Lo resolvió la Corte Bonaerense. Dependían del ex fiscal general Julio Novo, con quien están esperando juicio oral por entorpecer la investigación del doble crimen narco de Unicenter.
Luego de un paréntesis de siete años, la Suprema Corte bonaerense dio un paso clave en una causa explosiva relacionada con la protección de narcotraficantes desde las más altas jerarquías de la Fiscalía General de San Isidro.
En un fallo firmado el pasado 28 de septiembre, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires resolvió cesantear a Melisa Fernanda Rey (41) y Mariana Busse (41), lo que en lenguaje simple y llano quiere decir que las echó. No son más funcionarias de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una sanción grave, que la Corte no suele tomar a la ligera y que sólo admite una situación peor: la exoneración, que le suma la imposibilidad de ocupar cargos públicos.
Tanto Rey como Busse estaban “suspendidas” desde noviembre de 2015, momento en que su situación judicial se complicó al igual que la de su jefe, el entonces poderoso fiscal general de San Isidro Julio Novo y sus adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro.
Todo el grupo fue indagado y procesado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en octubre de 2016. La acusación: haber obstaculizado la investigación que el fiscal de San Fernando Luis Angelini estaba llevando sobre dos ajustes de cuentas narco ocurridos en la jurisdicción.
Los casos fueron impactantes. Por un lado, el doble crimen del Shopping Unicenter, de Martínez, cuando en julio de 2008 fueron asesinados los colombianos Héctor Duque Cevallos (alias “Monoteto”) y su guardaespaldas, Jorge Quintero Gartner. Por otro, el homicidio de Juan Sebastián Galvis Ramírez, concretado en una casa de náutica de San Fernando poco despues, en febrero de 2009.
Con el propio Angelini como querellante y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez en la investigación, el caso contra Novo y compañía fue avanzando contra pronóstico. Novo primero fue suspendido y luego debió renunciar a su cargo, en julio de 2017.
Tanto él como sus adjuntos y las secretarias Busse y Rey fueron elevados a juicio oral. Pero el proceso está trabado desde hace años debido a un recurso de Caro que todavía tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.