El Congreso sancionó una ley para expresar la voluntad de no recibir mensajes o llamadas de promoción o comerciales.
El registro nacional “No llame” ya es ley, pero habrá que esperar hasta su reglamentación para que los millones de clientes de las compañías telefónicas puedan inscribirse y dejen de recibir en sus teléfonos fijos y celulares llamadas y mensajes de texto que contengan publicidades y ofertas no solicitadas.
Así, la nueva normativa extiende a todo el país la misma protección con la que ya contaban ocho jurisdicciones -incluidas la ciudad de Buenos Aires y la provincia-, donde ya funcionaban los registros propios, aunque con un moderado número de líneas registradas.
Según informó ayer la Secretaría de Atención Ciudadana porteña, actualmente el registro de la ciudad cuenta con 34.300 líneas registradas. Para facilitar la inscripción (ya que antes los vecinos tenían que ir a una sede comunal o llamar al 147) se desarrolló un sistema que permite hacer el trámite por la Web, en www.nollame.buenosaires.gob.ar. Una vez finalizado, el sistema se contacta con la línea preinscripta para confirmar el pedido.
Sin embargo, como consignó ayer el diario cordobés La Voz del Interior en su versión online, “la provincia de Córdoba cuenta con una ley similar que fue sancionada en 2011. Pero la norma no está vigente porque nunca fue reglamentada, a pesar de que se fijaba un plazo de 90 días desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial”. Según consta en el periódico cordobés, el término venció en marzo de 2012: “en julio del año pasado, desde la provincia manifestaron que era muy complejo crear un sistema informático para que se pueda hacer realidad la norma, aunque aseguraron que el tema estaba muy avanzado y que se pondría en marcha pronto“.
Sobre la normativa que anteayer aprobó la Cámara de Diputados de la Nación, la Unión de Consumidores Argentinos (UCA) la calificó como un paso muy importante, “y nos compromete a monitorear su reglamentación para no desvirtuarla y seguir trabajando para hacer las mejoras necesarias“, señaló la entidad mediante un comunicado. También destacó que la ley “federaliza e iguala a todos los usuarios de telefonía, ya sea móvil o fija“.
En el texto de la ley se detalla que podrá inscribirse en el registro “toda persona física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía que manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios“. La normativa también dispone que la inscripción al registro debe ser gratuita, por medios sencillos y eficientes, y que el cliente tiene derecho a obtener una constancia de su inscripción.
La duración en el registro, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será de dos años y la baja se podrá realizar en cualquier momento.
Las empresas prestadoras de servicios telefónicos y los call centers que trabajen de manera tercerizada con las operadoras deberán actualizar la nómina de registrados con una periodicidad de 30 días.
No obstante, algunas llamadas quedarán exceptuadas y podrán seguir realizándose: allí quedan contempladas las campañas de bien público, las llamadas de emergencia pública, las campañas electorales y las llamadas que deben ser realizadas por razones contractuales, estas últimas en “horarios razonables”.
La diputada nacional del GEN-FAP, Virginia Linares -autora de uno de los proyectos tomados en consideración al momento de redactar la ley aprobada anteayer- saludó la aprobación del Registro Público Nacional denominado “No llame” y consideró que “resultaba necesario contar con un Registro Nacional para evitar los posibles conflictos entre jurisdicciones y posibles abusos de las empresas de telefonía“. Además, destacó que “la iniciativa funciona bajo el concepto de que el receptor tiene derecho a manifestar su deseo de no seguir recibiendo las llamadas, y que ese deseo debe ser respetado“.