Alcaldes, ex ministros, dirigentes autonómicos, senadores, concejales y diputados. Un total de más de 300 políticos están siendo investigados en España por casos de corrupción. En el Consejo General del Poder Judicial, entre los gobernadores del Banco de España o en la mismísima familia real, también se han conocido estafas.
Esther Vivas, una periodista y activista, autora de diversos libros sobre movimientos sociales y políticas agrícolas y alimentarias, escribió una nota de opinión en la cual habla de los casos de corrupción que se han dado en España. Su último trabajo es “Planeta indignado. Ocupando el futuro”, escrito junto a Josep María Antentas.
Bárcenas, Pallerols, Crespo, Nóos, Mercurio, son algunos de los nombres que últimamente han estado en boca de todos por sus conocidas estafas. No sólo benefician a banqueros y empresarios sino se llenan los bolsillos para vivir en el derroche a costa de los cuidadanos.
El País Valenciá y las Baleares encabezan el ranking de la corrupción, seguidos de Catalunya, Galicia, Madrid y Andalucía. En el País Valenciá, nueve diputados del Partido Popular están formalmente imputados, así como antiguos altos cargos del gobierno de Francisco Camps. En Baleares, hay un centenar de imputados, entre cargos y exaltos cargos, la mayoría de la última legislatura del popular Jaume Matas, quien también tiene unas doce causas por financiación irregular.
En Catalunya, Convergència, tiene su sede embargada para cubrir la fianza de 3,2 millones de euros por el desvío de fondos del Palau de la Música y con la trama de las ITV acechando a su secretario general, Oriol Pujol. Más el caso del Institut Català de la Salut, que obligó a la dimisión de su presidente Josep Prat, o ahora el caso de Xavier Crespo, diputado de CDC en el Parlament, vinculado, presuntamente, a una trama de blanqueo de capitales procedentes de la mafia rusa. Jordi Pujol, desde su Centre d’Estudis un “código ético para profesionales de la política”, basado en la honradez y la transparencia.
El caso de los falsos Expedientes de Regulación de Empleo de la Junta de Andalucía, presidida por el PSOE, tuvo cerca de 70 imputados, entre ellos, ex consejeros, ex directores generales y ex viceconsejeros. Hoy en día, hay unos 80 alcaldes y ex alcaldes, además de concejales, que están siendo investigados por causas relacionadas con la adjudicación de obras y urbanismo. Muchos de ellos están imputados por delitos de malversación de fondos, prevaricato, tráfico de influencias y/o fraude.
Los partidos políticos mayoritarios han hecho lo que quisieron con los fondos públicos, por lo que no es sorprendente, que en el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en diciembre del 2012, los políticos y los partidos fueran considerados el tercer problema más importante que existe en el Estado español, seguido de la corrupción y el fraude. De hecho, en el informe Percepción de la Corrupción 2012, elaborado por Transparencia Internacional, el Estado español ocupaba el puesto número 30 de la clasificación, en el mismo lugar que Botsuana.
Una revista local llamada CafèambLlet, a principio del año pasado, denunció, con un iídeo casero, cómo el dinero de la sanidad pública catalana estaba siendo robado por empresarios y políticos de CiU y del PSC. Un tiempo después, la revista fue denunciada por Josep María Vía y condenada a pagar una multa de diez mil euros.
La impunidad de la que gozaban los políticos con la corrupción parece que se acaba con el crecimiento de la crisis. Y es que en la medida en que aumentan el paro, la pobreza y la precariedad, el enriquecimiento ilícito se torna insoportable. La crisis no se aprecia ya como resultado del “despilfarro” de los de abajo, sino como “robo” y “estafa” de los de arriba.