En una movida burocrática sin precedentes, esta semana el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas publicó 47 reconocimientos de comunidades aborígenes en diferentes sectores de las provincias de Misiones, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y Chubut.
Semejante volumen de reconocimientos, a pocos días del cambio del gobierno nacional, llamó la atención de aquellos que estudian la cuestión.
“Son todas maniobras para fustigar al futuro gobierno con palos en la rueda por medio de la creación de fuentes de conflicto que podrían afectar la paz y la libertad de numerosas comunidades de nuestro interior que viven con esta amenaza permanente”, apuntó Héctor Hernández Vieyra, empresario agropecuario e integrante del “Foro de Seguridad Rural Argentino”.
Hernández Vieyra dijo que detrás de los grupos puede haber amenazas que afecten el patrimonio geográfico argentino y los intereses nacionales. “Se crean focos de insurgentes con afectación de nuestra soberanía”, señaló a Bichos de Campo.
A fines de 2021 un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández extendió hasta fines de 2025 un régimen sobre derechos de los pueblos originarios que en los últimos años facilitó las usurpaciones de campos en diferentes regiones del país.
Ese decreto prorrogó la Ley 26.160, vigente desde 2006, por medio de la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente eran ocupadas por comunidades indígenas originarias.
El gobierno kirchnerista extendió la norma por decreto porque la misma no contó con las voluntades necesarias para ser aprobada en el Congreso –como hubiese correspondido hacer–, dado que la mayor parte de los diputados nacionales entendieron que, como la norma exige requisitos muy laxos para validar la pertenencia a una comunidad “originaria”, la misma se viene empleando en los últimos años para fomentar las usurpaciones de campos y establecimientos agropecuarios por parte de grupos que en varios casos han empleado métodos violentos.
Un dato llamativo es que existe una notable acumulación de reclamos de comunidades “originarias” en zonas estratégicas del territorio argentino, ya sea por los recursos naturales que contienen o bien porque se trata de zonas con alta presencia de actividades de contrabando de bienes y sustanciales ilegales.
La lista en cuestión es por demás extensa. Esta semana el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dispuso el relevamiento técnico, jurídico y catastral para las comunidades de Amaby Poty, Kaaguy Yvate, Guaviray y Yayay Miri perteneciente al pueblo Mbya Guaraní en la provincia de Misiones; para Tenta Yapi y la Comunidad Nacional Guaraní en la provincia de Salta; y para Tonokoté Villa Nueva perteneciente al pueblo Tonokoté en Santiago del Estero.
El organismo inscribió además la personería jurídica de las comunidades Ayllu “Yacu Chiri” y Ayllu Cacan perteneciente al pueblo Diaguita (Cacano), de Sacha Sinchy perteneciente al pueblo Tonokoté y de Yscay Pozo Lule Vilela perteneciente al pueblo Lule Vilela en la provincia de Santiago del Estero.
Se reconoció en la provincia de Salta la “ocupación actual, tradicional y pública” para las comunidades Ita Poty Miri, Leony Poty, Tekoa Ara Poty, Santa Ana Mirí y Takuapi-í perteneciente al pueblo Mbya Guaraní; para las comunidades Centro Vecinal Wichi Lewetes Kayip, Rivadavia Wichi, Misión Villa Sagrada de la Comunidad Wichi de Coronel Cornejo, Asociación Siwoc Fiscal 21, Happe Siwokjuas, Laguna Cuchuy Yelha, La Mora, Wichi Hala Pelaj, Wichi Lahco Pluma de Pato, Whici Leweter Kalehi del pueblo Wichi; Diaguita Calchaquí Pucará Angastaco del pueblo Diaguita Calchaquí; San José del pueblo Chané-Guaraní; Guaraní Yacuy y Ñande Yer+ del pueblo Guaraní; Tupí Guaraní Bapurenda del pueblo Tupí Guaraní Bapurenda; y Vizcarra del pueblo Kolla.
En tanto, en la provincia de Santiago del Estero se reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” para las comunidades Majamud Sud, Punitayoj y Tonokoté Taqo Mishky del pueblo Tonokoté; Ayllu Cacan Coro Pampa y Ayllu Cacan Soconcho del pueblo Diaguita Cacano; Lule Vilela la Florida e Iscay Pozo del pueblo Lule Vilela; y Nockaishpa Pachamama del pueblo Vilela.
Por último, en la provincia de Neuquén se reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” para las comunidades Lof Newen Mapu, Lof Puel Pvjv y “Kaxipayin” del pueblo Mapuche, mientras que en Chubut se hizo lo mismo con las comunidades Ancao Carril y Victorina Palma y Fitamiche (El Maná) del pueblo Mapuche-Tehuelche y Huisca-Antieco y Mapuche Cañio del pueblo Mapuche.