El abogado chaqueño Carlos Sánchez, defensor del empresario Leopoldo “Polo” Carrena, advirtió en la 99.9 sobre presuntas irregularidades en una causa vinculada al caso Carbón Blanco y denunció que parte de la investigación fue remitida a la misma jurisdicción de los funcionarios señalados.
El abogado de Chaco Carlos Sánchez denunció una serie de presuntas irregularidades judiciales vinculadas a una investigación derivada del caso conocido como “Carbón Blanco” y advirtió que parte de la denuncia presentada por su defendido, el empresario Leopoldo “Polo” Carrena, fue enviada a la misma jurisdicción de los funcionarios que fueron denunciados. En diálogo con la 99.9, calificó la situación como “una barbaridad jurídica” y planteó que existe una “gravedad institucional importante”.
Sánchez explicó que la presentación judicial se originó a partir de una denuncia realizada por Carrena en la Fiscalía Federal de Mar del Plata, donde se abrió el legajo Coirón 26701/2026. Allí se plantearon presuntas irregularidades vinculadas al manejo de bienes secuestrados en la causa y posibles delitos como “peculado, falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según detalló el letrado, también se señalaron inconsistencias patrimoniales detectadas en información comercial vinculada a un fiscal chaqueño.
En ese sentido, indicó que “conforme la documentación que se aportó, tiene una deuda de más de 167 millones, compromisos mensuales de 16 millones de pesos y un sueldo aproximado de 6 millones”, lo que deja “una diferencia de 10 millones mensuales que no se sabe de dónde surge para pagar esos compromisos”. Para Sánchez, se trata de una situación que “debería investigarse de forma objetiva”, algo que —según afirmó— hasta ahora no ha ocurrido.
El abogado sostuvo que la sorpresa mayor surgió cuando la Fiscalía Federal de Mar del Plata resolvió dividir la denuncia. “Parte de la investigación quedó en Mar del Plata y otra parte, la vinculada a inconsistencias patrimoniales, falsedad ideológica y abuso de autoridad, fue enviada a la jurisdicción del Chaco”, explicó. Para el letrado, esa decisión implica que “la denuncia se le envía al denunciado para que decida qué hacer con la denuncia”, algo que calificó como “una barbaridad jurídica que por lo menos yo nunca vi”.
La causa original tiene como eje las acusaciones contra Carrena en el marco del expediente vinculado al narcotráfico internacional conocido como Carbón Blanco. Sin embargo, Sánchez afirmó que la imputación contra su defendido carece de sustento. “El señor Carrena es un empresario de muchos años, todos sus negocios fueron lícitos”, señaló, y agregó que incluso en Estados Unidos se realizaron informes comerciales sobre su actividad sin detectar irregularidades.
Según su explicación, la acusación plantea que Carrena habría participado en maniobras de lavado vinculadas al empresario fallecido Carlos Salvatore, pero el abogado sostuvo que “el señor Carrena jamás tocó un solo peso o dólar del señor Salvatore”. Incluso afirmó que su defendido lo conoció recién en 2010 a través de un escribano, cuando “simplemente le ofreció un departamento que finalmente se vendió”.
Otro de los puntos cuestionados por la defensa es un informe técnico contable utilizado como base para la indagatoria de Carrena. Sánchez aseguró que ese documento fue incorporado al expediente con irregularidades. “Ese informe se utilizó como base fáctica de la indagatoria pero no se le exhibió al señor Carrena”, afirmó, y añadió que el fiscal sostuvo que el documento había sido finalizado en marzo de 2021 cuando “los metadatos indican que estaba concluido en noviembre de 2020”, lo que —según el abogado— configuraría “una falsedad ideológica y una nulidad grave”.
El origen de la denuncia presentada en Mar del Plata también está relacionado con el destino de bienes secuestrados durante la investigación. Sánchez afirmó que varios vehículos pertenecientes a empresas vinculadas a Carrena estarían siendo utilizados sin autorización judicial. “Son vehículos que deberían estar bajo custodia y sin embargo están circulando con multas millonarias, de 10 u 11 millones de pesos”, indicó.
De acuerdo con el letrado, los registros de infracciones indicarían que algunos de esos vehículos habrían sido utilizados incluso por funcionarios. “Hay informes de multas en distintas ciudades, por ejemplo en Córdoba, conduciendo una camioneta Amarok que fue secuestrada a las empresas”, explicó. Para la defensa, se trata de bienes que “no deberían estar secuestrados y menos aún siendo utilizados por quien sabe quién”.
Sánchez sostuvo que la decisión de radicar la denuncia en Mar del Plata se debe a que allí fueron secuestrados muchos de los vehículos y también porque tanto Carrena como las empresas involucradas tienen domicilio en esa ciudad. “La competencia es ineludible ahí en Mar del Plata”, afirmó, señalando que la intención de la defensa era que la investigación se realizara con “transparencia, objetividad e independencia judicial”.
Además, el abogado denunció que tras presentar recusaciones contra el fiscal del caso comenzó a sufrir represalias. “Empezó a utilizar la autoridad y fui objeto de persecuciones”, aseguró. Según relató, incluso le secuestraron vehículos propios. “Me secuestraron autos que tenía a la venta frente a mi domicilio y hasta el momento siguen secuestrados”, indicó.
Entre esos casos mencionó el vehículo de su madre, una jubilada, que —según explicó— llevaba años sin funcionar. “Dijeron que era utilizado por una persona en otra causa, algo totalmente falso porque el auto no funcionaba y es de mi mamá”, sostuvo. Para el abogado, estas situaciones reflejan un escenario preocupante: “La impunidad es muy grande y la verdad es que nos sentimos completamente desprotegidos”.
Finalmente, Sánchez insistió en que la intención de la defensa es que la investigación se lleve adelante con garantías. Sin embargo, afirmó que la resolución adoptada por la Fiscalía generó sorpresa incluso dentro del ámbito jurídico. “Buscamos transparencia y objetividad y nos encontramos con algo mucho peor: que se envíe la denuncia a los propios denunciados para que decidan qué hacer con ella”, concluyó.