada de Carlos Liuzzi, el segundo del secretario legal y técnico, Carlos Zannini. Liuzzi supuestamente denunció que la policía pedía coimas. Cuando el policía Fabio Ascona llamó al juez para preguntar por qué paraba el procedimiento, lo atendió una persona que el uniformado dijo que era Blanco, pues aparecía su foto en el perfil de WhatsApp.
Oyarbide no suele usar celular y se maneja con teléfonos de sus custodios y de su entorno. El juez Luis Rodríguez pidió informes a la telefónica sobre el titular del número y busca entrecruzar llamadas para determinar el rol de Blanco en el asunto.