Este tipo de cárceles registran una mayor tasa de agresiones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este jueves que planea poner fin al uso de prisiones privadas en el país, tras concluir que ese tipo de gestión de los penales acarrea más incidentes de seguridad y desprotección que los dirigidos por la Oficina Federal de Prisiones.
La Justicia estadounidense comenzará así a no renovar contratos con esas cárceles con el objetivo de dejar de utilizarlas.
“Este es el primer paso en el proceso de reducción y, en última instancia, pone fin a nuestro uso de establecimientos penitenciarios privados”, afirma en un comunicado la fiscal general adjunta del país, Sally Yates.
Según un informe conocido la semana pasada sobre las condiciones penitenciarias, las instalaciones privadas, por ejemplo, tenían tasas más altas de agresiones tanto entre internos, como entre reclusos y el personal empleado.
El informe enumera varios ejemplos de caos en instalaciones privadas, incluida una revuelta en mayo de 2012 en un centro del estado de Misisipi en el que 20 personas resultaron heridas y murió un funcionario.
En ese incidente, según el texto, estuvieron involucrados 250 reclusos que estaban molestos por la comida de baja calidad y la atención médica.
“El quid de la cuestión es que las prisiones privadas no son comparables favorablemente con las instalaciones de la Oficina Federal de Prisiones en términos de seguridad o servicios, y ahora, con la disminución de la población penitenciaria federal, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer algo al respecto”, dijo Yates en declaraciones al diario The Washington Post.
En los últimos años, numerosas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación estadounidenses han denunciado las precarias condiciones de este tipo de centros penitenciarios y alegado que la búsqueda de beneficios económicos llevaba a una atención deficiente a los presos, lo que causa numerosos altercados.
Aun así, los 13 centros de gestión privada que existen en Estados Unidos no se clausurarán de inmediato, sino que sus contratos venceran a lo largo de los próximos cinco años.