El abogado Javier Linier representa a unos 50 empleados de la Universidad Nacional de Mar del Plata que luchan por la recategorización, en un proceso judicial que pronto tendrá sentencia. Esta mañana en la 99.9, destacó que “no esperaban que este tema explotara ahora”.
Después del testimonio de Cristian Cardozo escuchado ayer en la 99.9, Javier Linier, el abogado de las 50 personas que no son representadas por el sindicato APU, explicó: “yo era profesor y abogado de todos los compañeros no docentes, pero por cuestiones de índole política debí apartarme del sindicato. Tenía amistades que no eran del tinte político del sindicato, ellos eran de izquierda y yo tenía muchos compañeros y amigos de origen radical. Por eso decidieron apartarme”. Luego abundó: “esa fue la explicación que me dieron sentados en el Rectorado, donde APU tiene su sede, por lo menos cuando estaba yo y desde que tengo uso de razón”.
El conflicto no es nuevo, sino que lleva un lustro de reclamos que no fueron escuchados, pero con una intencionalidad extraña. “En aquél momento estaba Robles Urquiza, era otra dirigencia. Después perdieron y mantuvieron el abogado, pero a este conflicto laboral lo fueron dilatando, y en algún momento iba a estallar. Hubo compañeros que confiaron en mi accionar profesional, por eso llevamos la misma causa contra la Universidad, pero son 50 personas que no van por el lado del gremio. Esa causa está próxima a tener una sentencia judicial”, anticipó Linier.
Claro que no todos los representados por APU reciben respuestas de la Justicia con la misma celeridad, por la demora del abogado en la presentación de la documentación pertinente y en la exposición de la apelación: “el error procesal lo puede tener el abogado o la dirigencia sindical. El abogado hace los escritos, para presentar un reclamo de tamaña significación por la cantidad de gente a la que representa; los que se encargan de la logística son los de la agrupación gremial, porque el abogado no puede tener contacto con 200 personas. Casi siempre se deja un modelo de carta poder para que la agrupación la distribuya en los lugares de trabajo. Si no hay un interés o no hay una logística, pasan estas cosas”.
En el camino de este proceso legal, hay dinero que no se quiere abonar y las dilaciones judiciales hacen creer que, al menos por dos años, no habrá posibilidades de cobrar: “hay muchísima plata en juego. Le están debiendo a cada trabajador hace 5 años un promedio de 1.000 o 1.500 pesos por mes, de acuerdo a la inflación, multiplicado por la cantidad de empleados. Encima, el juicio todavía no terminó, estamos en la etapa probatoria. Cuando terminen las pericias estaremos en condiciones de que emitan sentencia. Seguramente lo apelarán e irá a la Cámara, donde estará unos dos años; serán, entonces, más de 7 años. Todo esto puede pasar por un doble error procesal”.
El objetivo que se ha planteado APU es claro: “lo que están buscando es que todo le quede a la siguiente gestión, pero no esperaban que explotara todo ahora. Ya ganaron, porque hay solamente 50 empleados que podrán cobrar, que son los que lo represento. Aunque no sé si habrá alguno más por afuera”.