Aunque las protestas que tomaron las calles brasileñas decrecieron en casi todo el país, en Río de Janeiro nunca cesaron. Los manifestantes exigen la renuncia del gobernador y la desmilitarización de la policía.
Hace ya dos semanas, miles de manifestantes se instalan casi a diario en las inmediaciones del domicilio del gobernador del Estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. Exigen su renuncia y la “desmilitarización” de la Policía Militarizada (PM) de Río, a la que consideran racista, corrupta y extremadamente violenta.
Sérgio Cabral, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –aliado a nivel nacional del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) durante los últimos cuatro años–, era considerado uno de los presidenciables para las elecciones de 2014. Sin embargo, el ex diputado y ex senador reelecto al frente del estado carioca en 2010 con el 66% de los votos, actualmente es el gobernador con peor imagen de los 26 estados de Brasil.
Desde 2008, una de sus políticas emblemáticas fue la creación de la Unidad de Pacificación Policial (UPP) (dependiente de la PM) ocupada de “pacificar” algunas de las principales favelas de la segunda metrópolis brasileña y sin controles de ningún tipo. La UPP y el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), también bajo la órbita de la PM estadual, son acusadas de constantes abusos contra las poblaciones vulnerables y de cometer reiterados delitos de lesa humanidad. La desaparición de Amarildo de Souza, un albañil de 43 años residente de la favela carioca Rocinha, visto por última vez el pasado 14 de julio mientras se lo introducía en un móvil de la UPP, se convirtió en un caso testigo del accionar represivo y racista de esa fuerza policial.
A principios de agosto, las movilizaciones que demandan la aparición con vida de Amarildo se unieron a quienes montan guardia frente a la residencia del gobernador Cabral en el exclusivo barrio de Leblon. Los manifestantes también apuntan contra la policía estadual por las violentas represiones de las protestas callejeras de junio y julio y por considerarla una institución profundamente corrompida. Esta semana, el gobierno estadual dio de baja al jefe de la PM, el coronel Enrico Costa Filho, debido a su intento de aministiar a sus subordinados implicados en excesos represivos y a las comprometedoras circunstancias que rodean la desaparición del albañil Amarildo de Souza.
El jueves y el viernes pasado, un centenar de manifestantes vinculados a partidos de izquierda ocuparon las sedes de las Cámaras Municipales (consejos legislativos) de Río de Janeiro y de Niterói, uno de los principales centros urbanos del área metropolitana. En ambos casos, los manifestantes habían asistido a las plenarias de esas asambleas legislativas para reclamar transparencia en el accionar de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las concesiones del transporte de ómnibus urbano en Río de Janeiro y del proceso de concesión del transporte acuático a través de la Bahía de Guanabara en Niterói.
Las protestas por el funcionamiento y la falta de transparencia en las licitaciones del transporte público, que involucran a los alcaldes y a buena parte de los legisladores municipales, estuvieron entre los principales motivos de las movilizaciones callejeras de los últimos meses en Río, las más violentas de todo Brasil y las más multitudinarias junto a las de San Pablo.
A todo ello, se le agrega el extendido rechazo a la corrupción implicada en las obras de infraestructura para el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, que involucraron el intento de privatización del legendario estadio Maracaná, la demolición de las construcciones a su alrededor y el desalojo forzado de los habitantes y los comerciantes de sus inmediaciones.
Aunque no se refirió explícitamente a la situación que atraviesa el gobierno del Estado carioca, esta semana la presidenta Dilma Rousseff volvió a manifestarse a favor de las protestas callejeras y de las demandas que tienden a ampliar la democracia. Según informó el multimedios opositor O Globo, la presidenta estaría considerando abreviar el tradicional desfile cívico-militar del 7 de septiembre (día de la independencia brasileña) en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, para eludir posibles manifestaciones.