Luego de nueve años en un jury de enjuiciamiento, la defensa de Pedro Federico Hooft demostró claramente que las denuncias impetradas en su contra por violación de los derechos humanos eran completamente falsas. Los argumentos en su contra fueron pulverizados en el plenario, llevando a su reintegración al cargo de Juez por ocho votos a dos en el juicio político celebrado en La Plata. Ya el mismo día de conocido el fallo absolutorio de conductas denunciadas por violatorias de los derechos humanos, los liderados por el narco abogado Cesar Sivo iniciaban una nueva campaña fascista de escraches teniendo como instrumentadores a Eleonora Alais y dirigentes de la asociación judicial bonaerense de Mar del Plata.
En la jornada del 14 de Mayo aparecieron los “facho escrachadores”, que en la chirinada, en los papeles, fueron supuestamente convocados por HIJOS y otros organismos de Derechos Humanos; pero que en rigor de verdad actuaron impulsados por las autoridades de la Comisión Directiva de la Asociación Judicial Bonaerense MDP, que tuvieron un rol muy importante en la organización y difusión de sus acciones. Las autoridades del gremio de judiciales que jugaron fuerte fueron el Secretario General de la AJB Mariano Fernando Fernández (hijo de un militar, Prosecretario de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental y discípulo de Madina); el Secretario General Adjunto de la AJB Luís Alberto Agote (trabajador social del tribunal de menores); y el Sr. Eduardo Layús, empleado del Juzgado de Garantías N° 4 a cargo del juez Juan Francisco Tapia. Layús es un viejo organizador de escraches. Militaba en la agrupación “Avanzada” de la facultad de Derecho y fue la voz cantante en el escrache que le hicieron a Hooft hace unos años.
Un grupete mínimo que mete miedo. Mariano Fernández y Layús son los miembros del consejo directivo de la AJB que más se hicieron ver en el “acto” y ambos concurrieron con la anuencia de sus respectivos jefes (Madina, Dominella y Angulo en el caso de Fernández y Juan Tapia en el caso de Layús), pero obviamente sin pedir licencia por escrito para justificar la inasistencia a sus trabajos durante gran parte de la mañana.
Fernández gestionó autorización a la Presidencia de la Cámara Penal para ingresar al edificio central de Tribunales, lo cual le fue negado. Así mismo debe citarse la patética actitud de las autoridades judiciales que desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios integrado por Néstor Jesús Conti (Presidente), Carlos María Russo y Rodrigo Hernán Cataldo (vicepresidentes) se mantuvieron en silencio. Estos, en oportunidad de llevarse a cabo la elección de autoridades del Colegio mantuvieron una entrevista con las autoridades del gremio, quienes los interrogaron sobre el caso “Hooft”, en especial, cuál sería su postura al respecto en caso de ganar las elecciones. El silencio del colegio de magistrados ante este “escrache” hace pensar que negociaron el apoyo del gremio. Una actitud de temor reverencial gravosa en quienes deben dar garantías de vigencia de justicia en democracia.
Un párrafo aparte merece determinadas adhesiones por caso la del juez Juan Tapia, quien suscribió una nota de repudio al fallo dictado por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y apoyo al “acto” realizado. Otros que adhirieron fueron los abogados Eduardo Luís Andriotti Romanín y Jorge Casales, militante de la JUP durante los años ‘70 y padre de Matías Casales (actual titular de la Administración Punta Mogotes). Notable que personas formadas a derecho actúen de esta manera brutal y anti democrática.
Hay vientos de cambio, son muchos los magistrados y funcionarios que realizaron una abierta defensa a la persona de Hooft y criticaron muy duro a las autoridades del colegio. Se sabe que por este motivo ya presentó su renuncia como afiliado algún magistrado, y otros estarían en camino.
Fue también sorprendente la gran cantidad de afiliados al gremio de judiciales que se expresaron en contra del “acto” y manifestaron su apoyo a Hooft. Según ellos, tanto la decisión de apoyar el jury como de participar del escrache fue tomada unilateralmente por las autoridades del consejo directivo -en especial Fernández, Agote y Layús-, sin someter dichas decisiones a la votación de los afiliados. Nada nuevo, es práctica del “entrismo” setentista acceder a las organizaciones para apoderarse de las mismas. Facho escrachadores. Impunes aun.
