La integrante de la Red de Personas Viviendo con VIH-SIDA indicó en la 99.9 que desistieron de tomar el balneario que el municipio les había dado para trabajarlo por las constantes presiones que recibieron a pesar de tener todos los papeles en regla. Además, destacó que ningún funcionario los recibió.
La historia fue traumática. El municipio le había dado a la Red de Personas Viviendo con VIH-SIDA, la oportunidad de explotar laboralmente un balneario en la zona norte de nuestra ciudad pero cuando quisieron tomar posesión se encontraron con el lugar usurpado, donde se vendía alcohol sin autorización y además empezaron a ser presionados de distintas maneras.
Todo terminó con la devolución de los papeles por parte de la entidad, cansados de un problema que no querían tener. Una de las integrantes de la red, Estela Carrizo, comentó en la 99.9 que “sólo pudimos trabajar 4 días, pudimos poner orden en un lugar donde reinaba el caos, pero derivó en amenazas de gente que había usurpado esa estructura que nos dieron. Hicimos una inversión en el material para la playa, nos robaron los carteles y el impacto personal para quienes estaban empezando a trabajar ahí”.
Lo que más les llamó la atención fue la falta de respuesta de los funcionarios municipales ante hechos puntuales: “no tuvimos el acompañamiento de las autoridades municipales como tendría que haber sido desde un primer momento. Lo último que nos pasó fue que apareció gente con autos sin patente, adentro había chalecos de policía y una vez se acercó una persona de la Policía Federal que nos grabó, nos pidió nombre y apellido a todos y la documentación”.
Todos los que fueron a presionar y amenazar parecían luego comunicarse con el intendente Guillermo Montenegro, pero a ellos nadie los recibía: “hubo gente que se comunicó con el intendente para ver si teníamos permiso y se dieron cuenta que era real lo que planteabamos. Bonifatti tardó mucho porque en diciembre teníamos la habilitación y no tuvimos respuesta a todas las notas que presentamos. Hasta hoy, no nos ha recibido tampoco”, dijo Carrizo.
Las amenazas fueron tan graves que relató un hecho peculiar: “un día se presentó un señor como juez y agredió a los chicos para buscarles una reacción. Estuvo acompañado por otra persona que se identificó como integrante del poder judicial. Cuando fuimos a hablar con él nuevamente, se identificó como juez y pensamos que todo esto era demasiado para nosotros. Son chicos entre 18 y 20 años a quienes les estamos enseñando a trabajar. Ahora estamos viendo otras posibilidades laborales con el municipio, tendríamos la instancia de hacer un reclamo legal pero no queremos conflictos”.
Más allá de la malograda concesión, vieron que hay otros inconvenientes a los que el municipio no presta atención: “ahí hay otro problema que es la gente que baja con gomones a depredar en el mar sin control alguno del municipio. Bajan las 4×4 por encima de la gente y puede pasar una desgracia allí. Todo esto lo pusimos en conocimiento al municipio”.
De todas maneras, nunca pudieron llegar a Montenegro: “nunca pudimos hablar con el intendente pero pudimos ver que tiene gente en segundas o terceras líneas que no está colaborando para que las cosas se hagan bien”, concluyó.