El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad habló en la 99.9 sobre el veto presidencial a la Ley de Movilidad votada en el Congreso.
Los jubilados vuelven a estar en el centro de la escena luego de que el presidente Milei vetara la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria que había sido votada en el Congreso Nacional.
Hay algunas aclaraciones que hacer respecto también del impacto y el alcance que tendría esa nueva legislación y al respecto habló en la 99.9 el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino: “no es una reforma de fondo, es una pequeña reforma, pero en general se trabaja primero sobre escenarios diversos donde se evalúa cómo va a evolucionar la producción, la demografía, es decir, se hacen escenarios a 10, 20 o 30 años. Acá todo es mucho más precario. Yo pedí un informe que muy solícito me lo hicieron llegar, haciendo una evaluación muy simple, porque no tenían gran cantidad de datos. Ellos estimaban que la medida podía tener una incidencia de 0.4 sobre el PBI, pero con algunas incógnitas”.
Los números son muy distintos desde la mirada del gobierno nacional, porque según explicó Semino “el Ejecutivo habla de más de un punto y medio del PBI y hace una proyección en cientos de miles de dólares que no vi sobre qué se asienta. Se votó una pequeña recomposición sobre los 20 puntos de inflación del mes de enero. Se habían recompuesto 12,5 y los diputados hablan de una recomposición de ocho puntos. En realidad lo que se votó es un poco menos, son 7.2. Sobre los 5 millones de jubilados y pensionados, a cada jubilado le corresponde algo así como 16 o 17 mil pesos; no mueve su situación de misérrima actual. Sobre las pensiones no contributivas que son casi 1 millón, las no contributivas son las personas con discapacidad, es un poco menos, es entre $11000 y $13000 vale decir que no cambia la situación en el presente”.
Además, el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad advirtió que “la medida se debatió durante siete meses y el haber de jubilado se siguió licuando. En septiembre las jubilaciones y pensiones reajustaron cuatro puntos de IPC. En los 6 millones de beneficiarios, se aplica el IPC sobre el haber, entonces en las jubilaciones mínimas se van de $225.000 a $235.000, pero el bono es esa parte no remunerativa, el pago en negro, sigue siendo $70.000, los mismos $70.000 que el mes de marzo. Por lo cual esos 6 millones de jubilados y pensionados no reciben cuatro puntos del IPC sobre el total de su haber y el bono complementario, sino que terminan recibiendo tres puntos. Y así fue pasando todos los meses, de esto no se ha hablado”.
Lo que se pretende a través del proyecto aprobado es que ese “bono” finalmente quede incluido en el haber jubilatorio y sería uno de los principales argumentos para el veto presidencial: “una de las causas es la incorporación del denominado bono al haber por lo que a a partir de ese momento ya no hay más discrecionalidad, no se puede congelar, pagar menos, dejarlo de pagar, que es lo que se ve que haciendo durante los dos años. Al ser parte del haber, no solo que se pierde esa discrecionalidad para manejar la caja de la seguridad social, sino que a su vez el reajuste de movilidad se va a dar por el total y eso sí es un costo fiscal mayor, que es el que debiera ser apreciado. El otro gran tema, es que la sanción dice se seguirá reajustando por IPC, que es lo que ha fijado el propio gobierno hoy por decreto, pero si a fin de año el RIPTE, la variación del salario del trabajador activo, da mas que el IPC hay que hacer una corrección en el mes de marzo siguiente, equivalente al 50 % de esa diferencia, que dé más salario que IPC. Por lo cual esto también es una una llave abierta a no poder manejar el total del recurso”.