Este lunes se realizó una nueva audiencia en la que se reformularon cargos a dos personas, además de pedir inhibiciones de cuentas bancarias y bienes.
A dos días de que venza el plazo de la investigación de la causa por las estafas con planes sociales -que involucra a personal y funcionarios de primera línea del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén-, este lunes 27 de noviembre la jueza de garantías Carina Álvarez convalidó una prórroga por ocho meses solicitada desde la unidad fiscal de Delitos Económicos.
De esta esta manera, se extendieron los tiempos previstos a mediados de noviembre por el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, quien había manifestado -en diálogo con Radio Nacional- que en función a los tiempos que lleven informes periciales consideraban la posibilidad de elevar el caso a juicio en dos o cuatro meses.
Para sostener la prórroga del plazo de la investigación, el fiscal del caso dio detalles de lo realizado hasta el momento y de las medidas que resta llevar a cabo. Entre ellas se encuentra una pericia informática inconclusa que requiere de la apertura del 50 por ciento de los dispositivos secuestrados y un análisis posterior de la información que se extraiga. Esa tarea, hasta el momento está realizada en un 22 por ciento.
Asimismo se precisa que culmine un informe en curso sobre sobre las imágenes tomadas con las cámaras de seguridad y un estudio técnico contable, que tiene un avance del 50 por ciento. El mismo determinará el monto total del perjuicio.
También es necesario que se realicen las pericias caligráficas sobre las firmas que posibilitaron las estafas vía cheque, modalidad que se sumó a la investigación hace unos meses. Cabe recordar que en principio las maniobras de corrupción detectadas fueron a través del uso indebido de tarjetas de débito.
Estafas con planes sociales: embargos
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y Narváez también requirieron la renovación de las medidas cautelares dispuestas para proteger el patrimonio que, en caso de una condena, permita resarcir a las cuentas públicas por el monto del perjuicio, hasta el momento estimado en $153.377.900. Se trata de embargos sobre cuentas bancarias (hasta un 20 por ciento), billeteras virtuales, vehículos y propiedades inmuebles de las personas acusadas, además de las inhibiciones generales de bienes que habían sido impuestas al momento de la formulación de cargos y en la reformulación de los mismos.
Durante la audiencia de este lunes Narváez sumó nuevos bienes a ese embargo y planteó la extensión de la medida cautelar para “evitar una posible pérdida de los fondos obtenidos de manera ilícita” y, de ese modo, ante una eventual condena “intentar resarcir al Estado”.
La teoría de la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido. Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes al ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler, Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.
Mientras Soiza y Osuna continúan en prisión preventiva, Sanz logró recientemente la prisión domiciliaria. Las defensas de los dos primeros solicitarán que se revea sus respectivas situaciones procesales con el fin de lograr la misma morigeración que Sanz.
Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otras 26 personas imputadas – entre particulares y empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.
Estafas con planes sociales: reformulación de cargos
Previo a solicitar las medidas cautelares y la extensión del plazo de la investigación, la fiscalía amplió la acusación contra dos de las personas investigadas. Se trata de un varón y una mujer que fueron acusados inicialmente como “reclutadores” de eventuales beneficiarios o beneficiarias de planes sociales, pero que no habían sido parte de la reformulación de cargos desarrollada el 10 de noviembre pasado.
En esa audiencia, para ese nivel de participación en la asociación ilícita, se modificó el monto total del perjuicio y la cantidad total de hechos: 9.303, desde septiembre 2020 al 31 de julio 2022, con un perjuicio total a la administración pública estimado en $153.377.900.
Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías convalidó la prórroga de la investigación por 8 meses y dispuso un cuarto intermedio para resolver respecto de las medidas cautelares, hasta mañana al mediodía.
Hasta el momento, la investigación alcanza a 31 personas, de las cuales hay una a la que por motivos médicos aún no se ha acusar formalmente.